La obligación del cambio

Uno de los puntos negros de esta elección ha sido la enorme cantidad de denuncias ante la FEPADE y, mucho más, en las redes sociales.


Por Jorge Fernández Menéndez

Al momento de escribir estas líneas no hay aún resultados electorales definitivos. En unas horas más habrá tendencias y quienes se declaren ganadores y robados (en nuestro país casi nadie reconoce con honestidad, en casi nada, que perdió). De todas formas, viendo cómo se ha desarrollado la elección serán muchos los resultados cerrados, serán más aun los que terminarán impugnados, con razón o sin ella, y muchos los que terminarán siendo decididos en tribunales.
De todas formas, con las urnas cerradas en casi todo el país, se puede sacar conclusiones. La primera es que, pese a todo, fue mucha más la gente que decidió votar, la que quiere castigar o premiar, cambiar o conservar, por la vía del voto, que aquella que apuesta a la intolerancia y a la violencia. No es una noticia menor en un país donde una serie de grupos criminales enarbolando banderas políticas le han quitado a la sociedad el protagonismo mediático durante semanas.
Es verdad que hubo hechos violentos en algunos lugares de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Chiapas, también que ha habido otros incidentes aislados muy específicos en otros estados, pero en el país la gente votó en comicios que no han sido tan concurridos, como era deseable, pero que han tenido una participación que está, en promedio, cercana a las dos últimas elecciones intermedias, la del 2003 y la del 2009. Tlapa y Tixtla, Ocosingo y Pinotepa son parte de la realidad pero no la que vive la mayor parte del país. Dice Fernando Savater que “las democracias son un estado de cordura colectiva”. Es verdad, y a pesar de todo el país sigue manteniendo la cordura.
Por cierto, en este capítulo de la violencia queda de manifiesto, una vez más, que la misma sí es enarbolada por movimientos sociales que tienen mayor o menor representatividad, pero, en realidad, los que la ejercen son grupos armados que postulan una vía violenta al poder, que terminan siendo delatados por sus lugares de operación, aquellos en los que la violencia sigue siendo una norma: desde Tlapa y Tixtla, tierra del ERPI, hasta Ocosingo, donde sigue mandando una fracción radical de lo que fue el EZLN.
Uno de los puntos negros de esta elección ha sido la enorme cantidad de denuncias ante la Fepade y, mucho más, en las redes sociales. Me parece una insensatez que Miguel El Piojo Herrera, técnico de la Selección y otros personajes (que no personalidades) hayan utilizado la jornada electoral para publicitar sus preferencias electorales. Es un error, en muchos sentidos, vano: nadie cambió su voto por lo que escribió El Piojo. Pero no es ilegal, aunque en ese sentido ni el INE ni los partidos que condenaron al Verde jamás condenaron públicamente que, en la mañana, la red se llenara de mensajes anunciando un fraude electoral cuando ni siquiera se habían abierto las casillas. Morena ha sido la cabeza de ello, en las redes y en los tribunales: se ha cansado de presentar denuncias, sobre todo en el DF, aunque ni siquiera los observadores de la OEA las vieron. Pero en términos legales es tan errado como legítimo lo hecho por Morena como por el Verde, aunque la reacción de la corrección política no los haya evaluado igual.
En este sentido, la nueva ley electoral dejó de manifiesto algunos beneficios, pero exhibió muchas limitaciones y una sobrerregulación que lo único que logra es complejizar el proceso y alentar la judicialización. Esta ley tiene muchos errores de fondo y de forma, derivados, muchos de ellos, de la prisa con que fue redactada y votada, y de la falta de corresponsabilidad de los partidos con la ley. Los costos reales de la elección son difíciles de cuantificar: por lo pronto, ésta ha sido la elección más cara de la historia. El INE tuvo un presupuesto de unos seis mil millones de pesos; los partidos recibieron una partida similar; hubo, al final, 44 millones de spots (ahora sí que estos comicios un spot por cada elector nos dio) que valen, comercialmente, unos 25 mil millones de pesos, y el dinero negro que se movió, tan presente como las campañas negras, fue inconmensurable. No podemos ir al 2018 sin cambios profundos a la ley electoral.
También se necesitarán, a partir de hoy, más allá de los resultados, cambios en el gobierno y en los partidos, aunque éstos resultan los más refractarios a aceptar que la realidad ya los superó. En términos de gobierno federal, esta elección significa el cierre de una etapa: se requieren cambios de funcionarios y de políticas. Desde hoy, y bastante antes de que inicie la próxima legislatura, el primero de septiembre, debe haber cambios en la política, en el discurso, en funcionarios. En una democracia nadie gana todo y nadie debe perder todo, pero es ineludible leer tanto los resultados como el contexto en el que éstos se dieron y actuar en consecuencia. Y la demanda de cambios es una realidad. Para todos, pero el gobierno federal es el que más rápido y con mayor claridad debe leer estos resultados y este proceso