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domingo, 21 de febrero de 2021

Primer año de AMLO, con irregularidades por 67 mmdp: ASF

 

En un total de mil 358 auditorías entregadas a la Cámara de Diputados se incluyen fiscalizaciones a los principales programas, proyectos y mega obras del gobierno de la Cuarta Transformación

    




La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, donde se hicieron observaciones por 67 mil 498 millones de pesos.

En un evento vía remota, el auditor David Colmenares Páramo hizo la tercera entrega de los Informes Individuales y el general para el año 2019 ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, donde señaló que hizo un total de mil 358 auditorías, donde se incluyen fiscalizaciones a los principales programas, proyectos y mega obras del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.

El auditor precisó que de la totalidad de auditorías practicadas al rubro de gasto federalizado fueron 991; para desarrollo económico, 175; para desarrollo social, 114, y las de gobierno sumaron 78 en total.

El mayor monto observado, de 55 mil 38.3 millones de pesos, de este importe fue del gasto federalizado, que es el que el gobierno federal transfiere a Estados y municipios, mientras que el resto correspondió al gasto en desarrollo social y de gobierno.

De lo anterior, 36 mil 748.9 millones de pesos, es decir 66.8%, correspondieron al gasto federalizado programable; 12 mil 235.4 millones, 22.2%, a las participaciones federales, y 6 mil 54.0 millones, 11.0%, a las auditorías realizadas en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM).

De esta cifra, 26 mil 757.2 millones (48%) fueron debido a falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; 7 mil 468.9 millones a causa de transferencias de recursos a otras cuentas bancarias, y 3 mil 434.3 millones por pagos improcedentes o en exceso.

Además, 3 mil 405 millones por pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal; en tanto, 2 mil 475.4 millones fueron por recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, y mil 207.6 millones a recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores.

Mientras tanto, mil 192.9 millones fueron debido a recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa; además, 609.2 millones en conceptos no autorizados por la dependencia normativa, y a otro tipo de irregularidades se sumó un monto de 8 mil 487.8.

El resto del monto en observaciones fue hecho al gasto ejercido en el rubro de desarrollo económico, el cual audita a las secretarías de Energía (Sener), de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Agricultura, del Trabajo y de Turismo, y a las empresas productivas del Estado.

La ASF en su informe señala que en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019 se llevaron a cabo 4 mil 769 acciones, entre las cuales se emitieron 2 mil 606 recomendaciones, siendo 54.6% del total de las acciones emprendidas, además de mil 25 (21.5%) promociones de Responsabilidades Administrativa Sancionatoria, 926 (19.4%) pliegos de observaciones y 139 (2.9%) solicitudes de aclaración; además, se realizaron 73 (1.5%) promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

Por otra parte, la ASF indicó en el Informe General que las recuperaciones operadas de recursos públicos que son reintegrados por los entes auditados como resultado de la emisión de acciones y observaciones de auditoría, con efectos económicos, alcanzaron 861 millones de pesos. Cabe mencionar que las cifras de las recuperaciones podrían incrementarse debido a la existencia de Pliegos de Observaciones pendientes de solventar.

Colmenares Páramo precisó que de la Cuenta Pública 2019 se iniciaron mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra de servidores públicos a causa de las irregularidades detectadas.

 

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