Por Leticia Robles de la Rosa
México.- Clasismo, xenofobia, bailes y excesos políticamente incorrectos, adquisiciones millonarias, ligas con el narcotráfico, corrupción y cárcel provocada por la forma de hacer política han evidenciado en panistas, priistas y perredistas una alta vulnerabilidad, una especie de talón de Aquiles al descubierto, el cual puede ser y será usado por los adversarios políticos para tratar de sacar ventaja en la contienda electoral.
Al arranque de las campañas políticas a escala federal y en 17 estados del país, en nueve de los cuales se renovará la gubernatura, los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, en una especie de empate técnico enfrentan por igual el descrédito que ha puesto en entredicho la capacidad de gobernar y la ética de sus militantes, al protagonizar escándalos que encontraron en las redes sociales el mayor punto de quiebre a la estabilidad partidista interna.
La batalla electoral comienza y en ella los estrategas políticos habrán de utilizar los puntos débiles de los adversarios para hacer comparaciones que les ayuden a demostrar que sus aspirantes son mejores a los de los otros partidos.
Sin embargo, los escándalos de los militantes emparejan a PRI, PAN y PRD en el número de puntos vulnerables en esta contienda.
Conocidos públicamente los escándalos, a veces desde los medios tradicionales como punto de origen y otras desde las redes sociales como detonantes, los hechos y dichos de los militantes priistas, panistas y perredistas al menos en los últimos 15 meses generan mayores retos a los estrategas de las campañas.
El PAN supera ligeramente al PRI y al PRD en el número de escándalos mediáticos más sonados, con 17, aunque los 13 del PRD tienen impactos éticos más fuertes y los 15 del PRI han generado críticas incluso a escala internacional, porque lesionan la imagen del mismo gobierno federal.
Según la información obtenida por Excélsior entre algunos de los equipos de estrategia electoral que trabajarán con priistas, panistas y perredistas, prácticamente todos estos recientes escándalos conforman una fuente constante de elementos para mostrar el debilitamiento del adversario político.
FUEGO AMIGO Y ESCÁNDALOS INTERNOS AMENAZAN AL PAN
Desde las trincheras priista y perredista ven 17 puntos vulnerables del PAN que merecen ser recordados por los ciudadanos cuando emitan su voto.
Los estrategas electorales priistas y perredistas coinciden en señalar cinco escándalos difundidos profusamente en su momento.
La fiesta de los diputados panistas con bailarinas de centros nocturnos, entre ellas Montana, que provocó la destitución de Luis Alberto Villarreal como coordinador parlamentario en San Lázaro.
El encarcelamiento de Rafael Miguel Medina Pederzini y Sergio Israel Eguren Cornejo en Brasil, por golpear al esposo de una mujer que los acusó de tocamientos.
El uso como salón de fiestas privado hecho por el entonces líder del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, de la terraza de la Junta de Coordinación Política, a donde incluso llevó mariachis.
La nómina millonaria de Ernesto Cordero como coordinador de los panistas y presidente de la Mesa Directiva del Senado, en la cual estaban familiares y excolaboradores y familiares del expresidente Felipe Calderón.
El mismo gobierno de Calderón, pues desde la visión de los estrategas electorales priistas y perredistas, los estragos de la inseguridad que todavía vive el país tienen su origen en los errores cometidos en ese sexenio.
A esto se suman hechos y dichos de gobernadores panistas que generaron indignación nacional. La contaminación del río Sonora y otras controversias relacionadas con el gobernador de ese estado, Guillermo Padrés, son vistos como puntos débiles de los panistas no sólo en esa entidad, sino para las elecciones federales.
Otro gobernador panista que provocó molestias fue FranciscoKiko Vega, al hacer declaraciones misóginas, enfrentar a la crítica con boicot publicitario y ser señalado como uno de los responsables de las malas condiciones de trabajo de los jornaleros.
Conocido como “los moches”, otro escándalo fue una serie de acusaciones entre los mismos panistas; es decir, entre alcaldes y diputados federales de Acción Nacional de pedir y aceptar pagos a cambio de entregar recursos para obras públicas. En este rubro entra el caso de Édgar Borja Rangel, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien pidió millones de pesos a cambio de adjudicar contratos.
Se suman los casos en que algunos panistas emiten declaraciones clasistas y xenofóbicas, como Carlos Manuel Treviño, quien llamó “simio” a Ronaldinho, estrella de Gallos Blancos de Querétaro; “brasileño, pero simio aun”, tuiteó.
O Pedro Torreblanca Engell, exfuncionario de la delegación Benito Juárez, quien llamó a los perredistas “más prietos de piel que nada, jodidos, rojillos y sin varo. Arriba los mexicanos de raza blanca y clase alta”; el senador José María Martínez y sus críticas contra las parejas del mismo sexo y las mujeres que deciden abortar; o el movimiento de Juan Barrera Espinosa de corte neonazi.
EL CASO IGUALA PERSEGUIRÁ AL PRD HASTA LAS URNAS
Además de que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ordenada por el entonces alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, reveló que los perredistas están coludidos con el crimen organizado, incluso como líderes de grupos delictivos, también mostró las complicidades de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador perredista, que lesionaron las estructuras estatales y municipales.
