Por José Ureña
La lucha contra la corrupción es la industria más productiva.
Y no de ahora, sino desde tiempo inmemorial.
A la historia:
En 1982, en aras de las acusaciones de corrupción sobre el gobierno de José López Portillo, Miguel de la Madrid hizo campaña y anunció su gran campaña denominada Renovación moral de la sociedad.
Así nació en el primer diciembre de aquel sexenio la Secretaría de la Contraloría (entonces Secofeg), a cargo del mexiquense Francisco Rojas Gutiérrez.
Como era bandera política, las contralorías se reprodujeron como conejos en todos los ámbitos: todas las Secretarías de Estado, las Direcciones Generales, los Gobiernos estatales, los municipios…
Cada dependencia creó su contraloría interna y todos creímos en el milagro:
-La sociedad mexicana se renovaría moralmente y se terminarían los desvíos de recursos para acabar con la generación sexenal –trienal en el caso de los municipios y Congresos locales– de comaladas de ricos.
Pero 34 años después seguimos igual… o peor.
De la Colina del Perro de López Portillo pasamos a la Casa Blanca de Angélica Rivera, cuya operación y existencia ha marcado la administración de Enrique Peña Nieto.
34 años de discursos sin resultados
Desde 1982 la bandera anticorrupción ha sido la misma con los mismos resultados: nada.
¿Por qué?
Por supuesto, por la sociedad.
No ha creado mecanismos para exigir claridad en las cuentas públicas y así tenemos obscuridad en todos los ámbitos, sin importar su signo, su nivel y, peor aún, ascendencia.
¿O acaso Ricardo Anaya ignora cómo Felipe Calderón se hizo de una residencia en Las Águilas apenas tomó posesión como director de Banobras en tiempos de Vicente Fox en un acto moralmente cuestionable?
¿O Andrés Manuel López ha olvidado su acuerdo para mantener cerradas las cuentas del Segundo Piso para no saber cómo Claudia Sheinbaum manejó a discreción casi mil millones de pesos?
Contralorías, como hongos sin fruto
Lo anterior puede resultar menor frente a otra realidad:
La supuesta lucha contra la corrupción ha generado en los gobiernos de los tres niveles un enorme aparato de corrupción, cuyo costo está por encima de las evaluaciones oficiales.
A las cifras:
Oficialmente hay más de medio millar de contralorías, desde la SFP hasta la Auditoría Superior (ASF, siempre manejada por el PRD).
La cuota política como parte de la corrupción.
Contralorías federales, estatales, municipales, legislativas…
Todas ineficaces.
Si fueran eficientes, detendrían la corrupción al momento de los concursos, de las asignaciones, de las compras sospechosas, de las convocatorias o de la distribución de recursos.
El desvío de un peso federal dedicado a escuelas se detectaría al instante y ya no pasaría al siguiente orden de vigilancia y menos llegaría a la PGR.
O al escándalo público, más eficiente que la SFP, la ASF, la PGR y organismos similares, recién abortados o por nacer.
Pero como no funcionan, como están penetradas por la corrupción, las prácticas de los setenta –de José López Portillo, para ubicarlas en tiempo–, la corrupción sigue rampante.
Y seguirá con el Sistema Nacional Anticorrupción.
¡Qué vergüenza!
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