El estado de Guerrero, que el 26 de septiembre registró en Iguala una muestra del nivel de inseguridad en la entidad y la falta de preparación de sus cuerpos policiacos, pues la seguridad pública municipal desapareció a estudiantes normalistas mientras los estatales no intervinieron supuestamente por falta de personal, sólo había ejercido 7.9% del presupuesto destinado a la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública.
Se observan casos extremos, como Oaxaca, que no gastó ni un solo peso en el rubro de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública durante los primeros nueve meses del año, mientras que el Distrito Federal dio cuenta del gasto de 99.7% de los 28 millones 51 mil 500 pesos programados para ese programa, o Nuevo León, que reportó la utilización de 84.13% del dinero convenido entre los tres niveles de gobierno para profesionalizar sus cuerpos policiacos durante el año pasado.
Por primera vez, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal entregaron al Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac), las cuentas de cómo gastaron los millones de pesos que el gobierno federal les canalizó vía el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que se combinan con recursos estatales y muncipales, aunque no todos detallaron la forma en que lo hicieron y el propio Consejo tiene algunas fallas en la forma en que muestra los resultados, pues para el caso de Jalisco aparecen informes de Durango, por ejemplo.
El año pasado fue el primero en que de manera plena debió entrar en vigor para los estados del país y el Distrito Federal las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que les obliga a homologar la forma en que rinden cuentas, pero incluso se aplica a ellos las disposiciones generadas por la reforma realizada en el último trimestre de 2012, a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón.
Una de esas disposiciones es que los gobiernos estatales y capitalino están obligados a reportar la forma en que gastaron los recursos destinados al rubro de seguridad pública, y aunque todavía no existen detalles en todos los casos, es posible conocer en gran parte de ellos las cantidades que se destinaron a la compra de botas, uniformes, escudos; los viáticos, los servicios de alimentación, para quienes lo tienen, y el dinero que se canalizó a la mejora en la formación de sus elementos.
Como ejemplo, se observa que Baja California tuvo un total anual para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 26 millones 656 mil 950.75 pesos, de los cuales tenía disponibles hasta el tercer trimestre del año un total de 12 millones 101 mil 459.75 pesos; es decir, había utilizado 14 millones 555 mil 491 pesos, que equivalen a 54% de la partida, que forma parte del FASP.
Pero el detalle de la forma en que se gastó ese dinero deja ver que el Servicio de Capacitación sólo había gastado 24%, ya que lo presupuestado para el año fue de nueve millones 893 mil 820 pesos y tenía disponibles hacia el final del tercer trimestre (30 de septiembre) siete millones 536 mil 227.77 pesos; es decir, había gastado dos millones 357 mil 592.43 pesos.
En otro rubro como Academia regional no canalizó ni un peso, pues tenía disponibles los 210 mil pesos que se le presupuestó a ese objetivo en particular; a los estudios de licenciatura en seguridad pública había gastado un millón 36 mil 496.20 pesos, de los dos millones 172 mil 368.20 pesos destinados; es decir, poco menos de la mitad.
Oaxaca presupuestó para todo el año pasado un total de 33 millones 996 mil 968 pesos para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, pero hasta el 30 de septiembre no había utilizado ni un peso; como ocurrió también con Sonora, donde no se ejercieron los 17 millones 318 mil 896 pesos para este programa prioritario que forma parte del FASP.
Los recursos convenidos por la Federación, el estado de Guerrero y sus municipios para el Programa Prioritario de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública en 2014 fueron por 32 millones 996 mil 968 pesos; para el 30 de septiembre sólo había utilizado dos millones 621 mil 606.21 pesos; es decir, 7.9%, pues para el final del tercer trimestre del año pasado tenía disponibles 30 millones 375 mil 361.79 pesos.
En este ejercicio de rendición de cuentas se observa también que el estado de Baja California no entregó nada de información sobre el gasto en seguridad pública; que a pesar de que Morelos entregó incompleta la información, sí reportó que para el tercer trimestre del año había gastado 16.5% de los 10 millones 803 mil 961.66 pesos destinados para ese objetivo.
De igual forma, se puede observar que el estado de Zacatecas sólo entregó cuentas referentes a los meses de junio a septiembre, en los cuales dijo que tenía programados 760 mil pesos para la profesionalización de sus instituciones de seguridad pública, de los cuales había gastado 208 mil 619.04 pesos; es decir, 27%, pues tenía disponibles 551 mil 380.96 pesos.
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