El Presidente está dispuesto a dialogar y coordinarse con todos los estados en todas las materias': Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.
Con excepción del cese del subsecretario Hugo López-Gatell, el gobierno federal aceptó las propuestas de los gobernadores agrupados en la Alianza Federalista, como son la revisión de las participaciones federales para estados y municipios en el llamado pacto fiscal, así como un ajuste al semáforo epidemiológico para que tenga un carácter meramente orientativo.
Además, se anunció la creación de un grupo de trabajo para que las entidades puedan refinanciar su deuda a través de la banca de desarrollo; se planteó reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar seguridad, y se estableció un acuerdo para el regreso a clases con el secretario de Educación.
El encuentro comenzó desde el martes por la noche. Los gobernadores ‘rebeldes’ tomaron la narrativa en las redes sociales y se reunieron para ir en bloque; mientras que la Secretaría de Gobernación fue la encargada de adecuar el centro de convenciones potosino para el encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más de 400 elementos de seguridad, desde policías municipales hasta personal castrense fueron convocados para custodiar a 65 personas –31 mandatarios estatales (faltó Rutilio Escandón, de Chiapas), el Presidente, y representantes de la administración federal– en la LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
El evento fue bautizado por la secretaria Sánchez Cordero como “un día fundamental para el diálogo republicano y el federalismo”; fue el primer encuentro presencial desde el 21 de febrero y en el contexto de una “pandemia inédita”.
Cubrebocas de todo tipo, gel antibacterial y caretas de plástico desfilaron en el encuentro, que fue resultado de 17 jornadas de jaloneos de los gobernadores ante lo que consideraron un confuso manejo de la epidemia y una insuficiente estrategia para la recuperación económica.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue el encargado de dar el aval para abrir el denominado Pacto Fiscal y una Convención Nacional Hacendaria.
Según explicó Sánchez Cordero, el presidente López Obrador dijo que no es un “gobierno sectario”, por lo que se analizará la Ley de Coordinación Fiscal, con “objetividad, transparencia y diálogo”.
Lo anterior, dijo, a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que participan todos los secretarios de finanzas de las entidades y la Secretaría de Hacienda.
En cuanto a la entrega de las participaciones federales, añadió, se darán “sin el retraso de un solo día”.
También se dio a conocer que se utilizará la banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de los estados, se promoverán acuerdos para facilitar nuevos créditos y se le instruyó al titular de Banobras para atender la reestructuración las entidades que lo requieran.
“Básicamente el Presidente señaló su disposición de seguir dialogando y coordinándose con todos los estados en todas las materias, obras de infraestructura, salud, reestructuración económica, la transferencia a las participaciones federales a los estados de manera puntual sin condiciones y completas”, refirió la titular de Segob.
La petición de renuncia del subsecretario de Salud quedó fuera de la agenda. Cuestionado sobre esa exigencia, el gobernador y presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, confirmó que el tema no estuvo en la mesa.
Gobernadores reclaman falta de recursos y mal uso de la justicia
Los reclamos se dieron dentro y fuera del centro de convenciones de San Luis Potosí. Ayer, la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) detonó porras, pero también reproches.
El gobernador michoacano, Silvano Aureoles, tomó la batuta y no dejó pasar la molestia: “todos los municipios están en quiebra”, dijo, y acusó al gobierno de “centralista y discrecional”, postura a la que se sumaron los mandatarios que se agrupan en la Alianza Federalista.
El reclamo concreto: que el gobierno central se queda con 80 centavos y sólo 20 centavos se distribuyen a estados y municipios, “asunto que siempre se ha pospuesto”, y que se acordó revisar.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, señalado por presunto lavado de dinero, llevó a la mesa el uso político de la justicia.
Respondió a la denuncia presentada en su contra por el morenista Alejandro Rojas por supuesta complicidad con el crimen organizado.
“Con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”, acusó.
Otro gobernador molesto, fue el de Aguascalientes, Martín Orozco, quien reclamó “por pintar a su estado en rojo”, lo que perjudica las actividades económicas.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, manifestó su poco entusiasmo previo a la reunión con el mandatario, al destacar que “nunca han servido para nada”. Sin embargo, a su salida publicó un mensaje de unidad: “nos hemos unido no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar y ayudarle a México y a usted, señor Presidente”.
Mientras tanto, en las inmediaciones del centro de convenciones, aparecieron simpatizantes y opositores al presidente López Obrador.
Se vieron banderas de México y cartulinas con mensajes de apoyo, pero también se hicieron presentes integrantes del llamado Frente Nacional Antiamlo (Frena), que circularon en automóviles con mensajes de rechazo. Sin embargo, a pesar de que se habían convocado cuatro horas de manifestación, antes de la llegada del Presidente, decidieron marcharse.
Finalmente, aparecieron habitantes de Delicias y Camargo, Chihuahua, quienes se trasladaron en dos autobuses para intentar tener un encuentro con el Presidente, sin éxito alguno.
Semáforo, sólo para orientar, acuerdan
Dentro de ocho días, el semáforo epidemiológico para el regreso de actividades económicas y sociales tendrá nuevos lineamientos técnicos, acordados desde el lunes pasado, y dado a conocer ayer en la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gabinete federal.
Será un semáforo quincenal, con una naturaleza orientadora, según explicó Juan Manuel Carreras, presidente en turno de la Conago y gobernador de San Luis Potosí.
“Se orientará fundamentalmente a medir los riesgos como un referente indicativo, es decir, se transitará a una naturaleza orientadora con la participación de todos los estados”, expuso.
Además, se han implementado seis nuevos indicadores para el manejo y cambio de color del semáforo.
De acuerdo con la explicación del subsecretario Hugo López-Gatell, se tomarán en cuenta indicadores relacionados con la intensidad epidémica, “para saber que tan alta o baja está la incidencia”, la hospitalización, además de la mortalidad.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los gobernadores para realizar una serie de acuerdos ante la pandemia de COVID-19 y la recuperación económica. El semáforo epidemiológico era un tema pendiente de revisar, pues se convirtió en un punto de discordia entre la federación y las entidades federativas.
“El semáforo está reforzado, hemos incorporado un indicador de uso en la epidemiología matemática que es el número básico de reproducción o número de reproducción en el tiempo”, agregó.
Ese semáforo permitirá a las entidades identificar cuáles son las actividades económicas de menor riesgo y mejor utilidad social.
No hay comentarios :
Publicar un comentario