Los nombramientos de Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena fueron aprobados con 74 votos de los senadores presentes.
El pleno del Senado de la República eligió la madrugada de este jueves y tomó protesta como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales (INAI) a Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Los nombramientos fueron aprobados con un total de 74 votos de los senadores presentes, de los cuales 65 fueron a favor de Carlos Alberto Morín, 66 en pro de Blanca Lilia Herrera Cadena y se registraron ocho nulos.
La designación se realizó conforme a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado.
El primer resolutivo del acuerdo establece que la Junta de Coordinación propondría por medio de la Mesa Directiva, la designación de los comisionados.
El quinto resolutivo establece que, de conformidad a la base novena de la convocatoria, la votación se realizará por cédula y la protesta de los comisionados designados será ante el pleno.
El sexto resolutivo apunta que, en caso de que alguna de las propuestas no reúna la mayoría de dos terceras partes de los senadores presentes, la Jucopo propondrá los acuerdos necesarios para una nueva votación.
Los senadores Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Fernando Herrera Ávila, del PAN, hicieron uso de la tribuna para manifestarse en contra del acuerdo.
El legislador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT-Morena, afirmó su grupo parlamentario no avaló las negociaciones y los nombramientos con base en el acuerdo en mención.
Directorio

jueves, 26 de abril de 2018
Alertan en Querétaro de Canaco 'patito'
La organización usa el nombre en forma ilegal y actúa por medio de brigadas en las colonias, donde ofrecen servicios y cobran cuotas de acuerdo con el tamaño del comercio
Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Querétaro, alertó sobre la existencia de una asociación que opera bajo el mismo nombre de la organización que dirige.
Indicó que se analizan los procedimientos jurídicos para actuar contra la llamada Canaco Servytur AC, que además de usar el nombre en forma ilegal, se ha dedicado a atraer y afiliar a comerciantes, haciéndoles creer que forma parte de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) nacional, a pesar de que no es así.
“Tengo dos meses que entré en funciones como presidente (de la Cámara empresarial) y me estoy documentando del tema”, mencionó. “Ya existía el organismo, y sí se ha visto el incremento con estas personas, porque la gente se afilia con ellos porque creen que es la Canaco oficial, porque usan el nombre de Canaco Servytur AC” , comentó.
Puntualizó que cualquier asociación civil puede ofrecer los servicios que se desee, pero no utilizando el nombre de la cámara de comercio.
Agregó que todavía no tienen el número exacto de afiliados a dicho organismo, aunque se considera que es importante, debido a que los representantes actúan por medio de brigadas en las colonias, donde ofrecen los servicios y cobran cuotas de acuerdo con el tamaño del comercio.
Ante esto, invitó a los comerciantes a que se informen a través del sitio web y las redes sociales de la Canaco Querétaro, para que conozcan y ubiquen a la Cámara Nacional oficial, y evitar así confusiones y problemas en el futuro.
Por otra parte, Ruiz Uvalle informó que se tiene proyectada una derrama económica de aproximadamente 470 millones de pesos para el sector en el estado, por las celebraciones del Día del Niño y del Día de la Madre, respectivamente.
Indicó que en estas fechas se beneficiarán 5 mil establecimientos, entre los que se encuentran tiendas departamentales, centros comerciales, jugueterías –en el caso del Día del Niño-, así como florerías y joyerías –en el Día de la Madre-.
Consideró que las ventas de los comercios podrían incrementarse entre 8 y 10 por ciento, respecto al año pasado.
Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Querétaro, alertó sobre la existencia de una asociación que opera bajo el mismo nombre de la organización que dirige.
Indicó que se analizan los procedimientos jurídicos para actuar contra la llamada Canaco Servytur AC, que además de usar el nombre en forma ilegal, se ha dedicado a atraer y afiliar a comerciantes, haciéndoles creer que forma parte de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) nacional, a pesar de que no es así.
“Tengo dos meses que entré en funciones como presidente (de la Cámara empresarial) y me estoy documentando del tema”, mencionó. “Ya existía el organismo, y sí se ha visto el incremento con estas personas, porque la gente se afilia con ellos porque creen que es la Canaco oficial, porque usan el nombre de Canaco Servytur AC” , comentó.
Puntualizó que cualquier asociación civil puede ofrecer los servicios que se desee, pero no utilizando el nombre de la cámara de comercio.
