Fueron interpuestos en la Suprema Corte por la dirigencia nacional y estatal del PAN, PRD, PVEM, de Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario y el PT.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), dio entrada a las seis acciones de inconstitucionalidad que
presentaron igual número de partidos políticos en contra de la reducción
de regidores y síndicos que aprobó la Legislatura mexiquense para las
siguientes administraciones municipales.
Con esto, los magistrados entran al estudio
de fondo de los recursos interpuestos, sin plazo para resolver, pero se espera
que sea este año para que la decisión no interfiera con el registro de
planillas para las elecciones de 2021 que se estaría llevando a cabo en el mes
de marzo, aproximadamente.
Los recursos fueron interpuestos entre el
29 y 30 de octubre, por la dirigencia nacional y estatal del PAN, por los
dirigentes del PRD, del PVEM, de Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario y en
el último momento el PT decidió impugnar, aunque en el Congreso parte de
ellos avalaron los cambios, por considerar que resultan afectados al no tener
oportunidad de hacer presencia en todos los ayuntamientos.
El argumento en todas las acciones de
inconstitucionalidad es que esta reforma atenta contra las minorías y los
principios democráticos; mientras, Morena sostiene que no son necesarios
Cabildos de 13 o 15 integrantes, menos cuando sólo representan gasto y
obstaculizan el trabajo.
Morena, quien promovió la iniciativa del
senador Higinio Martínez, sostuvo que no se deja fuera a las minorías
porque en cada ayuntamiento tendrán presencia al menos dos partidos perdedores,
pero los partidos señalan que es necesario que se dé oportunidad a más fuerzas
emergentes que poco a poco van creciendo.
Al manejar los mismos argumentos e impugnar
el mismo hecho, los seis expedientes fueron acumulados en uno. La Corte ya
notificó al Congreso y dio 10 días para que la Legislatura exprese lo que a su
derecho convenga a manera de argumentos, para que los ministros puedan tomar
alguna determinación.
Esta no es la primera vez que los mismos
legisladores, partidos o incluso la Comisión de Derechos Humanos, se
inconforman por una decisión de la Legislatura, eso ya ocurrió con la llamada
Ley Atenco, entre otras normas, donde sí se ha logrado hacer modificaciones
parciales.
Los cambios constitucionales y a la Ley
Orgánica fueron aprobados por los diputados de Morena, PRI, independientes,
Encuentro Social y parte del PT. Luego fueron avalados por los ayuntamientos y
el Ejecutivo estatal aceptó publicarlos en todos sus términos, por lo cual
actualmente está en vigor.
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