Por. Rivelino Rueda.
El proyecto de ley, sin embargo, no está contemplado para abordarse a partir del 1 de septiembre, cuando tomen protesta los 500 diputados federales y 128 senadores y se instale la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, sino hasta después del 1 de diciembre, cuando López Obrador rinda protesta como presidente constitucional.
Y es que la medida legislativa, que representó uno de los principales compromisos de campaña del entonces candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, tiene que ser resuelta en coordinación con el próximo secretario de Educación Pública en funciones, Esteban Moctezuma Barragán, no antes.
El punto central será definir si se va a tratar de una revocación de la reforma constitucional de la reforma educativa y sus leyes secundarias o, en cambio, modificaciones a esta polémica legislación, aunque en este segundo caso se tendría que consultar, como se comprometió AMLO, a todos los maestros del país, pero principalmente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En campaña, López Obrador subrayó que desde el punto de vista de los derechos laborales del magisterio, en esta propuesta de revocación o modificación a la reforma educativa “se va a cancelar todo lo que signifique hostigar y afectar a los maestros, además de que no se va a humillar al maestro”.
Al respecto, el eventual secretario de Educación Pública en el próximo gobierno, Esteban Moctezuma, ha descartado cualquier posibilidad de modificación a la reforma educativa de 2013. Adelanta que estas leyes “serán derogadas y sustituidas por una nueva legislación que saldrá de una consulta entre maestros, padres de familia, autoridades y sindicatos. Está claro que lo que más ha causado problemas es la Ley del Servicio Profesional Docente, que será sustituida”.
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