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El Mexiquense hoy

domingo, 8 de octubre de 2017

Fiscalías y Policía Cobijan a Ex Ministerio Publico y Banda de Invasores en Ecatepec

Se dice que autoridades protegen a estos presuntos delincuentes



+ José Ramírez Romero y Eduardo Gudiño u


tilizan Documentos Apócrifos

+ Inmunes aún, Amenazan a Ministerio Público y Empresarios





José Ramírez Romero, ex Agente del Ministerio Publico, es señalado como presunto invasor de un predio donde está ubicada la Universidad del Grupo Cultural y Educativo Univamex

Los promotores de la invación



Por NICOLAS ILMACHIA, especial El Mexiquense

ECATEPEC, MEX.-(Alfa News).-El ex agente del Ministerio Público en Ecatepec, José Ramírez Romero, depuesto y procesado el año pasado por cohecho, encabeza junto con un individuo de nombre Eduardo Gudiño Garnica un grupo de delincuentes que invaden, roban y dañan propiedades en Ecatepec, hasta el momento con toda impunidad, con la intención de despojar a los legítimos dueños, amparados en documentos oficiales apócrifos que utilizan incluso ante el Ministerio Público y la policía con increíble éxito como si fueran auténticos, para resguardar su seguridad e inmunidad mientras se hallan en flagrancia, todo con la protección de autoridades ministeriales y la policía.
Conforme a denuncias de las víctimas, Ramírez Romero tiene varias acusaciones y carpetas en su contra en el Ministerio Público de Ecatepec (por donde se pasea campante y saludador, cobijado por funcionarios del ramo) por los delitos de invasión y despojo y, desde el principio, sus víctimas lo han identificado con su alias de La Pepa Ramírez. Su esposa utiliza sus influencias en la Mesa de Responsabilidades de Toluca para que se integren expedientes de esos casos en la capital del estado con la misma documentación falsificada y presionen de manera oficial a Ministerios Públicos de Ecatepec para que turnen las carpetas a aquella institución, con el propósito de manipularlas a favor de los intereses de su marido, en un evidente tráfico de influencias con fines delictivos.
El ex MP Ramírez Romero y Gudiño Garnica, a nombre de quien se han elaborado escrituras, oficios de ministerios públicos y prediales de la tesorería apócrifos y clonados, han sido protegidos hasta hoy en sus intentos de despojo por funcionarios de la Fiscalía Regional de Ecatepec, a espaldas del fiscal Juan Francisco Hernández Aguilar, entre los cuales se encuentran de manera preponderante su secretario particular Celso Montes de Oca Muciño, uno de cuyo “primo político” encabeza una invasión; por el jefe de ministerios públicos de Ecatepec, Mario Fragoso Quiroz y por la agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno del Centro de Justicia de Ecatepec, Jazmín Ivett Infante Espinoza; así como por la ministerio público de la Fiscalía del Transporte de Ecatepec, Laura Cecilia Turcotte Peláez, y por policías municipales bajo las órdenes del director de Seguridad Ciudadana y Vial, Arturo Centeno Cano, según testimonios de los afectados.
La impunidad de que el ex MP Ramírez Romero y su cómplice Gudiño Garnica gozan hasta el día de hoy, gracias a la protección de aquellos funcionarios, les ha permitido atreverse a intimidar y amenazar a las víctimas con atentar en contra de su integridad física, e incluso a Ministerios Públicos, como Gabriel Aguilar Barrera, de la Mesa 5 de Trámite del Centro de Justicia de San Cristóbal, a quien ya le advirtieron en dos ocasiones recientes “¡ya bájale de huevos con esta carpeta (NIC: ECA/ECA/ECI/034/122672/16/12 y NIC: ECA/ECA/ECI/114/04165/17/04) o te va a llevar la chingada!”, utilizando para estas acciones a golpeadores con que custodian las propiedades invadidas, que a bordo de camionetas han cerrado el paso a esta autoridad en cruceros de la vía pública en incidentes propios del crimen organizado. Aguilar Barrera ya puso estas amenazas del conocimiento del Fiscal Regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández Aguilar, quien sorprendido y molesto contra las violaciones al Estado de Derecho en cualquier circunstancia, ordenó todo el peso de la justicia sobre los responsables caiga quien cayere, mas siguen en la flagrancia y la impunidad amparados por oficios manipulados por Montes de Oca Muciño.
Entre otros delitos cometidos por el ex MP Ramírez Romero y su cómplice Gudiño Garnica – quien se hace pasar como “dueño” de los predios que invaden, destruyen y saquean, como el inmueble donde se ubica la Universidad del Grupo Cultural y Educativo Univamex, en avenida Central sin número, colonia Alfredo Torres – entre otros delitos han falsificado oficios de Ministerios Públicos de Ecatepec, como Elsa Villegas Sepúlveda, y los han usado para posesionarse de propiedades al amparo de la medianoche y con apoyo de patrulleros municipales, así como falsos contratos de compra-venta de terrenos con sello y firmas falsificadas de registradores de la propiedad y el comercio y registros catastrales de prediales hechizos o clonados con la complicidad de personal de la Tesorería Municipal de Ecatepec, con que engañan a otras autoridades para cometer aquellos delitos con plena libertad, sin que alguien los moleste hasta el momento.
