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‘Supondría una carga adicional’ de más de 8 mil millones de pesos y ‘subordinación de autoridades electorales’, señalan.
La reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel
López Obrador no sólo “supondría una carga adicional” de más de 8 mil millones
de pesos, sino, sobre todo, “la captura” y “subordinación de las autoridades
electorales al gobierno en turno”, concluyó un estudio del Instituto Belisario
Domínguez (IBD) del Senado.
De acuerdo con el análisis, la propuesta de elegir a
consejeros y magistrados electorales cada seis años mediante el voto directo de
la ciudadanía es contradictoria con la premisa de la austeridad que impulsa la
propia iniciativa, toda vez que implicaría destinar más recursos a una nueva
contienda de alcance nacional.
Ello supone –refiere el documento titulado Ventajas,
costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en
México, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro– un proceso
electoral federal adicional, al cual habría que destinar recursos económicos,
prerrogativas y tiempos en radio y televisión, monitoreo de medios, labores de
fiscalización, entre otras muchas actividades.
Se precisa que la realización de las elecciones en nuestro
país se lleva a cabo observando ciertas condiciones y cumpliendo obligaciones
específicas señaladas por la ley, la cual estipula, entre otras cosas, el
número de casillas a instalar, la cantidad de boletas a imprimir, la
capacitación de funcionarios, sólo por nombrar algunas.
“Si tomamos como parámetro el costo de los procesos
electorales de los últimos años, la elección de consejeros y magistrados
tendría un costo superior a 8 mil millones de pesos que supondría una carga
adicional para el sistema electoral mexicano”, se refiere.
El estudio pone énfasis en que la iniciativa, enviada al
Congreso por el Ejecutivo el 26 de abril de este año, conlleva un “mayor
riesgo”, que es “la captura” de las autoridades electorales por parte del
gobierno en turno.
“Si hoy en día se llevaran a cabo las elecciones para
integrar las autoridades electorales, es muy probable que los consejeros y
magistrados más votados serían los propuestos por el presidente de la
República, considerando la exposición mediática y popularidad que tiene esta
figura, las mayorías con las que cuenta en las cámaras del Congreso y el hecho
de que su partido gobierna en 20 de las 32 entidades federativas”, se advierte.
Así, en el estudio se subraya que la elección popular de las
consejerías y magistraturas electorales entraña riesgos importantes como el
desempeño parcial y sesgado de las autoridades electorales, la preservación de
cuotas partidistas y, especialmente, la subordinación de las autoridades.
Por lo tanto, se concluye que, de avanzar esta propuesta, se
abriría un camino incierto para otras instituciones del Estado, pues el mismo
argumento democrático se podría proponer en el futuro en órganos técnicos como
el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, “poniendo en riesgo la estabilidad
económica y política del país”.
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