Por Armando Salinas Torre
La calidad de nuestra democracia está directamente relacionada con la calidad de nuestros políticos e indirectamente con todos nosotros.
Un ejemplo de lo expuesto podemos observarlo en el hecho de que tengamos un partido político que, a pesar de las sanciones que pudiera recibir, esté violando la ley para conseguir más votos; y que el gobierno y el partido en el gobierno establezcan una alianza con dicho partido para gobernar, lo cual implica una complicidad en dichos actos ilícitos y deslegitima el ejercicio de gobierno.
El PRI no ha denunciado ninguna de las acciones que han sido declaradas ilegales por el Tribunal Federal Electoral, que es el máximo órgano jurisdiccional que hemos diseñado y financiado los mexicanos para garantizar la legalidad del proceso electoral.
Toda vez que el PRI no tiene la mayoría en el Congreso de la Unión y, por tanto, necesita el voto de otros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para aprobar desde el Presupuesto de Egresos, hasta cualquier legislación necesaria para implementar las acciones de gobierno, la alianza de dicho partido con el PVEM en el Congreso de la Unión, y en otros ámbitos de gobierno, implica hacerse corresponsable de los métodos que emplea su aliado para hacerse de los votos que, finalmente, también beneficiarán al PRI y al gobierno, lo cual no necesariamente implica un beneficio directo para la población en general.
Los vales de medicina que se promocionan como una promesa de campaña cumplida no implican la reforma al sistema de salud, que le urge a millones de pacientes y sus familias, sino sólo una forma de mantener y promover el clientelismo y aprovecharse de la pobreza y la necesidad de las personas; igual sucede con los útiles o la mercancía que obsequian y que en los mensajes de promesas cumplidas en esta campaña electoral les cobran a sus beneficiarios.
La deshonestidad y el doble discurso van ligados al desprestigio de nuestra democracia y constituyen un insulto a los mexicanos. Por un lado, se difunde la austeridad en el presupuesto, y se preparan los recortes que se avecinan, en tanto que nadie se hace responsable del derroche de recursos y los actos deshonestos denunciados en los últimos años.
Es evidente que millones de servidores públicos, trabajadores asalariados o empresarios en nuestro país trabajan arduamente para ganarse en forma honesta el sueldo que les permitirá, con grandes esfuerzos también, sufragar los gastos indispensables de alimentación, transporte, vivienda, salud, vestimenta, entre otros, sin embargo, los políticos envían otro mensaje día a día, que la vía de la ilegalidad es más eficaz para sufragar gastos y obtener lo que se pretende.
Se hace campaña a través del clientelismo para paliar necesidades inmediatas, aun cuando ello sirva para obtener su voto y mantener las condiciones más graves y que afectan de fondo la calidad de nuestra democracia, tales como la inseguridad, deficiencias en materia de educación y salud.
Es evidente, por ejemplo, que en general la educación pública a nivel media superior y superior que reciben los alumnos no les permite a la mayoría resolver los problemas para lo cual se formaron; mucho menos para que la mayoría de los egresados puedan colocarse adecuadamente en el mercado de trabajo con base en su formación educativa. Por otro lado, son evidentes también las deplorables condiciones de los servicios de salud, en las que miles de doctores y enfermeros hacen grandes esfuerzos para atender una demanda que rebasa, por mucho, el número de pacientes, generando también en este sistema, a quienes en forma inhumana tratan a los pacientes que acuden para que se les brinde atención médica.
En tanto nuestros políticos no hagan conciencia de la pobreza (en términos generales del concepto) en la que vive la mayoría de nuestra población y pretendan continuar gozando de sus privilegios, tendremos unos pobres políticos en una democracia muy pobre, de la cual también somos indirectamente responsables.
*Abogado postulante
Twitter: @asalinastorre
Directorio
miércoles, 22 de abril de 2015
En estas elecciones votarán por primera vez 18 millones de jóvenes
La lista nominal está integrada en promedio por 82 millones de ciudadanos, de los cuales, 30 por ciento son jóvenes de 18 a 29 años de edad
PUEBLA.- Cerca de 18 millones de jóvenes en el país podrán votar por primera vez en las elecciones locales y federales del próximo 7 de junio, informó Héctor Castro Rivadeneyra, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Así lo dio a conocer durante la ponencia "Tu primer voto", dirigida a alumnos de diversos bachilleratos del estado de Puebla y de la preparatoria del Tec de Monterrey en Puebla, quienes por primera vez podrán emitir su voto en los comicios de junio.
Cerca de 18 millones de jóvenes cumplieron 18 años y cuentan ya con credencial para votar
Indicó que para esta elección, la lista nominal está integrada en promedio por 82 millones de ciudadanos, de los cuales, 30 por ciento son jóvenes de 18 a 29 años de edad, de ese porcentaje, cerca de 18 millones de jóvenes cumplieron 18 años y cuentan ya con credencial para votar.
