CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró cuatro cuentas bancarias de los presuntos implicados en la red de lavado de dinero, entre cuyas presuntas responsables está la esposa del dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya.
Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, señaló que dicho aseguramiento es para evitar el ocultamiento o desvío de los recursos.
"El hecho de que se hubieran asegurado esos recursos no es ni debe ser considerado en perjuicio de los menores que asisten a estos centros educativos, sino para garantizar que no pudieran ser ocultados o dilapidados”, dijo.
En esta red criminal estaría implicada María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya, así como María Mayra Paredes Díaz, María Cristina Martínez y Héctor Quiroz García.
Según la investigación de la PGR, dichas personas recibieron 100 millones de pesos que estaban destinados a 17 Centros de Desarrollo Infantil que administra el Frente Popular Tierra y Libertad, ligado al PT.
Sin embargo, los recursos fueron desviados con fines de beneficio personal a través de cuentan bancarias de las citadas personas.
Los 100 millones fueron entregados a María Guadalupe Rodríguez Martínez y luego trasferidos a un fondo de inversión; entre el 2 febrero y el 13 de junio pasado, se depositaron diversas cantidades a cuentas bancarias.
A María Cristina Martínez le transfirió 6 millones de pesos y ella retiró 4.4 millones; mientras que a María Mayra Paredes Díaz le depositaron 9 millones y ella retiró 3.5 millones de pesos.
A Héctor Quiroz García le transfirieron 12 millones 899 mil 909 pesos, y retiró 11 millones 8 mil 592 pesos. Este sujeto es hasta ahora el único detenido, aunque enfrentará su proceso en libertad tras pagar una fianza de 600 mil pesos.
Al respecto, el titular de la SEIDO, aclaró que la PGR no solicitó al juez la prisión preventiva obligatoria contra Quiroz García porque esta figura legal debe ser con el nuevo sistema de justicia, la excepción y no la regla.
"El Ministerio Público ha optado por ir a solicitar la prisión preventiva solamente en aquellos casos que se considera de mayor gravedad o que existe un riesgo para las víctimas o para la sociedad, que no es el caso", manifestó.
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