Los despidos deben subsanarse con más carga de trabajo, la compactación de áreas y desaparición de oficinas
A casi nueve meses de la entrada de la administración federal, en las dependencias públicas aún se experimenta caos en procedimientos administrativos, debido a despidos de personal de confianza que realizaba los trabajos “finos”, ya que los nuevos funcionarios no terminan de asumir las riendas del llamado “elefante blanco y reumático”, como nombró el presidente Andrés Manuel López Obrador a la burocracia mexicana.
Según expertos y algunos empleados de base, ahora debe subsanarse la falta de personal con una mayor carga de trabajo, la compactación de áreas y la desaparición de algunas otras.
Lo anterior significa que las condiciones en las que laboran las dependencias de gobierno no son óptimas debido a que carecen de personal, les faltan insumos y la información no es clara. Las consecuencias que esto puede traer para las oficinas incluyen, por mencionar algunas, la mala atención a los usuarios, daños sicológicos y a la salud de los empleados y consecuencias legales para los trabajadores.
Es el caso de Ramiro. Él trabaja en un centro familiar que ofrece talleres recreativos y consultas médicas, el cual antes funcionaba como centro de inscripción para programas gubernamentales hoy cancelados. En su oficina, el despido de personal ocurrió a raíz de la austeridad con la que opera esta administración. Lo anterior generó un ambiente de terror porque entre los trabajadores restantes había la incertidumbre de saber si conservarían sus empleos.
En particular, sicólogos y médicos del centro temían por su situación laboral, porque mucha población vulnerable lleva un tratamiento al que hay que dar seguimiento. Los rumores sobre más recortes a empleados provisionales y de honorarios cobraron fuerza en un ambiente en el que ninguna autoridad aclaraba la situación.
Ramiro explica que el centro familiar en el que labora depende de una oficina central en la que la incertidumbre es el pan de cada día. En la oficina central el despido fue masivo, ya que se cesó a 30% de empleados.
1’840,432 personas han perdido su trabajo en 2019; es decir 47.18% de tres millones 900 mil 701 mexicanos desempleados este año
Los trabajadores que se quedaron no sabían cómo realizar los trámites, no había claridad en los procedimientos y durante un mes todos los procesos en la oficina de Ramiro, y similares, estuvieron detenidos.
La ausencia de recursos para emitir documentos (cosas básicas como papel, tinta y dinero para transportar documentos), y el hecho de que los obligaron a repetir oficios incansablemente por cambios de nombres de dependencias, cargos y directivos, Ramiro y sus compañeros han tenido que improvisar para subsanar la situación y que el centro funcione.
Él cuenta que “como no teníamos ni los oficios para cobrarle a la gente ni los boletitos para la consulta médica o para que se inscribieran a los talleres, reciclamos papelitos de viejos documentos y los firmábamos para darle a las personas algo medio serio”.
Según expresó Rebeca Gómez Martínez, magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la actuación de los servidores públicos de la capital del país debe regirse por la Constitución federal, la Constitución Política de la CDMX, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y su Reglamento Interior, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, entre otras leyes.
Muchos trabajadores enfrentan la ausencia de autoridades que les indiquen los lineamientos para regirse. Ramiro explica que “no hay ningún manual de procedimientos que podamos seguir. Los usuarios nos reclaman porque en páginas oficiales aparecen activos muchos programas que ya se cancelaron.
Nadie nos avisó nada, entonces, cuando llega la gente, tenemos que redireccionarla a las oficinas centrales para que ahí los orienten, porque nosotros no tenemos información. Todo de lo que nos hemos enterado ha sido por compañeros de otros centros y llamadas no oficiales entre colegas. No ha habido un documento oficial que nos avise de la cancelación de programas: todo se hizo de la noche a la mañana. No sabemos si le estamos dando a la gente información completa y correcta. Y lo peor, es que no es cosa nuestra”.
Aunque de buena fe, al intentar suplir la falta de recursos con documentos no oficiales, y el desempeño de funciones que no les corresponden, los trabajadores han incurrido en faltas administrativas por las que podrían ser sancionados, y podrían acarrearles sanciones como amonestación pública o privada, suspensión del empleo, cargo o comisión (que puede ir de uno a 30 días), destitución del empleo, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público (que puede ir de tres meses a un año) y/o la indemnización a la Hacienda Pública de la Ciudad de México por el daño o perjuicio causado.
cva
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