A los jóvenes poblanos los llamó a participar en el proceso electoral, al mismo tiempo que les informó cuál es el trabajo que desempeña un diputado federal, ya que en este proceso electoral y donde en Puebla se renovarán las 16 diputaciones federales.
También, detalló sobre el sistema político y los partidos políticos que en esta elección podrán elegir los ciudadanos en Puebla, una opción entre 10 partidos políticos, así como dos candidatos independientes, uno en el distrito 16 en Tehuacán y otro en distrito 6 en la capital de Puebla.
Les explicó la importancia de contar con la credencial de elector "que no es únicamente para que los dejen entrar al antro, sino para elegir de manera directa, libre, secreta, personal e intransferible a quienes serán sus representantes en el Congreso de la Unión".
Abundó que dicha credencial tiene en una cara el nombre de la entidad federativa, dato del municipio, la localidad del elector, su sección electoral, domicilio, sexo y edad del ciudadano y el año de registro.
Añadió que en el reverso contiene la firma, huella, fotografía del elector, la clave del elector, CURP, la firma impresa del secretario ejecutivo, el año de emisión y su vigencia.
La conferencia se desarrolló en el marco del proyecto Reconstruyendo Ciudadanía, a cargo de la maestra Maribel Flores, catedrática del Departamento de Relaciones y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Puebla.
Así lo dio a conocer durante la ponencia "Tu primer voto", dirigida a alumnos de diversos bachilleratos del estado de Puebla y de la preparatoria del Tec de Monterrey en Puebla, quienes por primera vez podrán emitir su voto en los comicios de junio.
Cerca de 18 millones de jóvenes cumplieron 18 años y cuentan ya con credencial para votar
Indicó que para esta elección, la lista nominal está integrada en promedio por 82 millones de ciudadanos, de los cuales, 30 por ciento son jóvenes de 18 a 29 años de edad, de ese porcentaje, cerca de 18 millones de jóvenes cumplieron 18 años y cuentan ya con credencial para votar.
A los jóvenes poblanos los llamó a participar en el proceso electoral, al mismo tiempo que les informó cuál es el trabajo que desempeña un diputado federal, ya que en este proceso electoral y donde en Puebla se renovarán las 16 diputaciones federales.
También, detalló sobre el sistema político y los partidos políticos que en esta elección podrán elegir los ciudadanos en Puebla, una opción entre 10 partidos políticos, así como dos candidatos independientes, uno en el distrito 16 en Tehuacán y otro en distrito 6 en la capital de Puebla.
Les explicó la importancia de contar con la credencial de elector "que no es únicamente para que los dejen entrar al antro, sino para elegir de manera directa, libre, secreta, personal e intransferible a quienes serán sus representantes en el Congreso de la Unión".
Abundó que dicha credencial tiene en una cara el nombre de la entidad federativa, dato del municipio, la localidad del elector, su sección electoral, domicilio, sexo y edad del ciudadano y el año de registro.
Añadió que en el reverso contiene la firma, huella, fotografía del elector, la clave del elector, CURP, la firma impresa del secretario ejecutivo, el año de emisión y su vigencia.
La conferencia se desarrolló en el marco del proyecto Reconstruyendo Ciudadanía, a cargo de la maestra Maribel Flores, catedrática del Departamento de Relaciones y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey en Puebla.
Castigarán con severidad
Quien violente sellos de clausura en giros rojos y a policías que extravíen armas
• Además, el Ejecutivo estatal propondrá reformas para establecer medidas cautelares distintas a la prisión.
Toluca, México.- El gobernador del Estado de México presentó tres iniciativas de ley con las que se actualiza el marco jurídico para responder a la realidad social y promover un estado de Derecho, con las que se incrementan las penas a quienes quebranten los sellos impuestos por la autoridad en giros rojos; se aplican sanciones más severas a elementos de seguridad y procuración de justicia por la pérdida o afectación de bienes, equipo y armas de fuego, y se establecen medidas cautelares distintas a la prisión, con lo que se crea un Centro Estatal de Medidas Cautelares.
“En el Estado de México trabajamos para consolidar un estado de Derecho sólido, a través de la constante actualización de nuestro marco jurídico, a efecto de que responda a la realidad social”, afirmó.
Por ello, detalló el contenido de estas iniciativas que se enviaron al Congreso del Estado de México:
1.- Se reforma el primer párrafo del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Bis del Código Penal del Estado de México, que tiene por objeto establecer los supuestos del tipo penal, relativo al quebrantamiento de sellos impuestos por la autoridad, y aumentar la penalidad en contra de los responsables.
Está dirigida a los giros rojos, ya que del año 2013 a la fecha se han abierto 42 carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, por el daño a los sellos de clausura en estos establecimientos.