Agregó que todavía no tienen el número exacto de afiliados a dicho organismo, aunque se considera que es importante, debido a que los representantes actúan por medio de brigadas en las colonias, donde ofrecen los servicios y cobran cuotas de acuerdo con el tamaño del comercio.
Ante esto, invitó a los comerciantes a que se informen a través del sitio web y las redes sociales de la Canaco Querétaro, para que conozcan y ubiquen a la Cámara Nacional oficial, y evitar así confusiones y problemas en el futuro.
Por otra parte, Ruiz Uvalle informó que se tiene proyectada una derrama económica de aproximadamente 470 millones de pesos para el sector en el estado, por las celebraciones del Día del Niño y del Día de la Madre, respectivamente.
Indicó que en estas fechas se beneficiarán 5 mil establecimientos, entre los que se encuentran tiendas departamentales, centros comerciales, jugueterías –en el caso del Día del Niño-, así como florerías y joyerías –en el Día de la Madre-.
Consideró que las ventas de los comercios podrían incrementarse entre 8 y 10 por ciento, respecto al año pasado.
Hogares mexicanos llegan a ‘perderlo todo’ por gasto en salud
De cada 100 pesos del gasto total en salud, los hogares desembolsan 44 pesos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
El futuro de la sanidad pública en México se encuentra en una encrucijada, por lo que si no se toman medidas de política pública, la población mexicana estará condenada al envejecimiento y a la discapacidad.
Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de cada 100 pesos del gasto total en salud, los hogares desembolsan 44 pesos, lo que en algunos casos lleva a las familias a “perderlo todo”.
Ese gasto de bolsillo de los hogares es el más alto dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pese a que México tiene un gasto en salud menor al promedio de ese organismo, con sólo 5.8 por ciento del PIB, contra 9.0 por ciento de la media.
En el marco de la presentación de la 28 Convención de Aseguradores AMIS, que este año lleva como título “El impacto de la salud en la economía”, Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, dijo que el sector asegurador protege a cerca de nueve millones de personas en salud, 7.0 por ciento de la población.
“El gasto de bolsillo en México es el más alto de la OCDE, ya que del gasto total en salud, el 48 por ciento es privado; de este, el 44.5 por ciento sale del bolsillo de los mexicanos y 3.5 por ciento de las aseguradoras”, precisó Dolores Armenta, directora de Seguros Médicos y Salud de la AMIS.
El futuro de la sanidad pública en México se encuentra en una encrucijada, por lo que si no se toman medidas de política pública, la población mexicana estará condenada al envejecimiento y a la discapacidad.
Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de cada 100 pesos del gasto total en salud, los hogares desembolsan 44 pesos, lo que en algunos casos lleva a las familias a “perderlo todo”.
Ese gasto de bolsillo de los hogares es el más alto dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), pese a que México tiene un gasto en salud menor al promedio de ese organismo, con sólo 5.8 por ciento del PIB, contra 9.0 por ciento de la media.
En el marco de la presentación de la 28 Convención de Aseguradores AMIS, que este año lleva como título “El impacto de la salud en la economía”, Manuel Escobedo, presidente de la AMIS, dijo que el sector asegurador protege a cerca de nueve millones de personas en salud, 7.0 por ciento de la población.
“El gasto de bolsillo en México es el más alto de la OCDE, ya que del gasto total en salud, el 48 por ciento es privado; de este, el 44.5 por ciento sale del bolsillo de los mexicanos y 3.5 por ciento de las aseguradoras”, precisó Dolores Armenta, directora de Seguros Médicos y Salud de la AMIS.
Los precios de alimentos ‘castigan’ las familias rurales
La inflación y el encarecimiento de la canasta básica, los principales factores que afectan la economía de las familias que viven en zonas rurales.
El constante incremento en los precios de los alimentos cobra una cuota pesada sobre los hogares y repercute de forma directa y particular en el poder adquisitivo de las familias más pobres del ámbito rural, donde seis de cada diez personas no contaban con ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria al cierre de 2017.
En las zonas urbanas esta situación fue un poco mejor, al reportar que casi cuatro de cada diez personas tenían ingresos laborales insuficientes al cierre del año pasado, de acuerdo con datos del Coneval.
