Para reparar los daños y consecuencias, el gobierno de la República está obligado por la Ley de Atención a Víctimas a proporcionar asesoría psicológica, jurídica y acceso a la justicia.
Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV, que es un organismo descentralizado que está vinculado a la Secretaría de Gobernación) cuenta solo con la cuarta parte del presupuesto que necesita para hacer efectiva en todos sus términos la ley.
Para dar auxilio a quienes han sido violentados en sus derechos por el crimen o las autoridades, se requiere un monto de 2 mil millones de pesos, mientras que el presupuesto aprobado para 2014 es poco mayor a los 500 millones.
El comisionado Julio Antonio Hernández Barros, responsable del Comité de Personas Desaparecidas en la CEAV, aseguró que los recursos con los que cuentan no son suficientes para cumplir con lo dispuesto en la ley, pero aclaró que éste no es impedimento para que el organismo continúe con sus labores.
“El dinero nunca es suficiente. Pasa igual con las obras de agua que con la luz. Por eso hacemos el mejor trabajo con el presupuesto con el que contamos”, señaló.
La CEAV procura dar atención a las víctimas directas y a los familiares de ellos —que se conocen como víctimas indirectas— con acciones que van desde traslados hospitalarios para atender lesiones o padecimientos relacionados con el incidente, hasta paseos a museos y parques recreativos en el caso de los hijos de las víctimas.
En términos nominales, la comisión cuenta con un presupuesto de 940 millones de pesos. Sin embargo, de ese total, 440 millones corresponden al Fondo Nacional de Víctimas, al que acceden algunas personas que sufrieron un delito y que cumplen con ciertos requisitos.
No puede ocuparse en fines distintos a la reparación del daño de quienes han sufrido un crimen federal grave, que afecte integridad física, psicológica o su libertad y que el responsable no haya purgado una condena por el delito.
Hasta ahora, en el país se calcula que existen unas 22 millones de víctimas, ya sea por haber padecido un crimen en su contra o por ser familiares directos de alguien cuyas garantías fueron violentadas.
Las entidades donde hay mayor incidencia de victimización son Estado de México, Baja California y Distrito Federal; las cifras se obtienen al dividir el total de delitos entre la población mayor de edad y multiplicarla por 100 mil.
De acuerdo con la Encuesta de Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2014, solo en el Estado de México se contabilizan 5 millones 343 mil 975 víctimas en este año y tiene una tasa de incidencia de 93 mil delitos por cada 100 mil habitantes.
En el Distrito Federal son 2 millones 223 mil 804 personas que sufrieron algún tipo de delito.
Mientras, los índices más bajos son los de Chiapas, Tamaulipas y Oaxaca, con una incidencia de 19 mil 215 delitos por cada 100 mil habitantes y un promedio de 421 mil delitos por entidad.
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