Cambio de gabinete, sin cambio

Por Raymundo Riva Palacio


El 15 de mayo en la ceremonia del Día del Maestro, el presidente Enrique Peña Nieto notó que todos los subsecretarios de Educación eran nuevos. A mí no me gusta cambiar, le dijo el presidente al secretario Emilio Chuayffet. Su aversión a los cambios es conocida desde el Estado de México, y explica por qué pese a los problemas de imagen y las deficiencias de algunos de sus colaboradores, ha mantenido el mismo equipo desde el arranque de la administración. Pensaba hacer un primer ajuste pasadas las elecciones, y el jefe de Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, revisó todo este tiempo los perfiles de los posibles nuevos integrantes del gabinete.

El nuevo equipo respondería a la previsión en Los Pinos de ganar la mayoría en el Congreso. Aunque eso sucedió y los resultados fueron un revés para el PRI –perdieron dos millones de votos en la peor elección intermedia de su historia y dejaron de gobernar a diez millones de mexicanos–, Nuño le dijo a Peña Nieto que había sido un referéndum de sus reformas. El presidente lo creyó. Los planes, sin embargo, se alteraron por las derrotas en Querétaro y Nuevo León, que provocaron que la embajada de México en Washington saliera de la ecuación electoral y se adelantara el nombramiento.

Una nueva externalidad modificó aún más los planes originales: la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La evasión del criminal golpeó el corazón del gabinete. El escape aceleró la especulación de los cambios en el gobierno y despertó la imaginación de muchos, incluso en el entorno cercano del presidente. Uno de ellos le preguntó al presidente a quién pensaba nombrar al frente de la Secretaría de Gobernación. El presidente, de acuerdo con quienes conocen de ese diálogo, respondió que quién decía que iba a cambiar a Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario de Gobernación, les quedó claro en ese momento, no sería relevado del cargo. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo sabían mucho antes, tampoco. La pregunta que se hacen en los pasillos de poder es que si los cambios que piensan se darán a conocer esta semana, no toca a los dos pilares del presidente, ¿para qué entonces cambiar?

Un cambio de gabinete se da por varias razones, pero en todos los casos es para fortalecer al presidente. Puede ser como un ajuste por razones electorales –como hizo Peña Nieto cuando era gobernador en el Estado de México–, por agotamiento del equipo –que en un sexenio como el mexicano se da cada dos o tres años–, por necesidades estratégicas –como preparar la sucesión presidencial, a dos años de la elección, aproximadamente–, o porque las cosas no han funcionado. Si estas fueran las categorías, en el último rubro podrían entrar Osorio Chong y Videgaray.

La seguridad no funcionó, no sólo porque las cifras del gobierno discrepan con las de las organizaciones que monitorean la violencia, sino porque el ofrecimiento de restaurar la normalidad y la paz en 100 días quedó como una ocurrencia ante un país incendiado. La economía se atoró con la reforma fiscal y la contención del gasto público, a lo que se sumó la guerra de los petroprecios, las tasas de interés en Estados Unidos y la desaceleración de la economía china, que han ensombrecido aún más el futuro mediato.

Las condiciones exigen un cambio en esos dos cargos para oxigenar al gobierno y darle nuevos espacios al presidente en la segunda parte de su gobierno. Sin embargo, eso no va a suceder porque el presidente, por diseño de origen, cimentó en esos dos pilares su administración. Osorio Chong y Videgaray funcionan como los vicepresidentes españoles, uno político y otro económico. La proclividad de Peña Nieto a delegar responsabilidades lo convirtió no sólo en un rehén de ellos, sino de su jefe de Oficina, Nuño, quien tiene su oído. Deshacerse de Osorio Chong y Videgaray metería al presidente, además, en un problema táctico, al deshacerse de los que hasta representan sus dos cartas más públicas para sucederlo en Los Pinos. El presidente no puede prescindir de ellos hasta que sienta que son fusibles quemados o construya opciones para 2018.

Cambiarlos en el próximo ajuste de gobierno, no parece estar en su ánimo. Si uno observa sus discursos y las acciones presidenciales, podría uno argumentar que debe creer en lo general que las cosas van por buen camino, y que el tropiezo de El Chapo y la consecuente caída en la aprobación de su gestión, se atajan con la designación de Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI. Como el presidente no lee la prensa, la información que recibe se la dan Nuño, Videgaray y Osorio Chong. La información con la que toma decisiones proviene de ellos tres, que le dicen lo que quieren que oiga y diga.

Quienes critican, lo ha dicho el presidente –que repite el discurso de Nuño–, pertenecen a los grupos que vieron afectados sus intereses, o son parte de la gradería de la República de las Opiniones. Por tanto, lo que piensen, no es tomado en cuenta para las decisiones. Bajo esa línea de argumentación, si las cosas son como murmuran en los pasillos del poder, esta semana habrá el primer ajuste en el gobierno, pero Osorio Chong y Videgaray se quedarán en sus cargos. El destino de Nuño es el misterio del paquete, del que se hablará en otro texto.

