Más por intereses en el terreno de la política, quienes se oponen argumentan que la presencia militar será para reprimir eventuales manifestaciones sociales, o que será para inhibir el libre sufragio, cuando en realidad lo que busca la nueva ley es dotar de herramientas jurídicas para una mejor actuación al Ejército y Marina en las labores que desarrolla de prevención del delito y combate a la delincuencia, pues es un hecho que el problema más sensible entre los mexicanos es la falta de seguridad en sus casas, en sus calles, en sus comunidades, barrios y pueblos; ya que para nadie es desconocido que los responsables de estas tareas, las policías estatales y municipales, al ser rebasadas por grupos delincuenciales, o han solicitado ayuda federal o de plano han cerrado sus ojos para que con toda impunidad operen las bandas criminales.
Otras voces advierten que la ley aprobada recientemente en la Cámara de Diputados será para “militarizar al país”, lo cual es falso, pues en más de diez años de haber salido a patrullar caminos y calles del territorio nacional, hoy no se puede hablar de una militarización de la vida nacional. Por el contrario, la población en general está orgullosa de los elementos de las fuerzas castrenses, pues lo mismo hablan de su patriotismo al combatir a los capos de los secuestros y distribución de drogas, que por su actuación en tiempos de desastres naturales, entre muchas otras actividades en lugar de estar encerrados en un cuartel, sin que con ello se pretenda desconocer que algunos mandos o cuadrillas militares han incurrido en situaciones graves de violación a los derechos humanos, actos que por supuesto nadie aprueba y, por el contrario, se exige castigo para ellos.
Aunque la nueva norma habla de regular la actuación de las fuerzas armadas, esto no quiere decir que estén fuera de la ley, ya que lo único que se hace es precisar su campo de actuación, pues en la Constitución Mexicana, en su artículo 89, fracción sexta, se establece como facultad y obligación del presidente de la República “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”, lo cual queda intacto. En tanto en el artículo 129 constitucional, se señala que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. En estricto sentido de este precepto, es un hecho que la violencia generada por grupos criminales no son sinónimo de paz y la lucha emprendida contra la delincuencia organizada, donde intervienen Ejército y Marina, habla de disciplina militar.
No hay duda, la nueva ley responde a la exigencia e interés general de un México que quiere el regreso de los climas de tranquilidad, paz y justicia en todo su territorio. Lo que estamos viendo es la precisión y reforzamiento de todo un andamiaje legal para lograrlo y sin ningún tufo de militarización de nada, porque una vez logrado los objetivos, Ejército y Marina regresarán gradualmente a los cuarteles para que las autoridades policiales retomen sus responsabilices, lo que sin duda constituye un paso trascendente en pro de la seguridad pública. Bien por la Cámara de Diputados y ahora el balón está en el Senado, ojalá concluyan lo ya iniciado en la cancha del legislativo federal.
ENCUENTRO GANADERO
El miércoles 6 y el jueves 7 de diciembre se celebrará el decimocuarto Encuentro Nacional Ganadero, donde entre otros temas se abordarán los avances de la renegociación del TLCAN; seguro pecuario y su cobertura nacional; y el futuro de la ganadería nacional. La conferencia magistral 'Panorama Económico 2018' correrá a cargo de Enrique Quintana, experto en temas económicos y financieros. La cita es en un hotel conocido de avenida Reforma, en la Ciudad de México, y lo convoca la Organización Nacional Ganadera, que encabeza el diputado federal Oswaldo Cházaro Montalvo.
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