El argumento de ambas organizaciones es que los cambios aprobados en el Senado al Código de Procedimientos Penales en diciembre regresaban al Ministerio Público el monopolio de la construcción del expediente y por lo tanto del caso que se presentaba al juez.
Desde el viernes me han llegado cartas y documentos del gobierno y el Senado con aclaraciones que hago ahora. El senador Roberto Gil escribió ayer un texto para explicar los cambios y negar el argumento de las ONG.
En los documentos que me han hecho llegar se aclara que los cambios a los artículos 314 y 315 del Código aprobados por la Cámara alta solo pretenden dar eficiencia al proceso y de ninguna manera afectar el derecho del presunto culpable a presentar pruebas en su descargo ya que, según explican, el mismo texto aclara que si el Ministerio Público se negara a integrar pruebas de descargo en el expediente a presentar para la primera audiencia, el imputado puede pedir una audiencia ante el juez y que éste está obligado a conceder en menos de seis horas.
Aclaran también que esta modificación solo afecta esa primera audiencia que sirve para la posible vinculación a proceso de un imputado y no para la totalidad del proceso.
Las razones de estos cambios, explican, tienen que ver con la experiencia de aquellos estados en que la reforma ha comenzado a aplicarse y que reportan la poca funcionalidad de estas primeras audiencias convertidas en minijuicios, siendo que son apenas etapas preliminares de vinculación a proceso penal.
Senadores y PGR insisten en que, al contrario de lo que se ha dicho, estas modificaciones harán mejor el nuevo sistema.
Las reformas aprobadas en el Senado tienen aún que ser discutidas en la Cámara de Diputados.
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