Javier Corral, en situacion vulgar

No va a batallar mucho; es más, el esfuerzo será menor para la CEDH, en encontrar elementos jurídicos que le permitan emitir una inmediata y necesaria medida cautelar en contra del gobernador Javier Corral

La violación es flagrante al derecho de libre expresión y derecho a la información, que conculca –dicen los abogados– fehaciente y vulgarmente al negarse a atender a una reportera o a un medio de comunicación, como ocurrió con nuestra colega Luz del Carmen Sosa, y nuestra propia casa editora, no en una, sino en varias ocasiones.

Serían necesarias varias planas para reproducir el marco normativo en la materia, producto de un avance continuo en la legislación nacional y tratados internacionales, tendientes a proteger el ejercicio periodístico, en su vertiente fundamental para proteger y fortalecer una sociedad democrática.

Están ahí desde el artículo primero, sexto y séptimo de la Constitución General de la República, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sus principios; más un sinfín de precedentes europeos. Todavía más, hasta el Sistema Integral de Protección a Periodistas es pasado por alto olímpica y burdamente en su apartado de flujo informativo.

Lo difícil no se encuentra entonces en buscar el fundamento, porque incluso, y para mayor agravio, está atravesado el libre ejercicio de la profesión, discriminación, amenazas, y otra serie de conductas repetitivas.

El verdadero problema estará en dictar una resolución que vaya en contra de la primera autoridad política del Estado, dado el servilismo histórico de la mencionada comisión al jefe del Ejecutivo en turno.

Es por tanto una auténtica prueba de fuego para el organismo y su titular demostrar esa independencia y autonomía que luce muy bonita en el papel, pero en los hechos se convierte en letra muerta para infortunio de los gobernados.

Para empezar debiera, en el orden justo de lo que idealmente procede, ordenar medidas cautelares inmediatas y el cese a las agresiones y por supuesto, ordenar unas lecciones de civilidad y derechos humanos al autoritario gobernador así como en perspectiva de libertad de expresión.

Sigue sin entender que ostenta un cargo público, no privado.

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Es un buscapiés con pólvora para casi todo un año el lanzado por el independiente alcalde Armando Cabada con eso de la promoción de la revocación del mandato no sólo para el gobernador Javier Corral el presidente Andrés Manuel López Obrador y para él mismo.

Así como no queriendo la cosa pero indudable y cuidadosamente planeado, el edil mandó al ciberespacio seis parrafitos picantes “a manera de aclaración, no como una respuesta a las provocaciones y guerra sucia de los de siempre...”.

La parte sustancial es donde habla de la promoción de la revocación del mandato como un ejercicio democrático al que “deberíamos” estar dispuestos el presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes y “hasta los diputados”.

Tras la primera parte de la “aclaración para todos los ciudadanos”, el alcalde deja también clara otra parte de su mensaje justo para quienes andan promoviendo esa herramienta “por motivos de un beneficio personal y partidista y no por el bien de la comunidad”.

Ciertamente quienes le han dado algo de vuelo a la revocación directa contra Cabada guardaron conveniente silencio cuando fue solicitado el mismo procedimiento contra Corral y nunca le han echado los reflectores ni al susodicho como gobernador, tampoco a AMLO como presidente... y mucho menos a los diputados tanto federales como locales que también tienen gran responsabilidad sobre el Gobierno de la ciudad.

No queda ahí toda la pólvora del mensaje, allá en las últimas líneas advierte el presidente municipal que “en los próximos días” estará mostrando las “verdaderas causas del deterioro de nuestras vialidades”, cómo lo está buscando solucionar su administración y qué sigue para superar el “rezago histórico” que dejaron “los de siempre”.

No pudo referirse el alcalde en esas últimas líneas a otros que no sean sus antecesores, responsables de la administración de la ciudad, y por lo tanto, de la pavimentación de las vialidades, hoy objeto de extraordinaria polémica por los molestos y peligrosos baches.

