El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).precisó que prácticamente más de 77% de los encuestados consideró que dichas autoridades son las que más abusan de su cargo público para obtener un beneficio personal.
Según el organismo de estadística, la corrupción amenaza el desarrollo sostenible de los países, da pie a la violación de los derechos humanos, distorsiona los mercados e inhibe la inversión afectando con ello el desarrollo económico.
Además, este fenómeno trastoca la cohesión social y abre interrogantes sobre la efectividad y credibilidad de las instituciones públicas, representando una amenaza a la legitimación del Estado.
Principal preocupación de personas e IP
En México, la corrupción es una de las principales preocupaciones de la sociedad junto con la inseguridad, el desempleo y el incremento de precios.
También significa un obstáculo para el desarrollo empresarial, junto con el bajo poder adquisitivo de la población y los impuestos.
De acuerdo con el Inegi, en 2013 cerca de 47.6% de la población de 18 años o más creyó o ha escuchado que existe corrupción en dichos trámites, mientras que 32% manifestó que algún conocido le refirió algún acto de corrupción en esos trámites.
Finalmente, la prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal fue de 12.1% de la población.
No sólo eso, del total de las experiencias de corrupción en la gestión de trámites, pagos, solicitudes de servicios y otros contactos con servidores públicos, en el año de referencia cinco de cada 10 mexicanos se vio involucrado en una situación de corrupción al estar particularmente en contacto con autoridades de seguridad pública.
Asimismo, entre 20 y 25% de las personas reportó haber tenido alguna experiencia de corrupción al efectuar algún trámite, ya sea relacionado con la propiedad, diversos pagos o trámites en el MP o juzgados.
En lo referente a las empresas, el mayor porcentaje de unidades víctimas de corrupción se presentó en el sector industrial con 4.9%, seguido por el sector de servicios y el de comercio con 3.5 y 3.4%, respectivamente.
El análisis por tamaño de la unidad económica revela que la mayor prevalencia de corrupción se presentó en las unidades de tamaño grande, seguidas de las medianas y pequeñas. Las unidades económicas de tamaño micro fueron las que presentaron el menor porcentaje de victimización por corrupción, con 3.5%.
Mal arraigado en instituciones
En un ejercicio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revelaron que la corrupción tiene un costo de 10% del producto interno bruto (PIB).
De hecho, en el 2014 México obtuvo una calificación de 35 de 100 puntos posibles y ocupó el lugar número 103 de 175 países, según Transparencia Internacional.
Estos datos coinciden con los del Banco Mundial (BM), organismo que reprueba al país con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea, como uno de los países más corruptos.
Pese a las consecuencias que acarrea la corrupción en todas las esferas de la sociedad, desde la económica hasta la impartición de justicia, la clase política no realiza un esfuerzo mayor para erradicarla.
Cifras del Inegi señalan que en 2013 las entidades federativas con el mayor porcentaje de personal de la administración pública estatal dedicado a la función de contraloría interna fueron Yucatán con 2.4% y Querétaro con 1.3.
Mientras que Puebla y Chiapas destacaron por tener los menores porcentajes de personal de las administraciones públicas municipales laborando en funciones de control interno, con 1.7 y 1.4%, respectivamente.
En ese año, las entidades federativas que tuvieron los mayores porcentajes de municipios con programas anticorrupción en sus administraciones públicas fueron Aguascalientes con 82% y Baja California con 80%. En tanto que las acciones anticorrupción con mayor presencia en las entidades federativas fueron: mecanismos de denuncia ciudadana y la declaración patrimonial de servidores públicos.
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