De 2005 a 2017 la variación porcentual trimestral del valor de la canasta alimentaria, fue mayor que la inflación promedio y en el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento porcentual del valor de la canasta alimentaria rural fue de 8.7 por ciento y de la urbana de nueve por ciento, tasas superiores a la inflación, de 6.6 por ciento.
“Esto evidencia que los precios de los alimentos siguen afectando el comportamiento de la inflación y, de esta manera, el consumidor debe enfrentarse, no solo al alza de los precios de los alimentos, sino al incremento de los costos de otros bienes y servicios medidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)”, expuso el Coneval.
Abandono rural
Araceli Damián, especialista en pobreza del Colegio de México, indicó que es preocupante que se haya abandonado el desarrollo de las zonas rurales y consideró que el papel del gobierno debería ser más activo para que la población pobre pueda competir en el contexto global.
“No hay desarrollo tecnológico, no hay caminos, ni sistemas de riego, ni apoyo para fertilizantes que les permita a los más pobres competir en el mercado global contra productores del norte del país y de Estados Unidos, donde sí hay subsidios agrícolas”, expuso.
Por otra parte, Héctor Rubio, coordinador de inclusión de la ONG Acción Ciudadana frente a la Pobreza, dijo que la brecha que hay en las zonas rurales en salud y educación afecta el desarrollo de las capacidades de los pobladores a lo largo de toda su vida. “Este abandono junto con la llegada de menos remesas implica más carencias de servicios, más analfabetismo, y mayores tasas de natalidad, violencia e inseguridad”.
Indicó que el proyecto de las Zonas Económicas Especiales es positivo para el desarrollo de estas zonas, aunque señaló que se podría reforzar considerando una instrumentación territorial más amplia que integre las regiones, así como un alcance mayor de las inversiones.
“Un mayor crecimiento e ingreso, y menor desigualdad con un desarrollo más incluyente, son las claves para sacar a la gente de la pobreza”, anotó.
En tanto, Damián dijo que en las comunidades más pobres de Chiapas y Oaxaca, “hay muchas zonas que ya tienen la vocación de producción pero que producen muy poco, se podría reforzar y crear un programa específico para implementar formas de producción comunitaria que pudieran canalizarse al mercado internacional en las zonas donde existe una elevada concentración de pobreza rural”, anotó.
El constante incremento en los precios de los alimentos cobra una cuota pesada sobre los hogares y repercute de forma directa y particular en el poder adquisitivo de las familias más pobres del ámbito rural, donde seis de cada diez personas no contaban con ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria al cierre de 2017.
En las zonas urbanas esta situación fue un poco mejor, al reportar que casi cuatro de cada diez personas tenían ingresos laborales insuficientes al cierre del año pasado, de acuerdo con datos del Coneval.
De 2005 a 2017 la variación porcentual trimestral del valor de la canasta alimentaria, fue mayor que la inflación promedio y en el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento porcentual del valor de la canasta alimentaria rural fue de 8.7 por ciento y de la urbana de nueve por ciento, tasas superiores a la inflación, de 6.6 por ciento.
“Esto evidencia que los precios de los alimentos siguen afectando el comportamiento de la inflación y, de esta manera, el consumidor debe enfrentarse, no solo al alza de los precios de los alimentos, sino al incremento de los costos de otros bienes y servicios medidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)”, expuso el Coneval.
Abandono rural
Araceli Damián, especialista en pobreza del Colegio de México, indicó que es preocupante que se haya abandonado el desarrollo de las zonas rurales y consideró que el papel del gobierno debería ser más activo para que la población pobre pueda competir en el contexto global.
“No hay desarrollo tecnológico, no hay caminos, ni sistemas de riego, ni apoyo para fertilizantes que les permita a los más pobres competir en el mercado global contra productores del norte del país y de Estados Unidos, donde sí hay subsidios agrícolas”, expuso.
Por otra parte, Héctor Rubio, coordinador de inclusión de la ONG Acción Ciudadana frente a la Pobreza, dijo que la brecha que hay en las zonas rurales en salud y educación afecta el desarrollo de las capacidades de los pobladores a lo largo de toda su vida. “Este abandono junto con la llegada de menos remesas implica más carencias de servicios, más analfabetismo, y mayores tasas de natalidad, violencia e inseguridad”.
