Quienes por ley están encargados de ayudar en los procesos penales tienen una sobrecarga de trabajo de hasta cuatro veces más que los abogados particulares.
Un defensor de oficio en promedio llega a atender al año hasta 300 casos, es decir, 25 mensuales, mientras que un abogado privado atiende de cuatro a siete casos al mes, esto es, entre 50 y 90 anuales.
La sobrecarga de trabajo de los defensores de oficio puede poner en desventaja a quienes ocupan esta prestación determinada por ley.
De acuerdo con Carlos Ríos, comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), esta sobrecarga de trabajo incide en la calidad de la defensa debido a que entre menos casos atiendan, mayor posibilidad hay de contar con un seguimiento cercano de las pruebas que se presentan, los argumentos de descargo y otros factores que pueden ayudar en su desempeño.
La distribución de los abogados de oficio no siempre se hace conforme a la carga de trabajo. Por ejemplo, Hidalgo cuenta con 95 litigantes para 34 mil 434 casos que se dan al año, mientras Veracruz tiene 52 defensores para 79 mil 325 casos.
Si bien no todos los involucrados en un juicio penal hacen uso de la defensoría de oficio, la carga de trabajo es abultada porque los altos costos de la asesoría legal hacen que poco más de 65 por ciento de los procesados ocupen un defensor de oficio.
En el Distrito Federal se cuenta con 768 de esos abogados para atender 176 mil 816 casos. Esta es la entidad que cuenta con el mayor número de litigantes y prácticamente duplica el número de defensores con los que cuenta Guanajuato, que tiene 416.
La deficiencia en los abogados de oficio no es la única que se registra, en la contraparte que se ve en la asesoría jurídica con la que cuentan las víctimas, los números son aún más ajustados.
Según Carlos Ríos, actualmente se cuenta con 60 personas capacitadas para brindar asesoría jurídica en todo el país, esto a pesar de que existen más de un millón de juicios anuales que requerirían de la presencia de este tipo de abogados.
En entrevista, el comisionado explicó que los bajos salarios, la falta de capacitación específica y los vacíos de ley son algunos de los factores por los que las víctimas no cuentan con la contraparte de la defensoría de oficio.
?El riesgo es que se tienen víctimas doblemente violentadas en sus derechos, porque es muy complicado que cuenten con asesoría jurídica y eso los coloca en ocasiones en desventaja con su victimario?, explicó.
Algunas de las razones por las que se cuenta con poco personal capacitado es la disparidad de salarios con respecto a la defensoría de oficio. A escala federal, mientras los asesores jurídicos gozan con un salario de entre 15 y 20 mil pesos, los defensores alcanzan tabuladores de hasta 50 mil.
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