La obligación del cambio

Uno de los puntos negros de esta elección ha sido la enorme cantidad de denuncias ante la FEPADE y, mucho más, en las redes sociales.


Por Jorge Fernández Menéndez

Al momento de escribir estas líneas no hay aún resultados electorales definitivos. En unas horas más habrá tendencias y quienes se declaren ganadores y robados (en nuestro país casi nadie reconoce con honestidad, en casi nada, que perdió). De todas formas, viendo cómo se ha desarrollado la elección serán muchos los resultados cerrados, serán más aun los que terminarán impugnados, con razón o sin ella, y muchos los que terminarán siendo decididos en tribunales.
De todas formas, con las urnas cerradas en casi todo el país, se puede sacar conclusiones. La primera es que, pese a todo, fue mucha más la gente que decidió votar, la que quiere castigar o premiar, cambiar o conservar, por la vía del voto, que aquella que apuesta a la intolerancia y a la violencia. No es una noticia menor en un país donde una serie de grupos criminales enarbolando banderas políticas le han quitado a la sociedad el protagonismo mediático durante semanas.
Es verdad que hubo hechos violentos en algunos lugares de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Chiapas, también que ha habido otros incidentes aislados muy específicos en otros estados, pero en el país la gente votó en comicios que no han sido tan concurridos, como era deseable, pero que han tenido una participación que está, en promedio, cercana a las dos últimas elecciones intermedias, la del 2003 y la del 2009. Tlapa y Tixtla, Ocosingo y Pinotepa son parte de la realidad pero no la que vive la mayor parte del país. Dice Fernando Savater que “las democracias son un estado de cordura colectiva”. Es verdad, y a pesar de todo el país sigue manteniendo la cordura.
Por cierto, en este capítulo de la violencia queda de manifiesto, una vez más, que la misma sí es enarbolada por movimientos sociales que tienen mayor o menor representatividad, pero, en realidad, los que la ejercen son grupos armados que postulan una vía violenta al poder, que terminan siendo delatados por sus lugares de operación, aquellos en los que la violencia sigue siendo una norma: desde Tlapa y Tixtla, tierra del ERPI, hasta Ocosingo, donde sigue mandando una fracción radical de lo que fue el EZLN.
Uno de los puntos negros de esta elección ha sido la enorme cantidad de denuncias ante la Fepade y, mucho más, en las redes sociales. Me parece una insensatez que Miguel El Piojo Herrera, técnico de la Selección y otros personajes (que no personalidades) hayan utilizado la jornada electoral para publicitar sus preferencias electorales. Es un error, en muchos sentidos, vano: nadie cambió su voto por lo que escribió El Piojo. Pero no es ilegal, aunque en ese sentido ni el INE ni los partidos que condenaron al Verde jamás condenaron públicamente que, en la mañana, la red se llenara de mensajes anunciando un fraude electoral cuando ni siquiera se habían abierto las casillas. Morena ha sido la cabeza de ello, en las redes y en los tribunales: se ha cansado de presentar denuncias, sobre todo en el DF, aunque ni siquiera los observadores de la OEA las vieron. Pero en términos legales es tan errado como legítimo lo hecho por Morena como por el Verde, aunque la reacción de la corrección política no los haya evaluado igual.
En este sentido, la nueva ley electoral dejó de manifiesto algunos beneficios, pero exhibió muchas limitaciones y una sobrerregulación que lo único que logra es complejizar el proceso y alentar la judicialización. Esta ley tiene muchos errores de fondo y de forma, derivados, muchos de ellos, de la prisa con que fue redactada y votada, y de la falta de corresponsabilidad de los partidos con la ley. Los costos reales de la elección son difíciles de cuantificar: por lo pronto, ésta ha sido la elección más cara de la historia. El INE tuvo un presupuesto de unos seis mil millones de pesos; los partidos recibieron una partida similar; hubo, al final, 44 millones de spots (ahora sí que estos comicios un spot por cada elector nos dio) que valen, comercialmente, unos 25 mil millones de pesos, y el dinero negro que se movió, tan presente como las campañas negras, fue inconmensurable. No podemos ir al 2018 sin cambios profundos a la ley electoral.
También se necesitarán, a partir de hoy, más allá de los resultados, cambios en el gobierno y en los partidos, aunque éstos resultan los más refractarios a aceptar que la realidad ya los superó. En términos de gobierno federal, esta elección significa el cierre de una etapa: se requieren cambios de funcionarios y de políticas. Desde hoy, y bastante antes de que inicie la próxima legislatura, el primero de septiembre, debe haber cambios en la política, en el discurso, en funcionarios. En una democracia nadie gana todo y nadie debe perder todo, pero es ineludible leer tanto los resultados como el contexto en el que éstos se dieron y actuar en consecuencia. Y la demanda de cambios es una realidad. Para todos, pero el gobierno federal es el que más rápido y con mayor claridad debe leer estos resultados y este proceso