Toluca, México.- La legislatura mexiquense aprobó por unanimidad de votos la Guardia Nacional, convirtiéndose en la séptima entidad en avalarla, detrás de Guerrero, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Colima.
También avaló por mayoría de votos las reformas constitucionales en materia de prisión preventiva oficiosa, aunque en este tema el PRD se abstuvo y el diputado de Morena, Max Correa votó en contra.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local, Maurilio Hernández resaltó que la Guardia Nacional es importante pues ayudará a combatir la violencia y la inseguridad y consideró que hay medidas que parecen radicales, pero son necesarias. De acuerdo con la minuta del proyecto, esa institución será de carácter civil, disciplinado y profesional.
¿Qué implica la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República.
El Ejecutivo dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.
La minuta precisa que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, y mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la
Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
La prisión preventiva
Por lo que toca a la prisión preventiva, la minuta amplía el catálogo de delitos graves a ilícitos como: el abuso o o violencia sexual contra menores, feminicidio, el uso de programas sociales con fines electorales, el robo a transporte, la desaparición forzada de personas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, armada aérea y en materia de hechos de corrupción.
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