Presos, prófugos o vilipendiados, varios mandatarios representan una de las etapas más oscuras de la vida política
Pero con el paso del tiempo, la realidad se
impuso dejando en claro que las viejas prácticas no habían quedado atrás, sino
que se habían perfeccionado.
Roberto Sandoval, César Duarte, Javier
Duarte y Roberto Borge, dejaron de ser el ejemplo de un tricolor renovado, para
dejar un legado de excesos, corrupción e impunidad. A la lista se han sumado
otros ex gobernadores, algunos de los cuales se encuentran presos, mientras que
otros aún permanecen prófugos o son investigados.
Desde el inicio y hasta el final de su
sexenio, Enrique Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos
casos lo apuntaron de manera directa, pero en otros, fue señalado de conocer
las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más
cercanos y no tomar medidas.
Roberto Sandoval: la sombra del narco
Fue gobernador de Nayarit de 2011 a 2017 y
durante su administración, la violencia e inseguridad vinculada al crimen
organizado escalaron de una manera dramática, por lo que al término de su
mandato se hablaba de que tenía vínculos con el narcotráfico.
Hoy es buscado en 194 países luego de que
este viernes 13 de noviembre, un juez de control de Nayarit emitió una
orden de aprehensión acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito,
peculado y ejercicio indebido de funciones. Pero no es la primera vez que
recaen señalamientos sobre el exgobernador.
Desde el 17 de mayo de 2019, el
gobierno de Estados Unidos lo acusó de nexos con el narco en México, al haber
recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y congeló las
cuentas que el ex mandatario estatal tenía en la Unión Americana.
Es por eso que el pasado 28 de
febrero, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo,
informó que el Departamento del Tesoro incluyó al ex gobernador de Nayarit, en
la lista de personas que cometieron actos de corrupción, que en su caso fue por
los nexos con grupos delincuenciales de narcotráfico. Además, señaló que ni
Sandoval Castañeda ni su familia pueden ingresar a ese país.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció que mantiene bloqueadas
42 cuentas bancarias del ex gobernador de extracción priista, por sus presuntos
vínculos con el Cártel Jalisco.
Algunos de sus más cercanos colaboradores
como el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido el 27 de marzo de
2017, también fue acusado de narcotráfico. Su arresto ocurrió en San Diego
California cuando aún era fiscal en funciones. Ha sido señalado por sus
presuntos nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, así como por despojo
de tierras, amenazas, extorsión, feminicidio, secuestro y desapariciones
forzadas.
Las autoridades mexicanas acusan a
Sandoval, de enriquecimiento ilícito, por lo que en el 2018, la extinta
Procuraduría General de la República le aseguró al menos 5 propiedades, entre
las que se encuentra La Cantera, una finca de 40 mil metros cuadrados.
También está acusado de uso indebido de
funciones por haber condicionado la entrega del Programa de Seguro Alimentario
(Prosa) a quienes no votaran por el Revolucionario Institucional en la
elección, así como del desvío de recursos para beneficiar a candidatos del PRI
en las elecciones de 2018.
Investigaciones periodísticas revelaron
que, además, Roberto Sandoval construyó una red de empresas con familiares,
socios y colaboradores que van desde la venta de cárnicos, ganadería,
agricultura crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda,
calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos hasta actividades con fines
asistenciales.
César Duarte, el gobernador que dejó en la
ruina a Chihuahua
César Duarte Jáquez, gobernó Chihuahua de
2010-2016. Durante su administración, dejó al estado en la bancarrota luego
de perpetrar el desvío y disposición indebida de 1,200 millones de pesos, además
de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias
campañas del PRI en 2015.
Aunado a esto, investigaciones
periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. Era
afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos, así como ranchos
con búfalos y otros animales exóticos.
Pero su ambición no llegó ahí y obtuvo su
propio banco. Fue apoyado por el entonces secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, quien autorizó que César Duarte fuera el accionista mayoritario del
Banco Unión Progreso de Chihuahua.
