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domingo, 12 de enero de 2020

Urgen salvar a los niños de la violencia

37% de menores ha vivido o presenciado balaceras. Organizaciones como Redim y Save the Children llamaron a construir una estrategia nacional para prevenir y atender todas las conductas de violencia armada contra la niñez




CIUDAD DE MÉXICO.

La tragedia del Colegio Cervantes debe ser una oportunidad para que gobierno y sociedad se organicen y atajen la violencia que afecta a los niños, coinciden activistas.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llamó a que se convoque, de manera urgente, a una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). El objetivo es construir una estrategia nacional de prevención y atención de la violencia armada contra los menores.

Redim considera que el gobierno debe sumar este tema a sus prioridades. “Esta administración presentó 25 proyectos prioritarios del sexenio y olvidó a niñas, niños y adolescentes”, señaló.

En México, dijo, hay 40 millones de menores “invisibles” ante la falta de voluntad política para generar mecanismos que los alejen de un entorno inseguro.

Por separado, Save the Children pidió activar un plan que involucre a todos los niveles de gobierno y sectores de la sociedad en la prevención de la violencia contra niños de la generación actual, afectada por la inseguridad y el flujo indiscriminado de armas. Una consulta, alertó, arrojó que 37% de los menores ha vivido o sido testigo de una balacera.

Para la asociación Reinserta, la edad promedio en que se cometen las primeras conductas antisociales es 11 años, por lo que la responsabilidad de la sociedad y una adecuada salud mental son relevantes en la prevención.

PIDEN ARREBATAR A LA NIÑEZ DE LA VIOLENCIA
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió al presidente Andrés Manuel López que sume una prioridad más a sus 25 proyectos de gobierno: la construcción de una estrategia nacional de prevención y atención de la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes, bajo el contexto de inseguridad y violencia que sufre el país.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, señaló que el Ejecutivo federal debe comprender que, hechos como el ataque realizado por un niño de 11 años, quien mató a su maestra, hirió a sus compañeros y luego se suicidó, representan la vorágine de violencia que padece el país, desde la guerra contra el narcotráfico y que no ha bajado sus niveles en su administración.

Pérez sostuvo que 2019 fue el año más violento en la historia del país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha violencia ha generado consecuencias y tragedias en los niños y adolescentes, como lo ocurrido en Torreón, Coahuila.

“Esta administración presentó 25 proyectos prioritarios que hará a lo largo del sexenio y olvidó a niños y adolescentes. Y anticipamos que sucedería esto que está ocurriendo (Coahuila)”.

Anunció la convocatoria para que se realice a una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), con el tema de construir esta estrategia nacional para evitar la violencia armada contra niños, la cual el Presidente la encabezará.

El activista por los derechos de la infancia también pidió a Andrés Manuel López Obrador acudir a la siguiente sesión del Sipinna, ya que en las dos anteriores de 2019 el mandatario federal no asistió.

Reiteró qué hay 40 millones de menores de 18 años que han quedado invisibles en México, ante la falta de voluntad política por generar mecanismos que los alejen de la violencia e inseguridad.

Sin importar el color o los partidos políticos, lamentó que los funcionarios y la clase política ve a las niñas, niños y adolescentes como pertenencia de las familias y no sujetos de derechos.

Apuntó que en México se han llevado desde hace más de 30 años programas de lucha contra la pobreza, sin embargo, el 47% de la población sigue en pobreza, por lo que está nueva administración tiene la oportunidad de articular políticas públicas que salvaguarden la integridad y el desarrollo de los menores.

Entre los 25 proyectos de gobierno están el Aeropuerto Santa Lucía; desarrollo de la región del Istmo por medio de un ferrocarril de carga y facilidades fiscales para la instalación de empresas; construcción del Tren Maya; edificación de caminos rurales en Oaxaca; ampliación de la cobertura de internet a todo el país.
Además de reconstrucción de los inmuebles dañados tras los sismos de septiembre de 2017; desarrollo urbano en colonias marginadas; aumento al doble de la pensión para adultos mayores; pensiones para discapacitados; Programa Sembrado Vida; becas para jóvenes en universidades y aprendices en empresas, becas para todos los estudiantes de preparatoria y apertura de 100 universidades públicas en zonas marginadas, entre otros.

Luego de expresar su solidaridad con las víctimas de la tragedia en Torreón, Coahuila, la organización Save the Children reiteró la urgente necesidad de que el Estado mexicano “active de emergencia, una estrategia nacional que involucre a todos los niveles y poderes de gobierno y sectores de la sociedad, en la prevención de todas las formas de violencia que afectan a niños y adolescentes”.

Lamentó que la generación actual de niños ha crecido seriamente afectada por la violencia generalizada no sólo en las calles, sino en espacios que deberían ser los más seguros para ellos.

Refirió que en una consulta que hizo a más de tres mil niños y adolescentes en el país, 37% mencionó que alguna vez había vivido o sido testigo de una balacera.

En tanto, para la organización Reinserta es importante implementar una estrategia de prevención transversal e integral desde edades tempranas de la niñez, e hizo referencia a un estudio propio en el que refiere que la edad promedio en la que se cometen las primeras conductas antisociales es a los 11 años.

Hizo énfasis en que no debe pasar por alto la preocupante situación de que la niñez tenga acceso a armas de fuego y se encuentre inmersa en las dinámicas sociales violentas.

Finalmente, dijo que la prevención del delito conlleva cambios y responsabilidades directas de la sociedad.

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