Propuesto ya para el cargo por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el académico precisó que la reforma en materia educativa –aprobada desde 2014– “no operó como estaba diseñada y no tuvo una correcta implementación”, por lo que, “hasta donde yo sé y entiendo que es lo que se ha acordado en el equipo, es que, entre otras modificaciones, se le retirará el componente punitivo contra maestros, se reorientarán los recursos en el sector y se modificará su implementación”.
Explicó que, por ejemplo, “se le atribuye erróneamente sólo al profesor el mejoramiento de la educación, cuando debe ser una mezcla de factores”.
Además, “no se destinó la mayor parte de los recursos a la evaluación de los maestros, sino que se fueron a la publicidad y promoción de la reforma; tampoco se fueron a infraestructura, porque se quiere evaluar a los maestros, pero las condiciones en que trabajan no son las mínimas necesarias. Es por eso que la reforma no está generando los resultados esperados”, expuso.
Al participar en un foro sobre la evaluación de los resultados de las reformas estructurales, organizado por el Senado, Gerardo Esquivel expuso que, a su juicio, en general, las reformas estructurales “están muy lejos de cumplir con las expectativas y los escenarios prometidos”, debido a que “hubo una exagerada sobreoferta en su venta y promoción de expectativas, pero partieron de un mal diagnóstico sobre sus beneficios”.
La hablar de la reforma energética, planteó que, aunque es muy pronto para hacer evaluaciones, subrayó que ha tenido también resultados aún insuficientes, y con muy pocas aportaciones al crecimiento del PIB.
Incluso –sostuvo– “nos hubiera ido mejor sin las reformas; prometieron que lograrían un crecimiento del 5.4 por ciento en 2018 y no se logró ni un 2 por ciento”, enfatizó.
Sobre la política de egresos que habrá en la nueva administración, detalló que “habrá una reorientación para dirigir mejor el gasto, una revisión de los programas sociales y eliminar los que no contribuyen a revertir la pobreza; se acabará con la discrecionalidad en el uso de los recursos y se combatirá la corrupción en los estados”.
También adelantó que se creará el llamado Consejo Fiscal, “que servirá para la conducción de la política fiscal del gobierno, y evitar más endeudamientos”.
Entre los gastos prioritarios, mencionó que habrá una inversión pública general, por alrededor de 200 mil millones de pesos, para proyectos prioritarios como programas sociales de apoyo a los adultos mayores; becas a los jóvenes que no estudian ni trabajan; apoyos a proyectos productivos en el sureste para disminuir la desigualdad, entre otros.
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