En 2014, se detectaron 342 transferencias
del gobierno del estado de Chihuahua hacia el Banco Unión Progreso, donde se
contabilizaron al menos 80,000 millones de pesos en pagos que salieron desde la
Secretaría de Hacienda. Al término de su gobierno, Duarte Jáquez se esfumó.
Fue al inicio de la administración del
actual gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra
César Duarte, al denunciar que había un desfalco millonario a las arcas públicas.
En 2017 se emitió una orden de aprehensión
contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil
millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6,000 millones de
pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales
del PRI en 2015, lo cual fue conocido como la “Operación Safiro” (con
“s”) en el cual seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal
gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de
pesos a 12 empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.
La “Operación Safiro” quedó al descubierto
tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y luego
con la captura de Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de
Chihuahua, se supieron más detalles.
Yáñez declaró ante el Ministerio Público
que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido
explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues
“estaban blindadas por parte del SAT (apéndice de la SHCP encabezada por Luis
Videgaray) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había
manejado el desvío de fondos, ya que también había ocurrido en otras entidades
con una mecánica similar”. Yáñez Herrera fue sentenciado a sólo cuatro años de
prisión por el delito de desvío de recursos.
El 25 de enero de 2019, la Comisión
partidaria del PRI decidió expulsarlo de sus filas, pero fue hasta el 12 de
junio de ese año que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF).
Duarte Jáquez permaneció prófugo durante
más de tres años hasta que el pasado 8 de julio fue detenido por autoridades
estadounidenses en el estado de Florida. Desde ese momento a la fecha, el
exmandatario estatal ha intentado evitar su extradición a México.
Javier Duarte, el rostro de la corrupción
Gobernó Veracruz del 1 de diciembre del
2010 al 12 de octubre del 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción
y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado.
Cuando aún estaba en funciones, fue
señalado de encabezar una compleja estrategia para lograr el desvío de 233
millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma que, a su
vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes
prestanombres.
Luego de permanecer medio año prófugo de la
justicia mexicana, Duarte de Ochoa fue detenido en un hotel de lujo
ubicado en Guatemala el 16 de abril de 2017 acusado de los delitos de
lavado de dinero y asociación delictuosa, pero después la entonces Procuraduría
General de la República (PGR) le reclasificó el delito de delincuencia
organizada a enriquecimiento ilícito, que es menos grave.
En una entrevista otorgada al
periódico Reforma el 8 de julio de 2019, Duarte reveló que cuando aún
era presidente Enrique Peña Nieto, le regaló una suma de dinero (no
precisó cifras) para ayudarlo porque tenía “cargos de conciencia” por la
persecución que padecía.
Javier Duarte aseguró que con ese
mismo dinero, sobornó al ex encargado de la extinta Procuraduría General de la
República (PGR), Alberto Elías Beltrán, para que dejaran en paz a su familia y
le reclasificaran el delito de delincuencia organizada.
Durante una audiencia, Duarte declaró
que su renuncia al gobierno del estado de Veracruz y su posterior huida a
Guatemala, fueron por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto. La orden
habría llegado a través del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, quien habría arreglado una entrevista con el periodista Carlos
Loret de Mola para simular que pediría su renuncia.
“Fue una negociación (la captura), en donde
me dijeron ‘te tienes que entregar antes de la elección del Estado de México,
porque de lo contrario no va a funcionar. Y a cambio dejamos a tu familia en
paz y tú te entregas’, dijo Duarte en una entrevista telefónica a Ciro Gómez
Leyva el pasado 9 de julio de 2019.
Pese a que ha interpuesto varios amparos,
el ex gobernador veracruzano permanece preso en el Reclusorio Norte de la
capital del país. En mayo de 2020, una juez confirmó la sentencia de
Duarte de 9 años de prisión, pero ordenó regresarle 40 inmuebles que se le
habían decomisado.
