Uno de los activos más importantes del país es la credibilidad de instituciones autónomas, como lo son el INEGI y el Coneval.
Es muy importante que sepamos mejor cuál es el número de pobres en México; es también de gran importancia que veamos cómo han evolucionado los datos.
En lo primero, el INEGI está muy interesado. En lo segundo, el Coneval.
Pero, más importante que los datos, es el tema de la credibilidad.
Si resulta que la imagen que al final queda –sin razón, como lo comentamos ayer en este espacio– es que el INEGI manipula las cifras para favorecer al gobierno, estamos echando por tierra una construcción que tardó lustros en conformarse.
Y, si al final, queda la imagen de que el Coneval lo que quiere es perjudicar al gobierno haciendo uso político de las cifras de pobreza –tampoco hay fundamento para ello, a mi parecer–, entonces se va a perder la confiablidad de esta institución.
Percibo que en este debate, no se ha dimensionado el significado de la pérdida de credibilidad.
Si viviéramos en un ambiente en el que hay una mayoría de personas calificadas, que tuviera el criterio para valorar los méritos del argumento de Coneval, que apunta a la comparabilidad en el tiempo de los datos, o de lo que apunta el INEGI que argumenta la precisión de la información que se captó en 2015, simplemente sería un asunto de ponderar y evaluar los argumentos.
No nos equivoquemos, en un ambiente como el que vivimos, el cuestionamiento al INEGI implica minar la credibilidad de una institución que ha sido clave para la construcción del México moderno.
Y Coneval, sin tener la relevancia del INEGI como fuente de información, ha sido clave para generar una de las variables clave enlas políticas públicas: la medida de la pobreza.
Si dejamos la impresión de que el INEGI es un instrumento para producir información favorable al régimen, vamos a retroceder 30 años y vamos a cometer una injusticia con cientos de técnicos calificados, honestos y comprometidos del Instituto.
Si la percepción es que el Coneval está formado por unos irresponsables que quieren descarrilar la política social en México, va a costar muy caro, pues por muchos años no tendremos una medición confiable de la pobreza en México.
Mi percepción es que hasta ahora se trata de un duelo de egos y poderes.
El INEGI esgrime que tiene autonomía constitucional y que tiene el derecho de hacer lo que considere correcto.
Ayer explicó Félix Vélez, vicepresidente del Instituto, en ‘Así la Cosas’ de XEW: “enviamos el Manual del Entrevistador al Coneval. Pero creo que nos faltó ser más enfáticos… debe haber habido mejor comunicación con los Consejeros de Coneval”. El argumento es: yo te dije, si no me hiciste caso es tu culpa. No es justificable ese argumento. Suena a un intento de eludir el contacto.
Y el Coneval quién sabe en qué andaba porque hay una copia de ese Manual con sello de recibido el 3 de junio de 2015.
¿Habrá la comprensión de que lo que se juega es la credibilidad institucional? Algo mucho más relevante que el prestigio de Gonzalo, Julio, Eduardo o quien sea.
No estoy seguro, pero así lo espero.
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