José Angel Gurria, Secretario General de la OCDE. (Archvio/Eladio Ortiz)
CIUDAD DE MÉXICO.- La autonomía y la independencia de las instituciones que van a conformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es esencial para asegurar que éste sea eficaz, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En enero pasado, el organismo que encabeza José Ángel Gurría entregó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) los resultados del estudio sobre el funcionamiento del Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal en México, el cual no se hizo público.
La reforma del SNA amplió el mandato del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para actuar como tribunal de primera instancia en delitos graves de corrupción y, además, permite a la Auditoría Superior de la Federación iniciar investigaciones; en tanto, la SFP mantiene jurisdicción sobre los delitos menos graves.
De acuerdo con el análisis obtenido mediante una solicitud de información, con el fin de garantizar la imparcialidad y la objetividad, el Tribunal tendrá que asegurarse de que se adhiere a los principios de independencia, lo cual será fundamental en la transición hacia el nuevo modelo.
Es decir, es claro el mandato legal para que el tribunal asigne jueces objetivos y transparentes, forme y remunere de manera adecuada a los jueces, y, sobre todo, establezca comités judiciales internos para, de ser necesario, auditar e investigar decisiones de conflicto de intereses de jueces.
“Una mayor transparencia de los activos (declaraciones patrimoniales y fiscal) y el potencial conflicto de interés (declaración de intereses) también podría mejorar la equidad y la legitimidad del nuevo régimen”.
En ese sentido, en el Congreso circula una propuesta que elimina la obligatoriedad de los servidores de presentar su declaración de intereses, fiscal y patrimonial.
El estudio de la OCDE además señala que los planes para acelerar la profesionalización de los órganos de control interno podría, en caso de aplicarse en escala adecuada, contribuir a garantizar la autonomía y la eficacia del proceso disciplinario general.
Estas recomendaciones están consideradas en las propuestas realizadas por la sociedad civil, en específico en la Ley #3de3.
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