Es interesante el kit temático contenido en el buscapiés y puede significar que Cabada dejará de hacer mutis frente a las embestidas de sus opositores, sobre todo porque los retos venideros requieren de carácter y de firmeza. De colocar los puntos sobre las íes conforme las circunstancias lo vayan requiriendo.

El pastel 2021 no admite medias tintas.

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Una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado (POE) –publicada el miércoles por la tarde para llamar a sesión del Congreso el jueves– y una previa campaña de lodo contra el magistrado Jorge Ramírez, fue lo que estuvo en la antesala de su desafuero.

Menos de una docena de ediciones extraordinarias del POE se cuentan en la historia reciente. Generalmente habían sido para publicar decretos de leyes en los límites legales. Una anterior había sido para llamar de forma urgente a la inútil sesión en las compuertas de la presa La Boquilla.

Ahí quedará de recuerdo la edición. También le servirá para el amparo al magistrado Ramírez, pues se supone que debió ser notificado de la sesión de su juicio de procedencia 48 horas antes.

Al mismo tiempo que se mandó publicar la convocatoria se soltó en redes toda la tarde y noche una andanada de videos donde el titular de la Primera Sala de lo Penal fue bautizado como “el favorito de Duarte”. Ahí se descargó la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado. Sólo le faltó la firma de la FGE, aunque tácitamente estuvo.

Dicha producción sotanera fue la clave en la negociación del líder de la bancada del PAN, Fernando Álvarez Monje, con el grupo morenista en el Congreso del Estado. Hasta antes los de Morena habían estado divididos, unos a favor y otros en contra del desafuero, pero ya entrada la noche del miércoles se habían alineado para ir junto al PAN, Encuentro Social, Partido del Trabajo y los demás.

El dictamen de la Comisión Jurisdiccional que determinó que no ha lugar el desafuero también quedó de constancia de un proceso tan histórico como controvertible.

Con sus abogados Ramírez se fue a los juzgados federales ayer al mediodía con varias demandas de amparo, contra el proceso legislativo y la muy probable orden de aprehensión que, se supone, ya debe tener librada el fiscal César Augusto Peniche.

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“Saliendo del cochino juaritos jajaja baaay” (sic) fue el despectivo mensaje de despedida de Ciudad Juárez de Yamilteh Martínez Rivas. Ella es diputada suplente y asesora principal de Carmen Rocío González, presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Remató su post con un grotesco emoji que puede verse en la captura de pantalla de su Facebook.

La legisladora capitalina del Distrito 18 tiene a cargo la difícil tarea de dictaminar una nueva Ley de Transporte del Estado, con la cual el corralismo trató sin éxito de dar un albazo hace dos semanas.

En esas faenas de someter a foros de consulta las iniciativas en la materia, el pasado miércoles estuvieron en Juárez los integrantes de la comisión y una pléyade de asesores que viatican de lo lindo en cada gira de sus jefes dentro o fuera del estado.

En la bola estaba Yamileth, quien antes de irse de la frontera evidenció de ese modo el empeño real que se pone a la consulta y la visión chata del problema que representa en todo el estado.

La asesora legislativa es sobrina de Carlos Rivas, gerente del Consejo de Urbanización Municipal de Chihuahua, sólo como referencia. Además de lograr una suplencia por el Distrito 18 fue llevada a la nómina por la diputada titular.

Su desafortunada expresión fue reprobada incluso por los panistas de la misma comisión en la que se encuentra atorada la Ley de Transporte. Son los asesores los que deben orientar el trabajo de las comisiones con conocimiento y criterios técnicos. Su emoji de despedida no muestra conocimiento político ni técnica legislativa.

El regionalismo es una enfermedad que se quita viajando. La cura tal vez todavía no la ha encontrado Rivas Martínez ni quien la hizo su comadre, pese a la delicada misión de reformar el transporte que tienen encomendada.