El consumo de drogas, alcohol y tabaco en los centros laborales de México va en aumento. Tan sólo en la industria manufacturera se detectó que de mil trabajadores 60% era adicto, de acuerdo con información de la Confederación de Trabajadores de México
Por Cecilia Sánchez
Convocados por la Universidad Johns Hopkins y la reconocida revista médica The Lancet, expertos médicos internacionales condenaron las políticas contra las drogas, ya que aseguran que fracasaron y han causado daños a la salud y a los derechos humanos alrededor del mundo.
Resaltaron el caso de México en el que dijeron que el nivel de la violencia, es un ejemplo del fracaso de esas políticas, recomendaron avanzar hacia la despenalización de todos los estupefacientes ilícitos, sumándose así a un creciente coro de organizaciones que exigen poner fin a las medidas prohibicionistas de los pasados 50 años.
Agregaron que las políticas antinarcóticos basadas en la prohibición “directa e indirecta contribuyen a la violencia letal, la enfermedad, la discriminación, el desplazamiento forzado, el dolor físico innecesario, y minan las garantías de los pueblos a la salud.
Los países han fracasado en reconocer y reparar los daños a la salud y los derechos humanos que la promoción de la prohibición y supresión de drogas han causado. Además evaden sus responsabilidades legales, subrayan en sus conclusiones.
En su extensa evaluación, la Comisión sobre Política de Drogas y Salud Johns Hopkins-Lancet señala, a manera de ejemplo sobre las consecuencias de las actuales políticas antinarcóticos, el dramático incremento de los homicidios en México desde que el gobierno adoptó una respuesta militar al narcotráfico en 2006. Enfatiza que dicho aumento fue de tal magnitud, que los expertos han tenido que revisar a la baja las expectativas de vida en el país. También ponen a México de ejemplo en materia de violaciones a los derechos humanos –incluyen tortura y abuso físico de prisioneros– y en la aplicación de medidas excesivamente punitivas para el control de drogas.
Entre otros puntos, indican que las tasas crecientes de VIH-sida y hepatitis C entre usuarios de estupefacientes están directamente vinculadas con el uso excesivode encarcelamiento y disparidades raciales evidentes en países como Estados Unidos (donde para los hombres afroestadunidenses las probabilidades de ser recluidos por delitos relacionados con narcóticos que sus contrapartes blancas, a pesar de que las tasas de uso de drogas son casi iguales) en las prácticas de seguridad pública contra el consumo de esas sustancias.
Por otro lado, señalan que las medidas que buscan eliminar las drogas han llevado a “prácticas agresivas y dañinas contra gente que se dedica al cultivo de plantas utilizadas en la manufactura de estupefacientes, especialmente hoja de coca, amapola y cannabis”. Agregan que el uso de químicos dispersados al aire ha tenido efectos nocivos muy serios.
La meta de prohibir todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas ilícitas es la base de muchas de nuestras leyes nacionales en la materia, pero esas políticas están basadas en ideas de uso y dependencia de ciertas sustancias que no están fundamentadas científicamente, comentó a medios el doctor Chris Beyrer, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de la Universidad Johns Hopkins, e integrante de dicha comisión. Afirmó: La guerra contra las drogas ha dañado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo. Es hora de repensar nuestra manera de abordar las políticas globales en ese asunto y poner la evidencia científica y la salud pública en el centro de las discusiones.
Expresan que “el sistema internacional de control de drogas tiene origen en instrumentos legales de hace décadas, encuadrado más enpolitiqueo que en ciencia”.
Ante esto no sólo proponen la despenalización de todo uso y posesión no violenta de drogas. Recomiendan experimentar con la legalización y regulación de ciertos tipos de estupefacientes, tal como varios estados estadunidenses han hecho en el caso de la mariguana. Proponen reducir la violencia de esas medidas, incluyendo dejar por etapas el uso de las fuerzas armadas, en los esfuerzos de las políticas públicas antidrogas.
La presentación de dicha investigación y las recomendaciones se hacen justo para influir en la víspera de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (Ungass) –la cual fue propuesta, entre otros países, por México–, programada para abril próximo.
No están solos. De hecho, en Estados Unidos ya hay un giro hacia la despenalización en varios estados (Colorado, Washington, Oregon y otros ya han legalizado y regulado el uso recreativo de la mariguana) y se sumarán otros a esta lista en un futuro cercano. A la vez, figuras reconocidas a escala internacional han continuado divulgando el fracaso de esas políticas.
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