Indicó que el proyecto de las Zonas Económicas Especiales es positivo para el desarrollo de estas zonas, aunque señaló que se podría reforzar considerando una instrumentación territorial más amplia que integre las regiones, así como un alcance mayor de las inversiones.
“Un mayor crecimiento e ingreso, y menor desigualdad con un desarrollo más incluyente, son las claves para sacar a la gente de la pobreza”, anotó.
En tanto, Damián dijo que en las comunidades más pobres de Chiapas y Oaxaca, “hay muchas zonas que ya tienen la vocación de producción pero que producen muy poco, se podría reforzar y crear un programa específico para implementar formas de producción comunitaria que pudieran canalizarse al mercado internacional en las zonas donde existe una elevada concentración de pobreza rural”, anotó.
Banxico ve postura monetaria actual congruente con anclaje inflación
La inflación de la primera quincena de abril refuerza las expectativas del Banco Central sobre la trayectoria de los precios.
La mayoría de la junta de gobierno del Banco de México considera que la postura de su política monetaria actual es congruente con el anclaje de expectativas de inflación general, así como con una tendencia descendente hacia su meta de 3 por ciento, según la minuta publicada este jueves.
En la primera quincena de abril, la inflación se desaceleró más de lo esperado a su menor nivel en 14 meses hasta 4.69 por ciento, lo que refuerza las expectativas del Banco Central sobre la trayectoria de los precios.
La mayoría de la junta de gobierno del Banco de México considera que la postura de su política monetaria actual es congruente con el anclaje de expectativas de inflación general, así como con una tendencia descendente hacia su meta de 3 por ciento, según la minuta publicada este jueves.
En la primera quincena de abril, la inflación se desaceleró más de lo esperado a su menor nivel en 14 meses hasta 4.69 por ciento, lo que refuerza las expectativas del Banco Central sobre la trayectoria de los precios.
Senado nombra a nuevos comisionados del IFAI
Los nombramientos de Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena fueron aprobados con 74 votos de los senadores presentes.
El pleno del Senado de la República eligió la madrugada de este jueves y tomó protesta como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales (INAI) a Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Los nombramientos fueron aprobados con un total de 74 votos de los senadores presentes, de los cuales 65 fueron a favor de Carlos Alberto Morín, 66 en pro de Blanca Lilia Herrera Cadena y se registraron ocho nulos.
La designación se realizó conforme a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado.
El primer resolutivo del acuerdo establece que la Junta de Coordinación propondría por medio de la Mesa Directiva, la designación de los comisionados.
El quinto resolutivo establece que, de conformidad a la base novena de la convocatoria, la votación se realizará por cédula y la protesta de los comisionados designados será ante el pleno.
El sexto resolutivo apunta que, en caso de que alguna de las propuestas no reúna la mayoría de dos terceras partes de los senadores presentes, la Jucopo propondrá los acuerdos necesarios para una nueva votación.
Los senadores Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Fernando Herrera Ávila, del PAN, hicieron uso de la tribuna para manifestarse en contra del acuerdo.
El legislador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT-Morena, afirmó su grupo parlamentario no avaló las negociaciones y los nombramientos con base en el acuerdo en mención.
El pleno del Senado de la República eligió la madrugada de este jueves y tomó protesta como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales (INAI) a Carlos Alberto Bonnin y Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Los nombramientos fueron aprobados con un total de 74 votos de los senadores presentes, de los cuales 65 fueron a favor de Carlos Alberto Morín, 66 en pro de Blanca Lilia Herrera Cadena y se registraron ocho nulos.
La designación se realizó conforme a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado.
El primer resolutivo del acuerdo establece que la Junta de Coordinación propondría por medio de la Mesa Directiva, la designación de los comisionados.
El quinto resolutivo establece que, de conformidad a la base novena de la convocatoria, la votación se realizará por cédula y la protesta de los comisionados designados será ante el pleno.
El sexto resolutivo apunta que, en caso de que alguna de las propuestas no reúna la mayoría de dos terceras partes de los senadores presentes, la Jucopo propondrá los acuerdos necesarios para una nueva votación.
Los senadores Luis Sánchez Jiménez, del PRD, y Fernando Herrera Ávila, del PAN, hicieron uso de la tribuna para manifestarse en contra del acuerdo.
