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Es vinculante, pero no hay un mecanismo de obligación, señala experto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó
ayer una sentencia que obliga al Estado mexicano a eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa de
su orden legal, incluso de la Constitución.
Se trata de la sentencia García Rodríguez y otro
vs. México, que concluyó que el Estado mexicano es responsable de una serie de
violaciones de derechos humanos de Daniel García y Reyes Alpízar.
Ambas personas estuvieron presas por más de 17 años,
sin una sentencia, acusadas del asesinato de María de los Ángeles Tamez,
exregidora de Atizapán, Estado de México, el 5 de septiembre de 2001.
Según la CoIDH, al arraigarlos y someterlos a prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano violó
sus derechos a la integridad y libertad personal, igualdad ante la ley,
garantías judiciales y protección judicial.
También les violó la presunción de inocencia y vulneró el
derecho de defensa a García Rodríguez, quien no tuvo abogado en las primeras
etapas de su detención; además, ambos fueron sometidos a coacción y tortura.
Por ello, la CoIDH obligó al Estado mexicano a realizar
acciones de reparación para el caso en particular, como concluir los
procedimientos penales e indemnizar a las víctimas.
También ordenó acciones generales. “El Estado (mexicano)
deberá dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas
al arraigo de naturaleza preprocesal (y) adecuar su ordenamiento jurídico
interno sobre prisión preventiva oficiosa”, dijo.
Agregó que el arraigo es una medida restrictiva que vulnera
los derechos a la libertad personal, a ser oído y a la presunción de inocencia,
y la prisión preventiva oficiosa deja a los jueces sin posibilidad de ejercer
un control sobre la pertinencia de su aplicación.
Experto: Es vinculante, pero...
Para Cristian Miguel Acosta, académico de la UNAM y
director del Seminario de Derechos Humanos en la Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, esta sentencia es histórica para el sistema jurídico
mexicano.
“Es un parteaguas, un cambio de paradigma para el sistema
jurídico, pero también para las libertades y protección de los derechos humanos
de todas y todos”, explicó a El Financiero.
Es importante, dijo, porque, por primera vez, la CoIDH
ordena una reforma al sistema constitucional mexicano, y exige eliminar del
ordenamiento jurídico el arraigo y la prisión preventiva oficiosa: “Es la
primera vez que se pone a la Constitución frente a los tratados internacional
de los que es parte México”.
Señaló que la determinación es vinculante para el Estado
mexicano, pese a lo cual no hay mecanismo que garantice su acato. “No hay un
mecanismo de obligación, todo se da bajo el principio de buena fe”, dijo
Recordó que el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, ha dicho que en México no hay ley superior que la
Constitución, y que no puede venir un tribunal extranjero a obligarnos a
aplicar su resolución, “por lo que se ve difícil el acatamiento de la sentencia”.
Pese a ello, agregó, no es imposible el cambio, ya que los
jueces comenzaron a aplicarlo y los abogados deben exigir su aplicación.
Otros connotados abogados celebraron la sentencia. José
Ramón Cossío, exministro de la Corte, consideró en Twitter que se trata de un
gran avance para la plena vigencia de los derechos humanos.
El constitucionalista Miguel Carbonell estimó que la
sentencia debe generar profundos cambios en el sistema de justicia penal.
Respeta derechos, dice
El Estado mexicano analizará con atención la sentencia
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de
cumplir sus disposiciones, las cuales ordenan a México eliminar el arraigo y
modificar la ley respecto a la prisión preventiva oficiosa, aseguró el gobierno
federal.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y
de Relaciones Exteriores anunciaron, además, que asegurarán el mayor respeto a
las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
conforme a los compromisos internacionales.
Pusieron énfasis en que México reitera su compromiso con el
respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y con los instrumentos
y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal.
“La determinación de la Corte Interamericana servirá para
orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las
personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios”, afirmaron.
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