“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, dice el reclamo y dice bien. Sólo hay que agregarle: “y también queremos a los hijos de puta que se los llevaron”.
De eso se trata: de dar con la verdad completa y castigar a todos los participantes en esa monstruosidad que nos consterna.
Durante su comparecencia en el Senado, la procuradora Arely Gómez anunció que se realizará un tercer peritaje para dilucidar qué pasó en el basurero de Cocula la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El crimen fue demasiado grave como para dejarlo en un limbo de dos versiones contrapuestas: ¿quemaron ahí a los normalistas, sí o no?
Lo peor que podría hacer el gobierno es casarse con su verdad y negar el peritaje que mandó hacer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta encargó al GIEI.
La versión de la PGR y la del GIEI son versiones excluyentes. Es una o es otra, en cuanto al destino de los secuestrados esa noche.
Que venga un tercer peritaje, pero que sea serio, no un reporte a ojo de buen cubero como el realizado por José Torero que en 20 minutos, con sólo ver el sitio del crimen, de manera irresponsable alimentó esperanzas infundadas a los padres de los 43 normalistas.
A muchos no nos gusta la forma en que procedieron los integrantes del GIEI y su reporte parece, en lo sustancial, irresponsable. Pero no es un asunto de fe, sino científico. Y en medio de esa disputa está uno de los crímenes más atroces que se hayan cometido en el país.
Arely Gómez también anunció en esa comparecencia la apertura de nuevas líneas de investigación y una indagatoria más exhaustiva del “quinto autobús” secuestrado por los normalistas y que pudo haber estado cargado con heroína para ser enviada a Illinois.
Eso quiere decir que, como recomendó el GIEI, se irá más a fondo en la vertiente del narcotráfico, ligada a la desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa.
Por ahí tiene que venir una indagatoria a los vínculos de los directivos de la Normal Rural Isidro Burgos con el cártel de Los Rojos, enemigos de Guerreros Unidos, que desaparecieron (mataron e incineraron) a los
estudiantes.
Ha pasado más de un año y aún no se responde a una de las preguntas centrales de esa tragedia: ¿por qué mandaron a los normalistas a Iguala, que queda a 250 kilómetros de Ayotzinapa?
“Iguala no está cerrado”, dijo la procuradora. Y si sigue abierto, los directivos de la Normal tienen que responder, pues ellos mandaron a Iguala a los normalistas (que iban a Chilpancingo) y hasta ahora no se les ha tocado ni con la hoja de un citatorio.
Si va a haber un tercer peritaje y existen nuevas líneas de investigación, éstas deben agotarse sin cortesías de orden político que obstaculicen la verdad. Tiene que conocerse la verdad completa y todos los responsables deben ser castigados.
Twitter: @PabloHiriart
No hay comentarios :
Publicar un comentario