Actualmente existen ambulancias apócrifas que operan en diversos municipios, sin estar reguladas, ni autorizadas por las autoridades. Esas unidades carecen de personal capacitado, o calificado, cobran cuotas de mil a 5 mil pesos y llevan a los pacientes a hospitales donde les imponen tarifas desproporcionadas.
La diputada del PRD, Xóchitl Arzola, advirtió que se requiere normar esas ambulancias, pues incluso realizan colectas entre los automovilistas o pasajeros del transporte público, circulan sin placas, con logotipos apócrifos o sin las debidas medidas de higiene y seguridad.
Por ello, advirtió la necesidad de regularlas, establecer un registro estatal de ambulancias y que sólo puedan circular si tienen un dictamen de factibilidad de impacto sanitario para evitar que operen en el clandestinaje.
"Hay organizaciones y grupos que ofrecen servicios de atención de emergencias médicas mediante ambulancias apócrifas, las cuales operan en diversos puntos del estado, principalmente en los municipios que colindan con la Ciudad de México".
"No es un asunto menor esta problemática, dichas unidades no cumplen con las regulaciones sanitarias existentes, actúan de muy variada e irregular forma realizando colectas entre los automovilistas o pasajeros del transporte público, circulan sin placas, con logotipos apócrifos o sin las debidas medidas de higiene y seguridad", advirtió.
A pesar de que es un derecho de primer orden el acceso a la salud en el país y en el Estado de México, la legisladora advirtió que en la realidad hay problemas estructurales que tienen que ver con la falta de presupuesto, una deficiente infraestructura y una precaria calidad en los servicios y la operación de ambulancias apócrifas.
"Lo más grave es que aun cuando no cumplen con los mínimos necesarios para brindar un servicio adecuado, exigen retribuciones que van desde mil hasta cinco mil pesos a los familiares de los enfermos o accidentados, más lo que les paga el hospital porque les canalicen la personas a sus centros médicos, donde se les cobra de manera desproporcionada el servicio, ocasionando que muchos pacientes y familiares tenga que hipotecar su patrimonio para pagar".
"Con ese modo de operar se relega a segundo plano la salud, ya que durante el tiempo de espera para que un familiar del paciente se traslade a la unidad médica y firme el ingreso se pierde tiempo valioso que en casos de emergencia resulta vital para salvar la vida o evitar daños irreversibles'', advirtió.
Sumado a eso, dijo que el personal que opera esos vehículos carece de conocimientos y profesionalismo para ofrecer atención de calidad; por lo cual es urgente regular el problema, a fin de eliminar el clandestinaje y los abusos hacia la población. La solución, dijo, es incluir en los servicios de salud que presta el estado en materia de salubridad general, la atención médica de actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación, y la atención prehospitalaria de urgencias médicas
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