La cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México (Cuartoscuro).
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En la cárcel federal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, de donde se fugó el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, están presos otros criminales de alto rango.
Uno de ellos es Servando Gómez Martínez la Tuta, fundador y líder del grupo criminal los Caballeros Templarios, quien ingresó a esta prisión en febrero de 2015, acusado de encabezar una de las redes criminales y de drogas "más crueles y violentas" del mundo, como lo calificó la DEA.
A esa cárcel, ingresó también en noviembre de 2014 José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, vinculado con la desparaición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
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Édgar Valdez Villarreal la Barbie, operador de Arturo Beltrán Leyva, también se encuentra recluido en este penal. La Barbie fue detenido por las autoridades en agosto de 2010. Era el encargado de actividades criminales en Acapulco, Guerrero. Nació en Texas, Estados Unidos, y era conocido como uno de los criminales más sanguinarios que operaban en México.
Otro hombre que era vecino de el Chapo en el Altiplano es Héctor Beltrán Leyva, el H, identificado en su momento como líder del cártel de los Beltrán Leyva. A él lo detuvieron en octubre de 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato.
A la cárcel ubicada en el Estado de México, tras ser detenido en un operativo sin un solo disparo en Tamaulipas en julio de 2013, también ingresó Miguel Ángel Treviño, Z-40, quien encabezó al sanguinario grupo criminal de los Zetas.
Otros personajes que son residentes de esa prisión son Mario Aburto Martínez, acusado por la muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, y Daniel Arizmendi López, conocido como elMochaorejas por sus actividades de secuestro y mutilaciones.
La construcción del penal del Altiplano se remonta al sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).
Según reportes de medios mexicanos, tanto el Chapo Guzmán como la Barbie y otros criminales presentaron desde febrero pasado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por presuntas malas condiciones en su zona de reclusión.
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