La intención es despresurizar dichos centros y evitar motines que deriven en tragedias como la ocurrida en el penal de Topo Chico, Nuevo León.
En su propuesta, las legisladoras panistas señalan que los 389 centros penitenciarios que existen en México cuentan con una capacidad total instalada para 208 mil 905 reclusos.
Sin embargo, apuntan, están registrados 247 mil 488 presos, esto significa que en México existe una sobrepoblación de 38 mil 583 personas, distribuidas en 184 de los 389 centros penitenciarios, es decir, 47.3 por ciento padecen de sobrepoblación.
En la Gaceta Parlamentaria del Senado se publicó la iniciativa presentada por las senadoras Luisa María Calderón y Mariana Gómez del Campo, que propone cambios a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Se propone que los reos sentenciados por delitos del orden federal purguen sus penas en los centros penitenciarios estatales, cuando dichas cárceles se encuentren más cercanos al domicilio del sentenciado que los centros de reclusión federales.
Asimismo que exista un dictamen emitido por la Comisión Nacional de Seguridad donde se determine la mínima peligrosidad del recluso; y que el centro penitenciario estatal cuente con infraestructura suficiente para la recepción del recluso.
La reforma añade que por ningún motivo podrá trasladarse a un recluso a un centro penitenciario estatal que cuente con sobrepoblación; además de que dicha cárcel cuente con infraestructura y procedimientos de seguridad para atender el nivel de peligrosidad del recluso.
Las senadoras plantean que la federación y los estados deben garantizar espacios adecuados y separados de la población general en los Centros de Reclusión femenil para las madres internas, cuyos hijos menores de edad permanezcan con ellas para asegurar su desarrollo integral.
Dichos espacios deben incluir los servicios de alimentación nutricional, salud pediátrica, recreación y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado.
La iniciativa “busca regular los casos en que delincuentes del orden federal puedan purgar sus penas en centros de readaptación social estatales, cuidando la capacidad de población del centro receptor, la peligrosidad del reo y la infraestructura de seguridad con que se cuente”.
También se fortalece el trabajo de los reos dentro del centro de readaptación social, no sólo visto como un medio de subsistencia o para obtener ingresos monetarios, sino como un pilar del desarrollo integral de la persona.
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