Darío Celis
Desde su llegada al gobierno, la 4T decidió dar por concluido el programa de conexión eMéxico, creado en la administración de Vicente Fox y continuado en las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El primer paso de los pupilos de Andrés Manuel López Obrador fue extinguir el fideicomiso 2058 de donde salían los recursos para pagar a los cuatro operadores que daban el servicio de conexión a las comunidades.
Estamos hablando de StarGo de José Aguirre con 10 mil puntos de acceso, Elara de Jorge Villarreal y el fondo Northgate Capital que lleva Gabriel Mizrahi con mil 500 puntos, AI Telecom de Orlando Castillo con 300 puntos y Ubix de Sebastián Monterrubio con 200 puntos.
Ayer le comenté que los encargados de la Coordinación de Estrategia Digital de Presidencia, Emiliano Calderón y David Pantoja, se reunieron el martes con los representantes de dichas empresas.
El objetivo fue ponerse de acuerdo en la ruta de salida para cancelar los contratos. Los funcionarios federales reconocieron que tienen un adeudo que buscan pagar, según dijeron, en un mes aproximadamente.
El punto es que por cada peso que deben pretenderían liquidar 30 centavos, lo que resulta inaceptable, de entrada, para los proveedores, que no descartan demandar. Son alrededor de 800 millones de pesos.
Las demandas contra el gobierno incluso podrían irse a tribunales internacionales porque los operadores tienen contratos con vigencia aún de 12 meses con proveedores extranjeros de capacidad satelital.
Las huestes de López Obrador tienen sus argumentos para justificar el cese y el cierre del programa eMéxico, que llegó a conectar a unas 12 mil poblaciones menores a los 5 mil habitantes.
Dicen que a lo largo de estos 18 años un porcentaje importante de los centros comunitarios ya no daban servicio eficiente por problemas de mantenimiento, además de que lo consideraban un alto costo financiero.
Por supuesto rechazan que su desmantelamiento implique dejar desconectados a 12 millones de mexicanos, principalmente en el sector rural. Recuerdan que AMLO trae su propio plan de cobertura.
Y eso es justamente lo que estaría detrás de la determinación de cancelar eMéxico. La 4T está siendo consistente con su accionar: sepultar los proyectos de gobierno neoliberales e implantar los propios.
Entrarían al quite CFE Telecom, que dirige Raymundo Artís Espriú, y Altán Redes, de Salvador Álvarez. También le abrirían más la baraja a América Móvil, que de hecho ya está entrando a zonas rurales.
Carlos Slim prometió a AMLO cubrir regiones aisladas, lo que podría despertar el interés de otros operadores cercanos al Presidente, como Ricardo Salinas con Total Play y Emilio Azcárraga con Izzi.
PUES NADA, AYER la Corte de Distrito Sur de Nueva York se declaró incompetente para conocer el reclamo que Oceanografía y Amado Yáñez hicieron contra Citi y Banamex. La resolución es totalmente contraria a la que le referí aquí días atrás y que promovió Candies Mexican Investment y un grupo de fondos. Ellos sí lograron que su demanda se arraigara en Estados Unidos, concretamente en un tribunal de Miami, también contra el grupo presidido por Michael Corbat. En el expediente de Yáñez, el caso en el que demandó a la institución estadounidense y a su subsidiaria que comanda Manuel Romo, tendrá que seguirse en México.
EL CASO QUE también se tendrá que seguir aquí es la reestructura financiera de Grupo Famsa. Se cumplió el adelanto que le dimos la semana pasada, en el sentido de que las huestes de Humberto Garza Valdéz se terminarían desistiendo del Chapter 11 en Nueva York. La revocación de su banco hizo inviable el plan. A los regiomontanos no les quedaría otro recurso que solicitar el concurso mercantil en México. Bancomext, que dirige Carlos Noriega Romero, es su principal acreedor. También Multiva de Olegario Vázquez Aldir, Monex de Héctor Lagos, Whirpool que dirige Juan Carlos Puente y Mabe de Luis Berrondo, entre otros.
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