Enrique Quintana
El día de hoy, el Inegi habrá de confirmar lo que ya se ha anticipado en diversas ocasiones: el último trimestre del año pasado fue de una marcada desaceleración de la actividad económica.
Las cifras oportunas respecto al crecimiento del PIB al cuarto trimestre de 2018 indican una elevación de sólo 0.3 por ciento frente al trimestre anterior (con datos desestacionalizados) y de 1.9 por ciento respecto a un año atrás.
Si empleáramos la metodología norteamericana, de usar la variación trimestral, elevándola a escala anual, registraríamos apenas un crecimiento de 1.2 por ciento en el PIB en el cuarto trimestre.
En la discusión de la Junta de Gobierno del Banco de México, cuya minuta conocimos esta semana, hay consenso en la tendencia a la desaceleración del crecimiento, y uno de los subgobernadores incluso advirtió respecto a una caída del PIB en el primer trimestre del año.
La desaceleración se ha acentuado por lo que es, de facto, una política fiscal procíclica, es decir, hace más profunda la caída del ritmo de actividad económica al bajar el gasto público, que tuvo una caída de 25 por ciento en términos reales en diciembre para el gasto programable y de 16 por ciento en el gasto neto total.
Los economistas saben que la política fiscal puede servir para amortiguar las fluctuaciones de la economía. Puede haber un empuje cuando la economía cae o crece muy poco, si se incrementa el gasto público o se reduce la carga impositiva, o puede haber una moderación del crecimiento si se reduce el gasto o aumentan los impuestos.
Pero, reducir el gasto precisamente cuando la economía va para abajo, puede agravar la caída de la economía.
El Presupuesto aprobado por el Congreso fue de 5.8 billones de pesos y en enero deberían ejercerse 542 mil millones de pesos. Ello implicaría un crecimiento real de 6.3 por ciento respecto a enero de 2018.
Sabremos el resultado presupuestal de enero esta semana, pero todo indica que el gasto va a ir atrasado y probablemente vaya a caer de nuevo.
Ese rezago es el que va a representar una política fiscal procíclica que va a agravar el freno de la economía.
Y, el problema es que la coyuntura de arranque del sexenio en un contexto de centralización de compras y aprendizaje del ejercicio del gasto, más allá de los temas estructurales como la falta de inversión, podrían dar lugar a un primer semestre desastroso.
Las calificadoras no verían mal que ante una circunstancia de freno en la economía se pudiera dar un giro en la política económica, con objeto de tener medidas anticíclicas como una aceleración del gasto público y, por ejemplo, el restablecimiento –al menos temporal– de la compensación universal, para dar liquidez a las empresas.
Si resultara que el PIB de la primera mitad del año cae respecto al registro de los trimestres anteriores, se debilitará la recaudación y podríamos caer en un peligroso círculo vicioso, de menos recaudación y menos crecimiento.
El gobierno de AMLO tiene un respaldo sin precedentes. Pese a ello, no puede darse el lujo de arrancar el sexenio con una caída económica grave, que, además, es evitable si se toman las medidas adecuadas.
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