El pasado 8 de noviembre, Javier
Duarte se dijo dispuesto a declarar en contra Peña Nieto. Duarte de
Ochoa aseguró que el exmandatario sí recibió recursos para su campaña
presidencial en 2012, por parte de la empresa brasileña Odebrecht, por lo
que se dijo dispuesto a declarar “lo que le consta” sin buscar un beneficio o
criterio de oportunidad.
Roberto Borge Angulo, el amante de los
lujos, las fiestas y la farándula
Fue gobernador de Quintana Roo del 2011 al
2016 y en poco tiempo, pasó de ser uno de los políticos más jóvenes y con
mayor proyección del PRI (tenía 31 años cuando llegó a la
gubernatura), a ser uno de los políticos más señalados.
Al término de su administración, se
realizaron múltiples acusaciones que lo involucraban en la venta ilegal
del patrimonio del estado, del quebranto a las arcas estatales por 30 mil
millones de pesos, despojos a particulares y violaciones a los derechos
humanos.
Durante su administración, que se caracterizó
por los lujos, fiestas y viajes; se permitió el desmonte en la zona de
manglares del Malecón Tajama. Para justificar esta acción, el mismo Borge
dijo que el Fondo de Coordinación al Turismo junto con la Semarnat, habían
asegurado y resguardado la flora y fauna de la zona, lo cual era mentira y todo
derivó en un desastre ecológico. Pero eso no es todo, también fue señalado
de haber elevado el endeudamiento del estado por más de 22 mil millones de
pesos.
Luego de permanecer varios meses
prófugo, Roberto Borge fue detenido el 4 de junio de 2017 en Panamá, bajo
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de
dinero) y la supuesta venta irregular de terrenos patrimonio del estado a
presuntos prestanombres.
El 4 de enero de 2018 fue extraditado a
México para enfrentar los delitos de lavado de dinero, peculado,
aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la administración pública. Al
día siguiente fue recluido en el Centro federal de Rehabilitación Psicosocial
(Ceferepsi) en Morelos.
En mayo de 2019, un juez de control de
Chetumal le dictó dos años de prisión preventiva justificada y de dos meses por
el delito de aprovechamiento ilícito del poder en la subcontratación
presuntamente ilegal de aviones y helicópteros, por una suma de 590 millones de
pesos.
Por el delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, Roberto Borge aún no tiene dictada una sentencia, pero
de ser encontrado culpable, podría alcanzar una pena máxima de 15 años de
cárcel.
En febrero de 2020, el gobierno mexicano
sumó un nuevo delito a la acusación contra Roberto Borge: delincuencia
organizada.
Rodrigo Medina de la Cruz y el desfalco a
Nuevo León
Gobernó Nuevo León de 2009 a 2015. Durante
su mandato fue señalado de haber dado estímulos millonarios a la armadora
coreana de automóviles KIA, que habría derivado en un desfalco 3 mil millones
de pesos a las arcas estatales.
Tras la llegada de Jaime Rodríguez Calderón
“El Bronco” al gobierno estatal, se desarrolló la llamada “Operación
Tornado” en la que se dio a conocer el desfalco. Se aseguró que el priista
tenía 20 expedientes abiertos y de ser encontrado culpable en por lo menos uno,
el ex gobernador podría alcanzar hasta 12 años de prisión.
Pero dos años después (2017), Rodrigo
Medina libró todas las acusaciones e incluso fue absuelto de los delitos de
peculado y contra el patrimonio.
El juez determinó falta de elementos para
sustentar las acusaciones interpuestas por la administración de “El Bronco”.
Andrés Granier Melo y el desvío de recursos
en Tabasco
Fue gobernador de Tabasco de 2007 a
2012. Durante su administración, la entidad sufrió crisis relacionadas con
la carencia de recursos para pagos a proveedores, particularmente del sector
médico.
En 2013 la PGR lo acusó por la presunta
evasión fiscal, toda vez que el político tabasqueño no declaró ingresos en el
año 2009. Según las autoridades, solo reportó 2,552,207 pesos, cuando en
realidad obtuvo 10,357,979 pesos.