Actualmente la pena es de 2 a 5 años de prisión y de 30 a 300 días multa; con la reforma se impondría de 3 a 7 años de prisión y de 100 a 500 días multa al que quebrante los sellos o a quienes estando colocados, continúen con sus actividades; de esta forma se evita que los negocios sigan operando “por la puerta de atrás”.
2.- Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 207 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que plantea sanciones contra funcionarios de instituciones de seguridad, procuración de justicia o personal de instituciones privadas de seguridad, que extravíen por negligencia o dolosamente dañen, alteren, sustraigan o entreguen a un tercero, fuera de los casos de revisión o los previstos en las normas aplicable, los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones.
En todos los casos en que la conducta sea dolosa o reincidente, además de las penas señaladas, se impondrá la destitución, cese, baja o inhabilitación, para formar parte de una corporación de seguridad pública.
En este año, la PGJEM ha iniciado 10 carpetas de investigación por extravío o pérdida y 27 carpetas por robo, abarcando un total de 60 armas.
El Gobierno del Estado de México y los municipios, hacen una inversión muy grande para equipar a los cuerpos policiales y sus integrantes tienen la obligación de cuidar al extremo y mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne por motivo de sus funciones.
Con esta reforma se garantizará que así ocurra y, en su caso, si se llegara a detectar a algún elemento que negligentemente extravíe, sustraiga o altere su arma o equipo, será sujeto a una sanción penal más severa.
3.- Iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y la Suspensión Condicional del Proceso del Estado de México.
Responde a que actualmente se hace uso indiscriminado de la prisión preventiva, impactando negativamente al Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario, los cuales privilegian la presunción de la inocencia.
Ante ello, se hace necesaria la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión, que aseguren la presencia del imputado en el juicio, en la investigación, así como la protección de víctimas, ofendidos y testigos, además de garantizar la reparación del daño y la ejecución de sentencia.
Esta iniciativa se alinea al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, para establecer con claridad la forma en la que se ejecutarán y vigilarán las diversas medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso en la entidad.
De aprobarse, se plantea crear el Centro Estatal de Medidas Cautelares, como una unidad administrativa de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), con funciones como: recabar la información necesaria para que la autoridad judicial defina la medida cautelar idónea y proporcional aplicable a cada caso; implementar los mecanismos necesarios para vigilar que el sujeto cumpla con la medida que se le haya impuesto, y vigilar que las condiciones acordadas para la suspensión condicional para un proceso sean cumplidas.
Con esta iniciativa se vigilará que las personas que enfrenten un proceso en libertad no se sustraigan de la justicia, cometan algún delito y también se dará certidumbre a las víctimas, ya que los probables responsables estarán vigilados.
Por ejemplo:
A una persona que comete el delito de lesiones, sin poner en riesgo la vida de la víctima, el juez le decretaría vinculación al proceso, sin que sea enviado a prisión.
Con la reforma habría personal que verifique que el procesado observe las medidas cautelares, como puede ser el que no se acerque a la víctima.
Acompañado por la consejera Jurídica de la administración estatal, el secretario General de Gobierno, el procurador de Justicia en el estado y por el comisionado de seguridad, el gobernador aseguró que desde el principio de su administración, se fijó el objetivo de sentar y ampliar las bases de una sociedad protegida, ya que la prioridad es dar más tranquilidad a los mexiquenses, para que puedan desarrollar sus actividades en un clima de paz y tranquilidad.
• Además, el Ejecutivo estatal propondrá reformas para establecer medidas cautelares distintas a la prisión.
“En el Estado de México trabajamos para consolidar un estado de Derecho sólido, a través de la constante actualización de nuestro marco jurídico, a efecto de que responda a la realidad social”, afirmó.
Por ello, detalló el contenido de estas iniciativas que se enviaron al Congreso del Estado de México:
1.- Se reforma el primer párrafo del artículo 124 y se adiciona el artículo 124 Bis del Código Penal del Estado de México, que tiene por objeto establecer los supuestos del tipo penal, relativo al quebrantamiento de sellos impuestos por la autoridad, y aumentar la penalidad en contra de los responsables.
Está dirigida a los giros rojos, ya que del año 2013 a la fecha se han abierto 42 carpetas de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, por el daño a los sellos de clausura en estos establecimientos.
Actualmente la pena es de 2 a 5 años de prisión y de 30 a 300 días multa; con la reforma se impondría de 3 a 7 años de prisión y de 100 a 500 días multa al que quebrante los sellos o a quienes estando colocados, continúen con sus actividades; de esta forma se evita que los negocios sigan operando “por la puerta de atrás”.
2.- Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 207 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que plantea sanciones contra funcionarios de instituciones de seguridad, procuración de justicia o personal de instituciones privadas de seguridad, que extravíen por negligencia o dolosamente dañen, alteren, sustraigan o entreguen a un tercero, fuera de los casos de revisión o los previstos en las normas aplicable, los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones.
