Entre los estados que se han visto beneficiados con la operación de esta red, encabezada por Rojkind Orleansky, se encuentra Jalisco, Estado de México y Chiapas
Luego del escándalo que desató la valuación del costo final
del fallido aeropuerto de Texcoco, el equipo de auditores de David
Colmenares comparece este lunes ante la Cámara de Diputados, donde les
espera una serie de cuestionamientos relacionados con posibles actos de
corrupción cometidos por su Auditor Especial de Seguimiento, Informes e
Investigación, Isaac Rojkind Orleansky.
A las oficinas de Dulce María Sauri Riancho, presidenta
de la Mesa Directiva de San Lázaro, han llegado diversas denuncias sobre una
red de funcionarios y exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) que, a través de un despacho privado con sede en Jalisco, ofrece a los
gobiernos estatales solventar las irregularidades observadas por el órgano
fiscalizador, según la denuncia a la tuvo acceso esta columna.
Entre los estados que se han visto beneficiados con la
operación de esta red, encabezada por Rojkind Orleansky, se encuentra
precisamente Jalisco, Estado de México y Chiapas; este último, por cierto, un
caso extremo en el que la ASF de Colmenares dio “carpetazo” desde la Auditoría
Especial de Seguimiento a una investigación sobre el destino de casi 700
millones que se ejercieron de manera irregular en el gobierno de Manuel
Velasco.
Sobre este caso abundan versiones de diversas fuentes con
respecto a una reunión que, en las primeras semanas de 2018, sostuvieron Manuel
Velasco, Ricardo Monreal y el entonces aspirante a Auditor Superior
de la Federación, David Colmenares, en la que el exgobernador de Chiapas
ofreció el apoyo del Partido Verde para impulsar la designación del oaxaqueño,
a cambio de solventar las irregularidades que se presentaran en la
entidad.
El encargado de solventar estos encargos es Isaac Rojkind,
justo como se lee en las denuncias que se dirigen también al diputado Mario Alberto
Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de la ASG y David
Villanueva Lomelí, Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión
de Vigilancia.
El diputado Rodríguez Carrillo es representante de Jalisco
por el partido Movimiento Ciudadano, lo que se traduce en que forma parte del
equipo de trabajo del gobernador Enrique Alfaro; es decir, tampoco se
encuentra en una situación muy cómoda si se toma en cuenta que uno de los
gobiernos estatales denunciados por obtener beneficios de la actual Auditoría
es el de la entidad de occidente.
Las pistas apuntan a un fenómeno de corrupción en la
Auditoría que rebasa los simples negocios de un funcionario; aunque, por
supuesto, también hay indicios de que el Auditor de Seguimiento, como dice la
denuncia, pudiera estar obteniendo beneficios personales de su posición, en
alianza con otros exfuncionarios de la ASF también denunciados como el
exdirector de Auditoría Armando García Solís.
Destaca, por ejemplo, que Rojkind Orleansky es accionista
mayoritario de una compañía denominada Corporación Toolmax SA. de CV., de la
cual no existe registro en las declaraciones patrimoniales de funcionarios de
la ASF, y en la que tiene sociedad con el actual titular de la Unidad Jurídica
de Agroasemex, Ernesto Escobedo Bustos, y otro exfuncionario de la
ASF, Francisco Javier Valadez Luna.
Tanto Escobedo Bustos como Isaac Rojkind fueron funcionarios
de la Sedesol durante los gobiernos panistas y priístas. Fundaron su compañía
en octubre de 2007 con uno de los objetos sociales más amplios que se pueden
encontrar en el Registro Público lo que significa que la sociedad prácticamente
puede desarrollar todas las actividades financieras y comerciales permitidas a
los privados, con la única limitante de no participar en las actividades
reservadas para el Estado Mexicano.
Sincronía Médica Aplicada, privilegiada también en la 4T
La empresa Sincronía Médica Aplicada, que dirige Nelly
Guevara Garibay, fue una de las consentidas del gobierno de Enrique Peña
Nieto y ahora con la 4T sigue ganando contratos multimillonarios.
En la administración pasada obtuvo contratos por más de mil
300 millones de pesos a través de licitaciones y adjudicaciones directas.
En el gobierno de la 4T ha obtenido importantes contratos
con la Sedena y el ISSSTE, presumiblemente gracias al apoyo de funcionarios que
se encuentran enquistados desde el sexenio anterior en estas dependencias, y a
la influencia que tiene su principal operador, José López Rodríguez,
cercano al exdirector del ISSSTE, José Reyes Baeza.
Pepe López, como se le conoce en el ambiente de las
licitaciones públicas, ayudó a Nelly Guevara para que su empresa SIMA ganara en
2019 el contrato para proveer los Servicios de Abastecimiento de Insumos de
Imagenología y Radiología Invasiva, así como los Servicios de Abastecimiento de
Materiales e Insumos de Hemodinamia a la Secretaría de la Defensa Nacional, a
cargo del General Luis Cresencio Sandoval, pese a ser la tercera oferta
más cara. El contrato vence en junio de este año, por lo que se espera que
López Rodríguez mueva sus influencias para que la empresa de Guevara Garibay
sea la ganadora nuevamente.
Sincronía Médica Aplicada tiene abiertas carpetas de
investigación por irregularidades detectadas en sus contratos. La empresa ha
suministrado servicios de hemodinamia en estados como Veracruz, Chihuahua y
Puebla.
Alerta por licitación en Chihuahua
A propósito de Chihuahua, quien volvió a prender las alertas
al hacer acto de presencia para una licitación del DIF estatal, el proceso
DIF/LP/04/2021, es el polémico empresario Jaime Galván Guerrero, ahora
mediante la empresa Viva Alimentos SA. de CV., que pertenece a Alfonso
Villanueva Valencia y a Alfonso Villanueva Villagómez, al
presentar la oferta más barata de poco más de 169 millones de pesos para la
adquisición de insumos alimentarios.
Y es que, al parecer el fallo que se dará a conocer mañana
martes se inclinará por Jaime Galván, quien fuera uno de los personajes
inmiscuidos en la red de corrupción del exgobernador de Chihuahua, César,
quien se fugó de la justicia mexicana luego de que en octubre de 2019 una jueza
emitiera una orden de arresto en su contra y que fue detenido en julio del año
pasado en Miami.
En el sexenio de Duarte, Galván obtuvo contratos por más de
760 millones de pesos y posteriormente fue uno de los principales proveedores
de Alejandro Murat, en Oaxaca, con negocios por un valor casi tres veces
más grande. La empresa dejó de concursar en Chihuahua luego de que el actual
gobernador, Javier Corral, investigara a exfuncionarios de Duarte y firmas
que colaboraron en su red.
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