Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato e imposibilidad para presentar quejas son el común denominador de fallas que encontró en su visita en México el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras una visita de trabajo realizada entre el 22 y 24 de septiembre pasado, James Cavallaro –relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad– también “observó condiciones deplorables en las celdas de castigo” en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, en el DF, donde “una de las internas refirió llevar encerrada tres meses en celdas de castigo”, de acuerdo con un comunicado de la Comisión.
También destacó el tema de la sobrepoblación. Durante su visita en el reclusorio Oriente, también en la Ciudad de México, el relator encontró que había una población de 12 mil 883 personas, cuando su capacidad es para 5 604 personas.
Este reporte es presentado un día después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentara un reporte sobre cárceles.
México tiene una sobrepoblación carcelaria de un 25% de manera continuada durante los últimos 10 años y el Distrito Federal es el lugar en el que se registran los mayores problemas de hacinamiento en las prisiones, de acuerdo con la CNDH.
“Hay una grave crisis en las prisiones mexicanas”, dijo el miércoles Ruth Villanueva, visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la presentación de un análisis puntual sobre el tema.
Según el informe, 28 de los 388 centros penales del país se registra una sobrepoblación de más del 40%, una situación calificada por las autoridades como “riesgo crítico”.
Hay penales donde se registra un 100% de sobrepoblación.
El análisis detalla que en otros 20 centros penales se registra una sobrepoblación de más del 20% de la capacidad para la que están preparados y especifica que en el caso del Distrito Federal hay tres reclusorios diseñados para 1.200 reos con una capacidad ya ampliada a 6.000 personas, pero que en la actualidad albergan a 13.000 internos.
Además, uno de cada cuatro de los 254.000 prisioneros encerrados en el sistema penitenciario no cuenta con un espacio óptimo de habitabilidad. Esto es: no tiene cama. “La sobrepoblación lleva a la ingobernabilidad y ésta, a su vez, al autogobierno. Hay falta de personal y el personal no siempre está capacitado, es el caldo de cultivo perfecto para que sean los presos quienes marcan su propia normatividad”, dijo Villanueva. El informe recoge que el autogobierno se registra en 76 centros penales. “Y eso es muy grave”.
Otro de los principales problemas que denuncia la Comisión es que la salud en el interior de los penales es “un derecho muy mermado”.
“Los privados de libertad no son atendidos, no hay medicamentos, hay carencia de médicos generales, no digamos de especialistas”, detalló la funcionaria. Villanueva también criticó el sistema actual de penas, largas y acumuladas de hasta más de un siglo. “La gente va a envejecer y morir en prisión y eso requiere atención geriátrica además de que va en contra del principio de reinserción social recogido en la constitución”.
La Comisión criticó que, en un contexto en el que la mitad de los prisioneros lo son en calidad de procesados, no cuentan con una condena en su contra, no se cumple la separación de ambos tipos de presos. Al igual que no se cumple la separación por sexos, por tercera edad, por población indígena ni por condición de primodelincuentes.
También señaló que la calidad y cantidad de los alimentos no son los adecuados y muchas veces es la familia quien debe correr con los gastos.
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