Un año y siete meses le bastaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para tener en sus manos las piezas que lo pueden llevar a investigar a la cúpula del PRI, entre ellos al ex presidente Enrique Peña Nieto.
En varias ocasiones el mandatario ha dicho que en el sexenio pasado se cometieron actos de corrupción que deben ser investigados y castigados.
Estas piezas ocuparon puestos relevantes y otras guardan relación con personajes de primer nivel de la política y élite mexicana, lo que ha puesto en jaque a los priistas, pues muchos esperan saber qué dirán y hacia dónde apuntarán.
En cuestión de horas, las autoridades aguardan la llegada al país del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien pretende ofrecer grabaciones como pruebas en su descargo y busca un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.
También confían que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido en Miami, Florida, decida revelar datos sobre las cabezas del PRI. Además, el gobierno tiene en sus manos a Juan Collado, uno de los abogados más renombrados en las pasadas administraciones y con una relación cercana a la política y élite mexicana.
El soplón
Hace un año la defensa de Lozoya aseguró que su cliente no iba a negociar con la FGR ni mucho menos ser un testigo protegido, pero hoy funcionarios federales aseguran que el ex director de Pemex busca un criterio de oportunidad para no ir a prisión a cambio de entregar información que implica a ex funcionarios de la gestión de Enrique Peña Nieto.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que Lozoya presumió la existencia de grabaciones que usará en su defensa: “Tenemos que esperar para saber el contenido y cuál es el alcance”.
Posteriormente, declaró a MILENIO Televisión, que Lozoya puede librarse del proceso penal por el caso Odebrecht si es útil la información que entregue.
Penalistas consultados dijeron que la ley permite que, a su llegada al país, el Ministerio Público federal entreviste a Lozoya, antes de ponerlo a disposición del juez de control en el reclusorio Norte que ordenó su aprehensión.
A partir de la información que aporte, la FGR decidirá si cancela o no la orden de captura a cambio de un criterio de oportunidad, además de que le otorgaría protección. También es posible que llegué de España con una suspensión provisional para evitar la detención, como ocurrió en su momento con el banquero Carlos Cabal Peniche.
Desde hace un año, Lozoya ha buscado que se cite a declarar en calidad de testigos a nueve personas, entre ellos, el ex presidente, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta.
Enrique Peña Nieto, ex presidente de México / Milenio
Lo mismo que el ex subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas; el ex director de Pemex Internacional, José Manuel Carrera; el director de Altos Hornos de México, Luis Zamudio, y Édgar Torres, su ex asesor.
Lozoya ha intentado demostrar cómo fue el procedimiento de compra de Agro Nitrogenados, asunto por el cual se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, la juez Luz María Ortega rechazó aceptar las pruebas testimoniales en julio de 2019.
Javier Coello Trejo, quien acaba de dejar la defensa del ex directivo, repitió varias veces que Lozoya “no se mandaba solo” y que tenía “los elementos de prueba para defenderlo”, y que la justicia de México no les permitió presentar.
Algunos penalistas consultados que aceptaron la publicación de sus nombres son Jorge Martínez Ocampo y Marco Antonio Chávez Vaca, del despacho Martínez Ocampo & Chávez Vaca, especializados en derecho penal y extradiciones.
Opinaron que la frase del abogado Coello Trejo, en el sentido de que Lozoya “no se mandaba solo”, quiere decir que la investigación a cargo del agente del MP federal debe ser más amplia y no solo contra el ex director de Pemex.
El MP, abundaron, tiene el deber de investigar los hechos y, si se habla de una complicidad de varias personas, todas ellas deben de ser procesadas al mismo tiempo para así tener un juicio o un proceso justo.
El 6 de julio, el presidente López Obrador dijo que Lozoya va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar si hubo corrupción y sobornos en el sexenio pasado.
Contra Lozoya también hay una orden de aprehensión por el caso Odebrecht por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto, la Audiencia Nacional de España declaró la firmeza del auto de extradición de Lozoya a México y ha informado a Interpol para que proceda a la entrega del ex director de Pemex, reclamado por las autoridades mexicanas.
El ex gobernador
A partir de la fuga de César Duarte en 2017, el caso generó una disputa en el pasado sexenio que llevó a enfrentar al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con Peña Nieto, la PGR y la Suprema Corte.
Corral ha dicho que Duarte contó siempre con la protección de Peña hasta el último día de su sexenio.
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua / Especial
Hoy, la Fiscalía de Chihuahua cuenta con facultades para indagar a Peña y a su ex gabinete, pues en junio de 2019, la Segunda Sala de la Corte levantó la suspensión que el ministro Eduardo Medina Mora había protegido al ex titular del Ejecutivo federal.
En caso de que la fiscalía estatal detecte delitos del orden federal, tiene que informarlo a la FGR para que empiece a investigar.
Antes, el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, interpuso amparos para conocer si las autoridades que investigaban a Duarte buscaban una comparecencia, presentación o aprehensión en su contra, lo que no sucedió.
El abogado
El 9 de julio de 2019, la FGR detuvo Juan Collado, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Juan Collado fue detenido por lavado de dinero / Especial
Su captura ha sido cuestionada, porque la orden de captura derivó de una investigación por autoridades de Querétaro, de la cual la FGR asumió competencia.
Días antes de su captura se conocieron fotografías de la boda del hijo de Juan Collado, celebración a la que asistieron políticos y el cantante español Julio Iglesias.
Collado defendió al ex gobernador Mario Villanueva, a Raúl Salinas, a Carlos Ahumada y divorció a Peña Nieto de Angélica Rivera.
En febrero, la FGR lo acusó de formar parte de una empresa a través de la cual se realizan transferencias financieras a Europa sin comprobar la procedencia de los recursos y simular la compra de otras compañías.
De ser culpable de delincuencia organizada puede alcanzar una pena hasta de 16 años de prisión y hasta 15 años más por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A partir de una querella de la UIF se acusó a Collado y a otras personas de vender ficticiamente una propiedad que fingieron adquirir y no les pertenecía.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, criticó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solo asegure activos de presuntos delincuentes y organizaciones criminales sin que sus denuncias contengan los elementos de prueba necesarios. “Si Hacienda (la UIF) no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta”, sostuvo. En un debate radiofónico, el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, lamentó que Gertz no funja como “director de orquesta” y no aglutine a las instituciones de justicia mexicana, incluida la UIF, en un esfuerzo antimafia.
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