El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra los cambios hechos a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocidas como plan B electoral.
Además, el ministro otorgó una suspensión para que no sea
aplicado en los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila.
De acuerdo con un comunicado del alto tribunal, esta medida
fue tomada debido a que estos cambios se realizaron durante el periodo de veda,
en el cual la Constitución especifica que no se pueden realizar cambios en
materia electoral.
Además, Pérez Dayán señaló que “de no concederse (la
suspensión), la aplicación (de las normas impugnadas) podría causar
afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales
implicados en éste”.
Estas normas fueron impugnadas por el PAN, el PRI, el PRD y
MC, al igual que miembros del Congreso de la Unión.
Con esta decisión, la Suprema Corte deberá analizar las
acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023,
43/2023 Y 47/2023, mismas que fueron presentadas en enero de este año.
En diciembre fueron aprobadas la LGCS y la Ley General de
Responsabilidades a los Servidores Públicos, que son parte de las reformas con
las que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca modificar las leyes
electorales en el país.
Con los cambios a estas leyes, el Presidente buscó
establecer que los estados y municipios no pueden dedicar más de 0.1 por ciento
de su presupuesto anual a su programa de comunicación.
Además, los cambios hechos a esta norma modificaron el
concepto de propaganda gubernamental, permitiendo que los funcionarios públicos
expresen opiniones durante el proceso electoral sin ser sancionados.
Asimismo, el decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) a finales de diciembre señala que el gasto público en
propaganda gubernamental se deberá apegar a la austeridad que ha manejado la
4T.
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