Gibrán Morales Andrade, presidente del consejo de administración de Univamex y uno de los amenazados por el grupo delincuencial, ha presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público en la carpeta de investigación número ECA/ECA/ECI/00/MPI/114/04165/17/04 y NIC: ECA/ECA/ECI/034/122672/16/12 de la misma Mesa 5 y, en busca de cierta protección, ha recurrido a notarios públicos junto con otros afectados, como el rector de la Universidad, José Luis Morales Cárdenas, así como las demás víctimas de la invasión, para dejar asentado que temen que aquellos invasores y las autoridades cómplices atenten contra su seguridad y de sus familias ante el acoso intimidatorio y verbal al que han sido sometidos desde el 7 de septiembre cuando comenzó la agresión al grupo universitario en perjuicio inclusive de decenas de estudiantes de carreras y maestrías.
De acuerdo con denuncias contra el ex MP Ramírez Romero y Gudiño Garnica, ambos individuos intentan despojar con distintas argucias otras propiedades de empresarios ubicadas en Avenida Central, en una de las cuales a mediados de julio pasado, con complicidades de la autoridad, sembraron un delito: el “robo” de un automóvil placas LSW-3493 propiedad de Alfonso Méndez Acosta y, previa denuncia amañada ante la Fiscalía del Transporte con sede en Ecatepec, movilizaron a más de setenta elementos entre soldados, marinos, policías ministeriales y municipales, así como a cuatro agentes del ministerio público, para ¡recuperar dicho vehículo!, en un despliegue inusitado de fuerza pública bastante superior a la que el Gobierno Federal dispuso para detener al capo Joaquín El Chapo Guzmán. En este caso, asentado en la carpeta ECA/ECA/00/MPI/264/07099/17/07, también se presentaron Ramírez Romero y Gudiño Garnica con la misma documentación apócrifa como “dueños” del inmueble: una copia ilegible de la “escritura” con la partida 409 (no existe en los archivos hasta este número sino apenas arriba de los 300), Volumen 11, de títulos traslativos de dominio de fecha 8 de octubre de 1927, donde falsificaron esta vez las firmas del registrador de la propiedad y el comercio de Naucalpan con fecha de 2013, Hugo Millán Alvarez, así como la del registrador de Ecatepec de entonces. Allí presumieron de llevar una estrecha relación con el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en Tlalnepantla y ex alcalde de Ecatepec, Jorge Torres Rodríguez, quien por mera coincidencia también codicia esas propiedades utilizando el tráfico de influencias como litigante aun cuando es funcionario y también como “dueño” del inmueble con contratos de compra-venta calificados por peritos de la Procuraduría de Justicia del estado de México como falsificados por imitación en juicios correspondientes, como el expediente 531/2015 del juzgado tercero civil de Ecatepec, donde el citado magistrado encabeza como la parte que demanda como apoderado de su cómplice Miguel Angel Berumen González además como “propietario” y presiona con su influencia a la instancia judicial para eludir su comparecencia: ambos junto con la madre de este último, María Evangelina González Medina y otros involucrados, están acusados, con las pruebas documentales certificadas, ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 5 de Trámite del Centro de Justicia de San Cristóbal, Marco Antonio Rojo Resendez, de uso de documento falso o alterado en la carpeta ECA/ECA/EC1/034/032107/16/08 que ya ha sido judicializada. Con el ex alcalde de Ecatepec como padrino e impulsor, González Medina y su hijo pretendieron apropiarse del mismo inmueble con dos poderes elaborados con base en documentos falsos y otras argucias y, sin embargo, ambos panfletos fueron anulados en todas las instancias en el expediente 56/2013 del Juzgado Cuarto Mercantil de Primera Instancia de Naucalpan, al decretarse apócrifos.
Al frente de un grupo de cuatro ministerios públicos entre los cuales estaba su esposo Efraín Méndez Gómez, Diana María Lozano Torres y Angela Edith Cruz Hernández, la ministerio público de la Fiscalía del Transporte, Laura Cecilia Turcotte Peláez, encabezó una orden de cateo en un lugar público: un lote de autos ubicado en avenida Central esquina con Francisco Márquez, a un lado de de la Universidad Univamex, para ir a rescatar el automóvil sembrado como robado, para lo cual, para espanto de los vecinos y el tránsito citadino, tomó por asalto el inmueble con más de setenta elementos del Ejército y la Marina y con policías ministeriales y municipales y colocó un sello con la leyenda “inmueble asegurado”, en un evidente abuso de autoridad y uso irracional, ofensivo y fuera de las normas legales de aquellas instituciones del Gobierno Federal. Una consulta al Registro Nacional Vehicular (Renave) el 25 de julio de 2017 aclaró que dicho automóvil tuvo reporte de robo el 21 de febrero de 2008 y fue recuperado en la misma fecha – hace nueve años – por la PGM México, lo cual despierta más sospechas sobre el proceder de Turcotte Peláez y compañía. Según los rumores en el Centro de Justicia de San Cristóbal, preparaban sembrar otro delito en la Universidad Univamex para asegurar el inmueble, pero al final optaron por la invasión.