El legislador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT-Morena, afirmó su grupo parlamentario no avaló las negociaciones y los nombramientos con base en el acuerdo en mención.
Aprueban ley para poner orden en empresas de seguridad privada
La ley fue aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados; establece los requisitos que deben cumplir el personal para laborar en el sector.
El pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley General de Seguridad Privada, que buscará por orden y regular la prestación de servicios de seguridad privada, el establecimiento de la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
Con 50 votos a favor, 35 en contra y una abstención, la nueva ley -que fue turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación- fue elaborada y presentada por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda y el dictamen también presenta reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La ley se compone de 78 artículos y 7 disposiciones transitorias. Se considera como reglamentaria del artículo 21 constitucional, y establece que sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; su aplicación y vigencia, corresponde a la Federación en los términos que se establecen.
En su contexto, se refiere que con base en información de la Comisión Nacional de Seguridad, de las 6 mil empresas de seguridad privada que hay actualmente en el país, 3 mil 640 están debidamente acreditadas, y de éstas, mil 232 cuentan con permiso federal, el resto cuenta con permisos locales.
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Sin embargo, las poco más de 2 mil 300 empresas restantes de las que se tiene conocimiento operan sin registro ni personal certificado.
Se establecen los requisitos que deben cumplir los directores, administradores, gerentes, personal administrativo, el personal operativo, el personal con acceso a información confidencial, para poder laborar en una empresa dedicada a la seguridad privada, es decir, no deberán tener antecedentes penales y, en su caso, deberán informar los motivos de bajas de servicios anteriores.
Los prestadores del servicio estarán obligados a capacitar a su personal, y esa profesionalización y capacitación podrá llevarse a cabo en los centros de capacitación y profesionalización debidamente autorizados; para el caso del personal con acceso a información confidencial, deberá acreditar la capacitación en el uso y manejo de datos personales e información confidencial.
Además, deberán exhibir los planes y programas de profesionalización, capacitación y adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Del uso del armamento, para que el personal operativo sea elegible para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional la autorización para portar armas de fuego, el prestador de servicios deberá contar con una opinión del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada.
La regulación y registro de los prestadores de servicios en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, será con el fin de prevenir la comisión de delitos; así como regular y registrar al personal operativo para evitar que personas que no cuenten con los requisitos establecidos en la ley y reglamento, presten servicios de seguridad privada.
El Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, deberá contar con los datos de los prestadores del servicio que cuenten con licencia particular colectiva expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional para el desarrollo de sus funciones, precisando el número de autorización única, modalidad del servicio y domicilio para la guarda y custodia del armamento.
El pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley General de Seguridad Privada, que buscará por orden y regular la prestación de servicios de seguridad privada, el establecimiento de la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
Con 50 votos a favor, 35 en contra y una abstención, la nueva ley -que fue turnada a la Cámara de Diputados para su ratificación- fue elaborada y presentada por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda y el dictamen también presenta reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La ley se compone de 78 artículos y 7 disposiciones transitorias. Se considera como reglamentaria del artículo 21 constitucional, y establece que sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; su aplicación y vigencia, corresponde a la Federación en los términos que se establecen.
En su contexto, se refiere que con base en información de la Comisión Nacional de Seguridad, de las 6 mil empresas de seguridad privada que hay actualmente en el país, 3 mil 640 están debidamente acreditadas, y de éstas, mil 232 cuentan con permiso federal, el resto cuenta con permisos locales.
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Sin embargo, las poco más de 2 mil 300 empresas restantes de las que se tiene conocimiento operan sin registro ni personal certificado.
Se establecen los requisitos que deben cumplir los directores, administradores, gerentes, personal administrativo, el personal operativo, el personal con acceso a información confidencial, para poder laborar en una empresa dedicada a la seguridad privada, es decir, no deberán tener antecedentes penales y, en su caso, deberán informar los motivos de bajas de servicios anteriores.
Los prestadores del servicio estarán obligados a capacitar a su personal, y esa profesionalización y capacitación podrá llevarse a cabo en los centros de capacitación y profesionalización debidamente autorizados; para el caso del personal con acceso a información confidencial, deberá acreditar la capacitación en el uso y manejo de datos personales e información confidencial.
