Toluca, México.- El gobierno estatal emitió los lineamientos para mejorar la operación de los Centros de Tratamiento de las Adicciones en el Estado de México, con los cuales se obliga a todos esos establecimientos a ofrecer servicio a quien lo necesite, a respetar sus derechos y no podrán condicionar la estancia de los usuarios al pago de cuotas.De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de Gobierno, la Coordinación de Regulación Sanitaria debe integrar un padrón que servirá como base para ejercer acciones de control, vigilancia, fomento sanitario y saneamiento básico, además de realizar visitas a los centros para garantizar que cumplan con las normas y se respeten los derechos y la dignidad de las personas.
En caso que se presente una denuncia contra algún establecimiento, las autoridades realizarán una visita de inspección con personal verificador debidamente identificado y, en caso de anomalías, iniciarán un procedimiento jurídico administrativo.
El gobierno estatal advierte en los lineamientos que dos de las principales causas de muerte en edad productiva son los accidentes y los homicidios, relacionados en gran medida con el abuso de alcohol y las drogas ilegales, aunado a que cada vez existe un mayor uso y abuso de estas sustancias en edades más tempranas, por lo cual se requiere atender ese problema.
Los lineamientos advierten que todas las personas adictas tienen derecho a recibir atención en una clínica especializada y por ello los centros deben atender a quienes soliciten tratamiento por el uso o abuso de sustancias adictivas, garantizando su atención y la reintegración a la sociedad.
El paciente debe ser tratado como quien padece una enfermedad, por lo cual los tratamientos no deben atentar contra la integridad, dignidad y derechos de los usuarios, quienes podrán decidir si inician o terminan el tratamiento, excepto cuando sea obligatorio por prescripción médica, orden de la autoridad o autorización de familiar.
Los centros deberán guardar la confidencialidad del estado de salud de los pacientes, no discriminar y podrá haber ingresos involuntarios, cuando la persona no esté en posibilidades de decidir, a través de una declaración judicial de incapacidad o si la vida de la persona está en riesgo para preservar su salud, de ser así, se debe informar a la familia, así como al Ministerio Público.
El ingreso involuntario será por un tiempo máximo de 20 días o hasta que el usuario esté en condiciones de tomar la decisión de permanecer o no bajo tratamiento, aunque el ingreso y permanencia del usuario puede ser obligatorio por resolución de una autoridad judicial, del Gobierno del Estado de México, del municipio e incluso empresas también podrán canalizar a funcionarios o empleados adictos, con el fin que se lleve a cabo su tratamiento.
Los centros deben ofrecer comida adecuada, erradicar el consumo de tabaco, contar con un plan de trabajo, garantizar tratamientos eficaces, promover la participación de la familia y garantizar que los medicamentos se asignen por prescripción médica. No se permitirán grabaciones, ni fotografías y todos los centros deberán manejar expediente con confidencialidad, contar con médicos y psicólogos, excepto en los de ayuda mutua.
Los lineamientos deben tener instalaciones exclusivas para menores de edad, tener consentimiento de quien tenga la patria potestad, separar a hombres y mujeres, y cuando una persona con problemas de adicción al alcohol o a las drogas solicite los servicios de estos establecimientos, no obstante, carezca de recursos, el Estado se hará cargo de su tratamiento en las instituciones públicas que cuenten con el servicio.
"La omisión de pago de cuotas de ingreso no será motivo para negar tratamiento a una persona que solicita voluntariamente su ingreso a un establecimiento, es obligación del establecimiento admitirlo y solicitar el apoyo del Ejecutivo del Estado de México a través de la Secretaría de Salud", precisa el acuerdo.
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