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lunes, 6 de abril de 2020

PRI dice que es Ilegal e incongruente reducir prerrogativas a partidos

Se debe tener en cuenta que se tienen obligaciones financieras con trabajadores, proveedores y con el pago de multas por orden judicial





Restar prerrogativas a los partidos políticos para atender la crisis económica derivada de la pandemia por COVID 19 no es una solución, además, el Ejecutivo federal no quiere hacerle frente a la pandemia y a sus consecuencias económicas, sino que sólo busca cosechar aplausos de la ciudadanía con miras a las próximas elecciones.

Así lo señaló Ramón Tonatiuh Medina Meza, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quien destacó que se requiere un gran acuerdo con los empresarios con incentivos fiscales a las micro y pequeñas empresas y para los ciudadanos que no buscan les condonen el pago de impuestos sino postergar el plazo para hacerlo.

Subrayó que ya el PRI demostró que sí se puede superar una crisis económica derivado de un desastre natural en septiembre de 2017, cuando todos los sectores productivos y económicos unieron fuerzas con el gobierno, que no puede hacerlo todo solo.

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Aseguró que para reducir las prerrogativas a los partidos políticos se requiere de una de cosas: reformar la legislación electoral o lograr un acuerdo con los partidos políticos y ese es un camino difícil de transitar, porque no sólo se trata de sentarse a echar lápiz para modificar la fórmula constitucional sino de analizar toda una serie de factores.

Recordó que ya en 2016, cuando se logró un acuerdo para reducir 50% las prerrogativas, López Obrador como presidente de Morena, la impugnó y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón al considerar que los partidos son la vía para acceder al poder y necesitan recursos públicos para financiar sus actividades.

No solamente se trata de cortarle el dinero a los partidos políticos, las reformas electorales para que sean completas, deben tener el consenso de todos los partidos políticos, ya el PAN dijo no estar de acuerdo porque se trata de una ilegalidad, señaló el representante del tricolor.

En el PRI, agregó, nos hemos mantenido en la misma posición desde 2018, hemos dicho que no porque la fórmula da prerrogativas en función del número de votantes de cada partido, éste fue menor y es obvio que nuestras prerrogativas son menores.

Medina Meza destaco que antes de realizar recortes se deben ver los pasivos de los partidos –los cuales no son menores-, así como las obligaciones previamente contraídas con proveedores, con recursos humanos, así como el pago de multas.

Recordó que la última vez que el Ejecutivo lo intentó quería intercambiar las multas para reducir las prerrogativas, pero el Consejo General del INE resaltaron que eso era ilegal, pues las multas se deben pagar por acatamiento judicial, por eso si quieren hacer una reforma debe estar bien pensada para que será de gran calado, porque no se trata de modificar el factor constitucional y reducir las prerrogativas.

Sólo por acuerdo podrían recortar prerrogativas a los partidos

De lograrse un acuerdo para que los partidos políticos decidan no utilizar los recursos que forman parte de sus prerrogativas, sería el Instituto Nacional Electoral (INE) quien retuviera los recursos y entregarlos a la Tesorería, pero hasta finales del año, de lo contrario sería legal pues las partidas presupuestales ya están aprobadas.

Así lo afirmó Juan Carlos Villarreal Martínez, director general del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política (CEPLAN), precisó que de acuerdo con lo presupuestado, el INE está entregando las prerrogativas a los partidos políticos desde principios de año, pues la ley previene hasta el porcentaje que se entrega y para cambiar estas reglas se requiere una reforma legislativa.

Consideró que para realizar una reforma electoral de gran calado que alcance los procesos federales con el consenso de todos los partidos políticos tendría que esperarse hasta después de julio de 2021, pues para que aplique en este proceso electoral debe entrar en vigor 90 días antes de la elección que, en este caso, sería el 31 de mayo.

“Yo ya veo francamente complicado que esto se logre porque además de que estamos en receso por el COVID19, los diputados y senadores no están yendo todos los días, entonces se tendría que trabajar muy aceleradamente para resolverlo, aunque se puede, sin duda, pero me parece que no están dadas las condiciones para que eso se realice”, comento el también exconsejero electoral.

Insistió en que aun cuando la contingencia sanitaria por el Coronavirus se levante el 30 de abril próximo, resultaría muy acelerado hacer una reforma electoral en tan solo 30 días, además que no es recomendable.

Recordó que los especialistas refieren: “las reformas cuando se hacen desde el poder siempre tienden a incrementar o a mantener el poder”, una reforma de este tipo a quien más tiende a beneficiar es al partido que está en el poder, pues con el apoyo del gobierno federal, en los locales y municipales, así como en las cámaras donde tiene mayoría le facilita el ejercer recursos públicos a su favor, lo que no tiene el resto de la oposición que sólo cuenta con el financiamiento que le otorga la ley.

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