Además, deberán exhibir los planes y programas de profesionalización, capacitación y adiestramiento vigentes, acordes a las modalidades en que se prestará el servicio, así como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Del uso del armamento, para que el personal operativo sea elegible para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional la autorización para portar armas de fuego, el prestador de servicios deberá contar con una opinión del Servicio Nacional Regulador de Seguridad Privada.
La regulación y registro de los prestadores de servicios en el Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, será con el fin de prevenir la comisión de delitos; así como regular y registrar al personal operativo para evitar que personas que no cuenten con los requisitos establecidos en la ley y reglamento, presten servicios de seguridad privada.
El Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, deberá contar con los datos de los prestadores del servicio que cuenten con licencia particular colectiva expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional para el desarrollo de sus funciones, precisando el número de autorización única, modalidad del servicio y domicilio para la guarda y custodia del armamento.
Asesor de López Obrador insiste en auditar al NAIM
Jiménez Espriú asegura que los problemas más fuertes son la ilegalidad del plan financiero, pues la deuda pública se ha disfrazado de deuda privada y la construcción se ha hecho sobre un vaso regulador de agua.
Javier Jiménez Espriú, quien sería secretario de Comunicaciones y Transportes si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, afirmó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sería sometido a una auditoría financiera, ambiental y urbana.
Este jueves, en entrevista con Noticieros Televisa, el ingeniero Espriú cuestionó al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño sobre la existencia del informe de rentabilidad social del NAIM.
Patiño dijo que la viabilidad del aeropuerto no está en cuestión, no obstante, concordó con Espriú sobre la necesidad de auditar los contratos y las inversiones comprometidas.
“Qué bueno que van a hacer las auditorías. Eso nos da un blindaje”, aseveró el director del GAIM, quien además dijo que la decisión de construir el aeropuerto en el Lago de Texcoco ocurrió después de veinte años y tras analizar posibles sitios de construcción como Tizayuca y Santa Lucía, Estado de México.
Jiménez Espriú insistió en el impacto negativo al ambiente que tendrá la construcción del aeropuerto en un sitio que funciona como vaso regulador de agua y adelantó que de continuar con la construcción del complejo aeroportuario, éste se inundará en tiempo de lluvias y huracanes.
“El plan financiero es ilegal: la deuda pública se ha disfrazado de deuda privada. El ‘talón de Aquiles’ es el control del agua porque se ha hecho sobre un vaso regulador. Hay una gran cantidad de problemas”, señaló Jiménez Espriú.
Por su parte, Patiño mencionó que el aumento del presupuesto para la edificación del NAIM responde a la fluctuación del tipo de cambio del peso con respecto al dólar.
Sin embargo, el integrante del equipo de López Obrador objetó que el plan del aeropuerto era de identidad nacional, por lo que se compraría a proveedores mexicanos y se les pagaría en pesos.
El NAIM "era de identidad nacional, con insumos nacionales y nos dicen que hay 40 mil trabajadores; 6 mil camiones que entran y salen, pero ha aumentado considerablemente el precio del aeropuerto ¿Se les paga en dólares?”
Javier Jiménez Espriú, quien sería secretario de Comunicaciones y Transportes si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, afirmó que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sería sometido a una auditoría financiera, ambiental y urbana.
Este jueves, en entrevista con Noticieros Televisa, el ingeniero Espriú cuestionó al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño sobre la existencia del informe de rentabilidad social del NAIM.
Patiño dijo que la viabilidad del aeropuerto no está en cuestión, no obstante, concordó con Espriú sobre la necesidad de auditar los contratos y las inversiones comprometidas.
“Qué bueno que van a hacer las auditorías. Eso nos da un blindaje”, aseveró el director del GAIM, quien además dijo que la decisión de construir el aeropuerto en el Lago de Texcoco ocurrió después de veinte años y tras analizar posibles sitios de construcción como Tizayuca y Santa Lucía, Estado de México.
Jiménez Espriú insistió en el impacto negativo al ambiente que tendrá la construcción del aeropuerto en un sitio que funciona como vaso regulador de agua y adelantó que de continuar con la construcción del complejo aeroportuario, éste se inundará en tiempo de lluvias y huracanes.
“El plan financiero es ilegal: la deuda pública se ha disfrazado de deuda privada. El ‘talón de Aquiles’ es el control del agua porque se ha hecho sobre un vaso regulador. Hay una gran cantidad de problemas”, señaló Jiménez Espriú.
