Día a día los titulares de los medios de comunicación denuncian casos de corrupción; cada uno refleja distintas facetas de cómo se ejerce en México. En las últimas semanas vimos la detención de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; la de Yarrington, exgobernador de Tamaulipas; y la de Edgar Veytia, fiscal de Nayarit. Cada una muestra matices de la corrupción en nuestro país.
El caso Duarte se trata, de acuerdo con la investigación de Animal Político, de la desviación de recursos públicos para beneficio privado o enriquecimiento ilícito. El caso Yarrington es distinto: este exgobernador llevaba prófugo varios años y está acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, y vínculos con el narcotráfico. El fiscal de Nayarit es acusado de conspirar para distribuir drogas en Estados Unidos.
Estos tres casos demuestran que la corrupción en nuestro país no es un tema de personas, sino de redes y diversos tipos de colusión. En los tres se puede seguir la ruta del dinero para rastrear las complicidades.
Algunos casos implican dinero público que va de la federación a los estados y que los congresos locales aprueban. Otros involucran dinero del narcotráfico, como en el caso de Veytia. Unos más abarcan dinero privado proveniente de corrupción en contrataciones públicas.
Si bien cada caso tiene sus particularidades, es parte de un solo fenómeno; y pensar que bastará con aclarar uno para dar vuelta a la siguiente página sólo incrementará la percepción de impunidad. Por esa razón preocupa que sólo el caso contra Duarte fue iniciado o promovido por el Estado mexicano. Los casos restantes responden a procesos en el extranjero. En la opinión pública existe la percepción de que no es evidente que el gobierno mexicano tenga voluntad de captura a posibles autoridades corruptas. En este contexto me parece que debemos preguntarnos ¿qué falta para que los nuevos arreglos institucionales nos permitan iniciar un serio proceso de control sobre este fenómeno?, y ¿cuál será el papel de cada una de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales para prevenir casos como los descritos?
No basta con detener a un pez gordo, la expectativa de la población es que las redes de corrupción se desmantelen. Esta expectativa, que celebro, surge, me da la impresión, de un ejercicio de apertura: del diálogo entre actores políticos, en particular legisladores, la sociedad civil organizada y la prensa. La construcción del SNA es el fruto de la deliberación entre el Poder Legislativo federal y de la iniciativa y el seguimiento de una sociedad civil organizada fuerte. Por su parte, las denuncias de los casos de corrupción y sus redes son resultado de una prensa de investigación activa y en auge. ¿Las expectativas serán satisfechas? El desafío del SNA es fortalecer y potencializar las atribuciones de cada uno de sus integrantes para prevenir, perseguir, castigar y desmantelar redes de corrupción y, para ello, son necesarios liderazgos políticos que faciliten y promuevan esos procesos a nivel federal y estatal.
Para vigilar que esto sea así, es crucial ensanchar los espacios de apertura en el SNA para que la colaboración entre servidores públicos, población y prensa continúe. Por esta razón hago eco de la petición del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de respetar los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad en todos los nombramientos del SNA y los 32 sistemas locales.
En el contexto de las próximas elecciones estatales y federales, es importante identificar e impulsar los liderazgos políticos que están dispuestos a fortalecer y facilitar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales. Liderazgos políticos atentos a las auditorías cuando señalan mal uso o desvío de recursos para actuar, que impulsan la apertura para permitir que la población controle la forma en que ejercerán el poder.
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