Para los estrategas electorales, el caso Iguala es el principal talón de Aquiles del perredismo, porque generó tan mala imagen de los perredistas que acabó con la idea de la izquierda impoluta; de ahí que el solo caso de José Luis Abarca y su riqueza inexplicable es uno de los hilos más delgados del perredismo.
Al de Iguala se suman otros cinco casos de alcaldes perredistas hoy en la cárcel. José Luis Gallardo, exalcalde de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, preso por colusión con el crimen organizado; José Luis Madrigal, de Numarán, Michoacán, por enriquecimiento ilícito; Enoc Díaz Pérez, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, por tortura y abuso de autoridad; Simón Vicente Pacheco, de Charapan, Michoacán, por enriquecimiento ilícito, y Feliciano Álvarez Mesino, de Cuetzala del Progreso, Guerrero, también por enriquecimiento ilícito.
A este grupo de expresidentes municipales ya encarcelados se suman los casos polémicos de Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, acusado de pedir dinero a cambio de dar permisos, y de Jesús Valencia, exdelegado de Iztapalapa, quien en diciembre pasado chocó una camioneta de 800 mil pesos que no era de su propiedad, sino de un empresario, amén de que salió a la luz que no vive en la delegación que gobernaba y su patrimonio es de millones de pesos.
Para los adversarios del PRD, el caso de Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del Distrito Federal, y la suspensión de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tendrá una repercusión fuerte en los electores que simpatizaban con el perredismo, pues acercó a los capitalinos un rostro de excesos y corrupción de estos militantes de izquierda y que muestra a un perredismo altamente corrupto e indolente ante las consecuencias de fatalidad humana que sus decisiones pueden acarrear.
Otros tres casos polémicos son el de Aarón Josué Ramos, exoficial mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acusado de estar relacionado con un cártel; la diputada Purificación Carpinteyro, quien fue exhibida en su intento de hacer negocios con la Ley de Telecomunicaciones, y Víctor Hugo Romo, exdelegado de Miguel Hidalgo, por la autorización de la Rotonda de las Personas Ilustres para que la actriz Claudia Cervantes Hinojosa celebrara su cumpleaños en ese lugar.
Desde la perspectiva de los estrategas electorales de los tres principales partidos, quienes accedieron a hablar de manera informal con Excélsior, los escándalos son puntos débiles para todos los partidos y una fuente constante de elementos que les recuerdan a los ciudadanos la importancia de valorar bien en las urnas.
IMAGEN PÚBLICA, EL ESCOLLO MÁS GRANDE PARA EL PRI
El riesgo está latente, en cuanto el próximo 7 de junio se renovará la Cámara de Diputados y nueve estados renovarán a su gobernador, seis de los cuales ostentan militantes del Partido Revolucionario Institucional, además de que se elegirán autoridades estatales y municipales.
Datos del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que más de 83 millones de mexicanos están llamados a votar para elegir quién ocupe mil 996 cargos, incluidos 600 diputados locales, 871 alcaldes y 16 jefes de las delegaciones del Distrito Federal.
De acuerdo con estrategas opositores, el asunto de la casa de la señora Angélica Rivera es uno de los puntos de mayor vulnerabilidad en esta campaña para el PRI, seguida de la propiedad del secretario de Hacienda, Luis Videgaray; ambos contratos con el grupo constructor Higa y que son sujetos de investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública.
A ellos se suma Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, señalado mediáticamente de tener una red de prostitución en el PRI capitalino, y aunque sus derechos como militante están suspendidos, se mantiene como uno de los puntos más débiles del PRI, según los estrategas de campaña; a él le siguen dos casos que están relacionados, pero que deben verse por separado, según el análisis previo de PAN y PRD: el encarcelamiento de Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, por nexos con el narcotráfico y la licencia de Fausto Vallejo, gobernador constitucional de Michoacán, pero que está en licencia indefinida, porque su hijo está involucrado con el crimen organizado.
Un punto de debilitamiento del PRI en esta contienda son los escándalos mediáticos y en redes sociales generados por exfuncionarios y militantes.
Están el de la llamada Lady Profeco, que dejó fuera de la Procuraduría Federal del Consumidor a Humberto Benítez Treviño; Heliodoro Díaz Escáncega y la supuesta compra de un auto Porsche a su hijo, que lo llevó a renunciar al Infonavit; José Murat y su hijo Alejandro, por la presunta propiedad de inmuebles costosos en Estados Unidos, y recientemente David Korenfeld, titular de la Conagua, quien renunció por utilizar un helicóptero de la Comisión para uso particular y de su familia.
A ellos se suman dos hechos históricos que, desde la perspectiva de los estrategas electorales de PAN y PRD, ponen en duda el compromiso priista con el respeto a los derechos humanos y, por lo tanto, un punto electoral débil: la investigación del caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la muerte de civiles, por manos militares, en Tlatlaya.
Y desde la perspectiva de los estrategas electorales opositores al PRI, los casos del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, de los exgobernadores Andrés Granier, Humberto Moreira y Tomás Yarrington son una referencia constante de los excesos y abuso del poder al estilo priista.
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