Por su parte, Patiño mencionó que el aumento del presupuesto para la edificación del NAIM responde a la fluctuación del tipo de cambio del peso con respecto al dólar.
Sin embargo, el integrante del equipo de López Obrador objetó que el plan del aeropuerto era de identidad nacional, por lo que se compraría a proveedores mexicanos y se les pagaría en pesos.
El NAIM "era de identidad nacional, con insumos nacionales y nos dicen que hay 40 mil trabajadores; 6 mil camiones que entran y salen, pero ha aumentado considerablemente el precio del aeropuerto ¿Se les paga en dólares?”
Acusación por presunto lavado de dinero, asunto aclarado: Anaya
El aspirante dijo que al no existir un procedimiento en su contra por la venta de una nave industrial, el tema esta 'absolutamente aclarado'.
El candidato de la coalición 'Por México al Frente',Ricardo Anaya Cortés, dio por concluido cualquier asunto relacionado con las acusaciones en su contra por el supuesto lavado de dinero, a través de la venta de una nave industrial.
“Por cuánto a mí respecta, ese asunto está absolutamente aclarado. No existe un procedimiento en mi contra”, añadió, luego de lo publicado por el diario El Español, en torno a la existencia de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para su campaña.
Interrogado de manera directa sí existen recursos de procedencia ilícita en su contra, respondió: “por supuesto que no”.
Antes, Anaya Cortés se sumó a la condena colectiva por el asesinato de los tres jóvenes cineastas de Tonalá, Jalisco y expresó que en lugar de hablar de temas como la amnistía, como lo propone Andrés Manuel López Obrador, “debemos hablar de justicia”.
De la misma forma, solicitó al tabasqueño que cese las descalificaciones, que se serene y se tome un té de tila, pues consideró que el país reclama el fin de la violencia y evitar que ésta se siga desbordando.
En su tradicional conferencia matutina, consideró que no podemos, como sociedad, acostumbrarnos a esta aberración sino a contar con una auténtica política de seguridad que ponga en el centro de la estrategia a las personas y a las víctimas.
Planteó que durante su gobierno, de favorecerle el voto ciudadano el 1 de julio, dará un impulso decidido a la educación, al empleo, a la cultura, al deporte y, sobre todo, enfrentar el problema de la violencia con una nueva estrategia que implica, entre otros, desmantelar a las organizaciones criminales y no solo detener a los líderes.
Además, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país, pues de acuerdo con datos de la organización Causa en Común, prácticamente ninguna corporación cumple con los estándares establecidos en la norma correspondientes y, evitar que lleguen más armas al país.
“Sí veo que está muy enojado López Obrador, que no se logra recuperar del enojo del día del debate, que se acuerde que el que se enoja pierde, que se tranquilice, que recupere la serenidad, que se ponga a hacer campaña con tranquilidad, sin violencia verbal como ahora, de manera desesperada lo empieza a hacer”, expresó.
El candidato de la coalición 'Por México al Frente',Ricardo Anaya Cortés, dio por concluido cualquier asunto relacionado con las acusaciones en su contra por el supuesto lavado de dinero, a través de la venta de una nave industrial.
“Por cuánto a mí respecta, ese asunto está absolutamente aclarado. No existe un procedimiento en mi contra”, añadió, luego de lo publicado por el diario El Español, en torno a la existencia de una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para su campaña.
Interrogado de manera directa sí existen recursos de procedencia ilícita en su contra, respondió: “por supuesto que no”.
Antes, Anaya Cortés se sumó a la condena colectiva por el asesinato de los tres jóvenes cineastas de Tonalá, Jalisco y expresó que en lugar de hablar de temas como la amnistía, como lo propone Andrés Manuel López Obrador, “debemos hablar de justicia”.
De la misma forma, solicitó al tabasqueño que cese las descalificaciones, que se serene y se tome un té de tila, pues consideró que el país reclama el fin de la violencia y evitar que ésta se siga desbordando.
En su tradicional conferencia matutina, consideró que no podemos, como sociedad, acostumbrarnos a esta aberración sino a contar con una auténtica política de seguridad que ponga en el centro de la estrategia a las personas y a las víctimas.