Entre tanto, Ramírez Romero, de 49 años, usaba el número de gafete AMP-1719 cuando el 26 de febrero de 2016 fue destituido como agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de San Cristóbal Ecatepec y sometido a proceso en la carpeta de investigación número 19431036002515 de la Fiscalía para Servidores Públicos, por extorsionar a Francisco Javier Escamilla, de 19 años, para que le entregara varios miles de pesos para permitirle firmar su medida cautelar o de lo contrario lo “mandaba de nueva cuenta al reclusorio donde purgaba una sentencia por un delito”, de acuerdo con la nota periodística de aquella fecha firmada por Fernando Solís Cruz en el portal noticioso afondoedomex.com.
El fiscal Hernández Aguilar fue puesto del conocimiento de estos hechos hace unos días, mientras visitaba el Centro de Justicia de San Cristóbal, por uno de los abogados de las víctimas, pero en el encuentro terció oficioso y con ansias inocultables el jefe de los ministerios públicos, Mario Fragoso Quiroz, para afirmar contundente que el inmueble universitario “es propiedad del ex ministerio público Ramírez Romero”. Ante el rechazo de esta versión falsa por parte del representante de los auténticos dueños, Fragoso Quiroz insistió tanto y más en su versión como si fuera abogado defensor de los invasores en asegurar que poseían escrituras, hasta que incomodó al fiscal, quien molesto con la oficiosidad y perseverancia del funcionario público le acotó con un “¿tienes tu algún interés en este caso?” Unos días después el propio Fragoso Quiroz, en una audiencia “conciliatoria”, presentó al ex MP Ramírez Romero y a dos golpeadores que resguardan la invasión e iban acompañándolo – uno de los cuales, con aretes pendientes de sus orejas, fue identificado como “primo político” del secretario particular del Fiscal –, presentó al trío invasor ante Gibrán Morales y apoderados de Univamex y los apoderados de Mausoleos San Cristóbal (al cual pertenece el terreno como reserva del panteón, como establece la concesión), encabezados por Armando Nicolás Sepúlveda, como “los señores dueños del inmueble” y hasta les solicitó a los invasores con candidez impropia de una autoridad “su permiso para que el ministerio público haga una inspección” al interior de la invasión. Allí mismo el ex MP Ramírez Romero y acompañantes se pusieron a temblar y guardaron silencio cuando los ofendidos los denunciaron en presencia del jefe de ministerios públicos que estaban usando documentos falsificados en estos asuntos.
A escondidas del fiscal Hernández Aguilar, cuya rectitud y apego a Derecho se pondera en los tribunales y combate cualquier desviación del ministerio público con signos de intereses personales, otras instancias de su esfera, como su secretario particular según es en el Centro de Justicia de Ecatepec “un secreto a voces”, han metido sus manos para proteger al grupo de invasores encabezados por el ex MP Ramírez Romero y Gudiño Garnica. Por ejemplo la agente del Ministerio Público adscrito al tercer turno del Centro de Justicia de San Cristóbal, Jazmín Ivett Infante Espinoza, intentó bloquear e impedir que se levantara una denuncia por abuso de autoridad contra quien resulte responsable, en perjuicio de Univamex y tres de sus trabajadores que fueron salvajemente golpeados el día 15 de septiembre pasado al interior de la Universidad por la policía municipal al amparo de oficios del MP falsos, mas la intervención del fiscal Hernández Aguilar facilitó el inicio de la carpeta NIC: ECA/EC1/00/MPI013/09914/17/09 ante la mesa de responsabilidades de funcionarios públicos.
Mientras tanto los invasores continúan en el inmueble amparados por la policía municipal con un nuevo oficio que ordenó y manipulo Celso Montes de Oca Muciño, el mismo secretario particular del Fiscal, en sustitución del falsificado a la MP Elsa Villegas Sepúlveda con que los delincuentes se apoyaron para invadir a la medianoche del 7 de septiembre pasado, luego de ordenar aquel funcionario al ministerio publico Gabriel Aguilar Barrera que cancelara otro oficio que daba protección a los verdaderos dueños y poseedores de la Universidad, para cobijar a la delincuencia incluso con el ingreso permanente de los patrulleros a la Universidad Univamex invadida.
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