La Unión de Gaseros del Valle de México suspendió este miércoles su paro laboral, apenas un día después de iniciarlo tras los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los amenazó con denuncias.
El presidente de la agrupación y del Gremio Gasero Nacional,
José Adrián Rodríguez, declaró a medios que se reanudó la venta y distribución
de gas LP (licuado de petróleo) en la Ciudad de México y Estado de México desde
las 14:00 horas de este miércoles.
“Ya quedó cesado (el paro), estamos ya en actividades, se
han restablecido las actividades para dar el suministro adecuadamente”, sostuvo
Rodríguez en una breve conferencia.
Los distribuidores de gas del centro de México habían
iniciado la protesta el martes en medio de un creciente conflicto con el
gobierno porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) limitó los precios
máximos para vender gas LP a los usuarios.
Además, los gaseros han cuestionado la decisión de López
Obrador de crear una nueva empresa estatal, llamada Gas Bienestar, para
distribuir el combustible a “precios justos”.
Tras estallar la suspensión, el mandatario amenazó con
denuncias penales a quienes interrumpieran el suministro.
“Se está analizando la posibilidad de presentar denuncias en
contra de quienes se nieguen a cumplir con su obligación de prestar el servicio
de un insumo fundamental para la gente, desde distribuidores hasta comisionistas”,
comentó en su rueda de prensa matutina.
Los gaseros afirmaron que están dispuestos al diálogo con el
gobierno y que el paro está interrumpido hasta entonces.
López Obrador también ofreció “garantías de seguridad” a los
distribuidores de gas que decidan operar, los cuales estarán resguardados por
la Guardia Nacional, anunció.
En la Ciudad de México, según la regulación de precios de la
CRE, ningún usuario deberá pagar más de 11.52 pesos por litro para tanques
estacionarios y 21.33 pesos por kilogramo, cuando se trate de cilindros
metálicos.
A inicios de julio, López Obrador anunció la creación una
firma estatal llamada Gas Bienestar, que prevé suministrar este combustible a
un “precio justo”.
Desde que llegó al poder en 2018, López Obrador tiene una
encrucijada con las firmas energética privadas, a las que acusa, entre otros
asuntos, de haber “saqueado” a las estatales Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
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