CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) interpuso este jueves una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esto al considerar que se redujo su presupuesto sometiéndolo a limitar, cancelar o postergar proyectos de información estadística y geográfica y se acota el salario de sus servidores públicos de alta especialización técnica, a lo que gane el presidente.
El organismo, cuyo titular es Julio Alfonso Santaella Castell, argumentó que en defensa de su autonomía, otorgada por la Constitución, es que presentó una demanda de controversia constitucional.
Su reclamo fue en dos vertientes; el primero referente al establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción.
"Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica", expuso.
En la segunda parte de su controversia, rechaza la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del Inegi en el Presupuesto de Egresos 2019.
Ello "porque adolecen de definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones de los servidores públicos del Inegi, en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica".
Explica que la interposición de la controversia constitucional tiene el propósito de salvaguardar la autonomía otorgada al Inegi, para estar en condiciones de cumplir con el mandato de la Carta Magna de nuestro país.
Por lo que para garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda y se delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, con relación a la autonomía de este Instituto.
Tras señalar que esta instituto ya aplica las propuestas de austeridad el actual Gobierno, por lo que siendo respetuoso del marco constitucional y de las disposiciones legales vigentes, acatará la determinación que en su momento emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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