Ante las actividades desplegadas por el crimen organizado en la entidad, principalmente las bandas dedicadas a la distribución y venta de estupefacientes, no quedan muchas alternativas. O se le enfrenta con todo el aparato disponible, con todo y sus carencias, o se cierran los ojos como si no existiera y abiertamente se exhorta a la sociedad a elevar instancias.
Ha quedado demostrado que no ha sido la mejor receta enviar a las fuerzas del poder público –Ejército y Marina incluidos- para tratar de reducir niveles de consumo de drogas entre la sociedad, pero no se debe desestimar la labor de las fuerzas armadas, pues si algo ha quedado claro es que el crimen dispone de arsenal de mayor calibre que el de los policías comunes.
El narco está mejor armado. |
Frente a esta realidad es imposible permanecer como si no pasara nada o, peor, rechazar que los grupos delictivos han encontrado en la entidad el campo propicio para perpetrar sus ilícitos.
Dice mucho la información oficial sobre el reciente desmantelamiento de nueve narcolaboratorios –elaboración de drogas sintéticas- aunque extrañamente en los operativos no se encontró siquiera al barrendero. Pasa lo mismo con el decomiso de miles de dosis de drogas y la detención, casi por docena, de narcomenudistas en la entidad.
Esto habla por sí solo de la presencia, casi libre y extendida, del crimen organizado. Así sea entre líneas, se reconoce que hay un problema grave que amerita una visión menos reduccionista o hasta complaciente.
50 % de la policía obesa o adicta. |
Debe decirse que no ha existido una preocupación real por avanzar en materia de profesionalización y depuración de policías, desde altos mandos para abajo, pues ni siquiera se investiga cómo viven, si sus egresos corresponden con sus ingresos, lo cual ofrecería elementos… y muchos.
Todo esto no dejaría más opción a los ciudadanos que recurrir a las plegarias, con el riesgo de que pidan de más y no les cumplan o se equivoquen de santo pero, no está de más recordarlo, se supone que la autoridad es laica, está obligada a cumplir y hacer cumplir la ley y, también, a procurar la integridad física de sus gobernados y sus bienes.
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