También estuvo envuelto en la polémica
luego de que declaró que tenía más de 1,000 camisas, 300 trajes, 400 pantalones
y 400 pares de zapatos. Posteriormente dijo que se trataron de “comentarios
lamentables” y aseguró que su guardarropa consistía solamente de 30 camisas y
unos 10 pares de zapatos.
Su detención se realizó a petición de la
fiscalía estatal que lo acusó del desvío de al menos 1,900 millones de pesos
que estaban destinados a programas sociales. Granier Melo ingresó en junio
de 2013 al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, en la Ciudad de México, pero
debido a su estado de salud, fue trasladado al Reclusorio de Tepepan, también
ubicado en la capital del país.
El 18 de enero de 2019, Granier Melo dejó
la Torre Médica de Tepepan para ser trasladado a su casa ubicada en la alcaldía
Coyoacán de la Ciudad de México, en donde estaría en prisión domiciliaria. En
mayo de ese mismo año, un juez le concedió la libertad absoluta,luego de
cumplir 71 años de edad.
Asumió como mandatario estatal el 15 de
febrero de 2012 y casi enseguida comenzaron los rumores de sus vínculos con los
narcotraficantes; a la par, su salud empezó a mermar. La inseguridad llegó
-en esos momentos- a sus índices más altos con enfrentamientos entre los
cárteles y el levantamiento de las autodefensas, que surgieron como grupos de
ciudadanos que tomaron las armas para defenderse.
En junio de 2014 fue dado a conocer un
video en el que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador, aparecía en una reunión
con Servando Gómez “La Tuta”, en ese momento líder de “Los Caballeros
Templarios” en donde supuestamente, analizaban la situación del estado.
Las imágenes mostraban al hijo del
gobernador tranquilo y bebiendo cerveza. Ahí “La Tuta” aseguraba que el diputado
federal priista, Alfredo Anaya Gudiño, lo buscó para explorar la posibilidad de
ser gobernador interino debido a que Fausto Vallejo se encontraba muy enfermo e
incluso, ya tenía múltiples trasplantes.
Tras la revelación del video, la renuncia
de Fausto Vallejo llegó 5 días después, argumentando problemas de salud.
Pero de acuerdo con documentación
confidencial de seguridad pública e inteligencia militar, revelaban que Rodrigo
Vallejo, alias “El Gerber”, comenzó a trabajar para distintos grupos criminales
de Michoacán desde muy joven, pero cobró más importancia cuando su padre ganó
la gubernatura.
“El
Gerber” aparecía en la estructura de las organizaciones criminales de “La
Empresa”, “La Familia Michoacana” y “Los Caballeros Templarios”, en las que
cumplía un papel importante para el lavado de dinero y como intermediario con
empresarios, comerciantes y políticos.
Con esas evidencias, la Procuraduría
General de la República (PGR, hoy FGR) detuvo ese mismo año a Rodrigo Vallejo,
pero poco después fue liberado, luego de que un juez consideró que las
autoridades habían violentado las “garantías individuales” del acusado y le
dictó una fianza de 7,000 pesos.
En 2015 se publicaron un nuevos videos de
Rodrigo con “La Tuta”. Vallejo dijo que la reunión se llevó a cabo porque “La
Tuta” lo amenazó de asesinarlo a él o a su hermano Fausto si no le reportaban
recursos de los negocios que emprendían.
Vallejo Mora fue nuevamente capturado por
el delito de delincuencia organizada y liberado en el mes de junio de ese año,
aunque la Fiscalía no pudo demostrar su responsabilidad.
El 26 de enero de 2019, Rodrigo Vallejo volvió
a ser detenido por agentes de la Fiscalía General de la República, en
cumplimentó con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad del
delito de delincuencia organizada. Fue trasladado al Centro Federal de
Readaptación Social Número 12 en Guanajuato.
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