Toluca, Méx., a 10 de noviembre de 2020. La Legislatura local aprobó por unanimidad, exigir al gobierno estatal su intervención urgente para atender los problemas de salud, ambientales y de vivienda, que enfrentan vecinos del Conjunto Urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, ocasionados por un relleno sanitario.
En su intervención en tribuna el diputado Max Agustín Correa Hernández, explicó que los vecinos de esta comunidad padecen graves problemas en sus viviendas, por hundimientos, deslaves, fracturas estructurales, además de complicaciones de salud por colindar con el relleno sanitario de San José Huilango y con el centro de tratamiento de residuos sólidos denominado Santa María Tianguistenco.
En el conjunto urbano, existen 12 escuelas, más 11 mil casas de interés social, donde habitan actualmente más de 45 mil personas que adquirieron viviendas con INFONAVIT, FOVISSSTE e ISSFAM, pero hoy enfrentan problemas de salud por gases emitidos por la basura o químicos vertidos en el relleno.
Los hogares de interés social fueron construidos por empresas como Profusa Cuautitlán, S.A. de C.V., Desarrollo Metropolitano y CAME, y están en un riesgo latente de deslavarse junto con el lomerío en el que están asentadas las viviendas, porque el suelo debajo de las casas es arcilloso, y podría desmoronarse.
“Estos estragos se deben a la mala planeación de los asentamientos habitacionales por las constructoras privadas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las empresas desarrolladoras, pero posiblemente por el contubernio con autoridades estatales y municipales que en su momento facilitaron las condiciones para la obtención de permisos de construcción por allá del año 1999”, sostuvo Correa Hernández.
El conjunto fue autorizado en terreno no apto para la construcción de vivienda por cuatro factores: inestabilidad del suelo, ocupación de lomerío, ubicación cercana a dos tiraderos de basura, construcción con mala calidad de materiales y falta de servicios básicos.
Por más de tres lustros, vecinos han emprendido batallas legales para buscar justicia y respeto a sus derechos humanos, han obtenido resoluciones de autoridades federales donde reconocen sus derechos a una vivienda digna y decorosa, al acceso a la salud y a un medio ambiente sano; pero las autoridades estatales, se han limitado a echarle la culpa al gobierno municipal, pese a que estudios técnicos determinan un latente riesgo en las viviendas.
Los vecinos han interpuesto más de 15 juicios administrativos, amparos y denuncias penales, y que han ganado, a excepción de la materia penal, donde la Fiscalía ha desechado los hechos constitutivos de delito, de servidores públicos que en su momento otorgaron permisos de construcción o bien de particulares por incumplir las normas mínimas de construcción.
Pese a la exigencia para exigir sanciones contra las constructoras, la autoridad estatal se limita a decir que no son competentes o simplemente no quieren hacer nada, pues autorizaron la construcción del conjunto urbano, y por lo tanto, implica revocar sus propios acuerdos.
La grave situación de este conjunto incluso ha sido tema de tesis de la UNAM, IPN, UACM, Universidad Iberoamericana y la Universidad Hafencity de Hamburgo Alemania, que han documentado el grave riesgo en que viven los habitantes de esta zona.
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