Planteó que durante su gobierno, de favorecerle el voto ciudadano el 1 de julio, dará un impulso decidido a la educación, al empleo, a la cultura, al deporte y, sobre todo, enfrentar el problema de la violencia con una nueva estrategia que implica, entre otros, desmantelar a las organizaciones criminales y no solo detener a los líderes.
Además, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país, pues de acuerdo con datos de la organización Causa en Común, prácticamente ninguna corporación cumple con los estándares establecidos en la norma correspondientes y, evitar que lleguen más armas al país.
“Sí veo que está muy enojado López Obrador, que no se logra recuperar del enojo del día del debate, que se acuerde que el que se enoja pierde, que se tranquilice, que recupere la serenidad, que se ponga a hacer campaña con tranquilidad, sin violencia verbal como ahora, de manera desesperada lo empieza a hacer”, expresó.
Senado envía al Ejecutivo Ley de Comunicación Social
El documento quedó avalado con 60 votos a favor –del PRI, PVEM y algunos aliados-, 46 en contra del PAN, PT- Morena y PRD, así como una abstención.
El Senado de la República envió al Ejecutivo federal el proyecto de decreto de la nueva Ley de Comunicación Social, luego de cinco horas y media de debates y tras desechar 70 “reservas” de la oposición para intentar modificar la propuesta del PRI.
A la una y media de la madrugada de este jueves, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Ernesto Cordero Arroyo, informó a una escasa asistencia del pleno que la Ley General de Comunicación Social quedó aprobada en lo general y lo particular y la remitió al Ejecutivo para que sea promulgada de inmediato.
Entre aplausos, dijo: “con atentos saludos a la Suprema Corte”, y dio por cumplido el mandato de los ministros al Poder Legislativo de legislar esta necesaria ley antes del 30 de abril.
Cada reserva del PAN, PRD, Morena y de los senadores sin partido fue rechazada por la mayoría del PRI y el PVEM.
Por eso, luego de seis horas de discusión, a la una de la madrugada con 35 minutos el trámite legislativo y la polémica concluyeron.
La nueva ley otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de regular y administrar el gasto en publicidad gubernamental.
También se establece la obligación de elaborar y presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados, así como el establecimiento de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
El documento final quedó avalado con 60 votos a favor –del PRI, PVEM y algunos aliados, como el perredista Adolfo Romero Lainas-, 46 en contra, de senadores del PAN, PT-Morena y PRD y una abstención.
Los senadores del PRI y PVEM argumentaron que la nueva legislación regula la publicidad gubernamental al establecer reglas para fiscalizar el gasto en esa materia en los tres órdenes de gobierno y los entes públicos, “bajo el estricto apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez”.
El Senado de la República envió al Ejecutivo federal el proyecto de decreto de la nueva Ley de Comunicación Social, luego de cinco horas y media de debates y tras desechar 70 “reservas” de la oposición para intentar modificar la propuesta del PRI.
A la una y media de la madrugada de este jueves, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Ernesto Cordero Arroyo, informó a una escasa asistencia del pleno que la Ley General de Comunicación Social quedó aprobada en lo general y lo particular y la remitió al Ejecutivo para que sea promulgada de inmediato.
Entre aplausos, dijo: “con atentos saludos a la Suprema Corte”, y dio por cumplido el mandato de los ministros al Poder Legislativo de legislar esta necesaria ley antes del 30 de abril.
Cada reserva del PAN, PRD, Morena y de los senadores sin partido fue rechazada por la mayoría del PRI y el PVEM.
Por eso, luego de seis horas de discusión, a la una de la madrugada con 35 minutos el trámite legislativo y la polémica concluyeron.
La nueva ley otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de regular y administrar el gasto en publicidad gubernamental.
También se establece la obligación de elaborar y presentar programas anuales de comunicación e informes periódicos desglosados, así como el establecimiento de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
El documento final quedó avalado con 60 votos a favor –del PRI, PVEM y algunos aliados, como el perredista Adolfo Romero Lainas-, 46 en contra, de senadores del PAN, PT-Morena y PRD y una abstención.
Los senadores del PRI y PVEM argumentaron que la nueva legislación regula la publicidad gubernamental al establecer reglas para fiscalizar el gasto en esa materia en los tres órdenes de gobierno y los entes públicos, “bajo el estricto apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez”.
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