En todos los casos en que la conducta sea dolosa o reincidente, además de las penas señaladas, se impondrá la destitución, cese, baja o inhabilitación, para formar parte de una corporación de seguridad pública.
En este año, la PGJEM ha iniciado 10 carpetas de investigación por extravío o pérdida y 27 carpetas por robo, abarcando un total de 60 armas.
El Gobierno del Estado de México y los municipios, hacen una inversión muy grande para equipar a los cuerpos policiales y sus integrantes tienen la obligación de cuidar al extremo y mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne por motivo de sus funciones.
Con esta reforma se garantizará que así ocurra y, en su caso, si se llegara a detectar a algún elemento que negligentemente extravíe, sustraiga o altere su arma o equipo, será sujeto a una sanción penal más severa.
3.- Iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y la Suspensión Condicional del Proceso del Estado de México.
Responde a que actualmente se hace uso indiscriminado de la prisión preventiva, impactando negativamente al Sistema de Justicia Penal y al Sistema Penitenciario, los cuales privilegian la presunción de la inocencia.
Ante ello, se hace necesaria la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión, que aseguren la presencia del imputado en el juicio, en la investigación, así como la protección de víctimas, ofendidos y testigos, además de garantizar la reparación del daño y la ejecución de sentencia.
De aprobarse, se plantea crear el Centro Estatal de Medidas Cautelares, como una unidad administrativa de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), con funciones como: recabar la información necesaria para que la autoridad judicial defina la medida cautelar idónea y proporcional aplicable a cada caso; implementar los mecanismos necesarios para vigilar que el sujeto cumpla con la medida que se le haya impuesto, y vigilar que las condiciones acordadas para la suspensión condicional para un proceso sean cumplidas.
Con esta iniciativa se vigilará que las personas que enfrenten un proceso en libertad no se sustraigan de la justicia, cometan algún delito y también se dará certidumbre a las víctimas, ya que los probables responsables estarán vigilados.
Por ejemplo:
A una persona que comete el delito de lesiones, sin poner en riesgo la vida de la víctima, el juez le decretaría vinculación al proceso, sin que sea enviado a prisión.
Con la reforma habría personal que verifique que el procesado observe las medidas cautelares, como puede ser el que no se acerque a la víctima.
Acompañado por la consejera Jurídica de la administración estatal, el secretario General de Gobierno, el procurador de Justicia en el estado y por el comisionado de seguridad, el gobernador aseguró que desde el principio de su administración, se fijó el objetivo de sentar y ampliar las bases de una sociedad protegida, ya que la prioridad es dar más tranquilidad a los mexiquenses, para que puedan desarrollar sus actividades en un clima de paz y tranquilidad.
Congeladas 224 iniciativas en Legislatura mexiquense
Apenas una tercera parte de las 337 iniciativas de ley presentadas por los grupos parlamentarios en la actual Legislatura se han aprobado, mientras otras 224 siguen en espera de ser analizadas; la gran mayoría son de las tres principales bancadas: PRD, PAN y PRI.
De acuerdo con un listado de las propuestas que estaban pendientes hasta este periodo, el grupo parlamentario con los legisladores más activos, al ser los que más han presentado, en relación con el número de representantes populares que tienen, son los del PRD, con un promedio de 9.1 iniciativas, pues esa fracción ha planteado 109 y cuenta con 12 legisladores.
Le sigue el PAN, con 11 diputados, 95 propuestas hechas en este congreso y un promedio de 8.6 iniciativas por representante popular; en tercer lugar se encuentra la bancada de Movimiento Ciudadano, con apenas siete planteamientos, pero como su número de legisladores es de sólo dos, su promedio alcanza un 3.5 iniciativas por legislador.
En cuarto sitio está Nueva Alianza, pues con cinco representantes populares ha presentado 16 propuestas, un promedio del 3.2; en tanto que el Partido Verde y el Partido del Trabajo tiene un promedio de 3, pero mientras el PVEM con cuatro integrantes ha impulsado 12 iniciativas, el PT que apenas tiene dos ha propuesto seis.
Increíblemente el grupo parlamentario con el promedio más bajo de iniciativas por diputado de apenas 2.4 es el del PRI, pues tiene 39 legisladores y ha planteado 92 propuestas.
Según el cuadro elaborado en la legislatura mexiquense, la bancada a la que más iniciativas le han aprobado, después del Ejecutivo, es la del PRD, con 43 de las 109 que ha planteado; seguida del PAN, con 41 de 95 y el PRI, con 19 de 92 que ha presentado.
A Nueva Alianza el pleno de la Legislatura local le ha avalado siete de las 16 que ha propuesto; en tanto que a las bancadas del PVEM, Movimiento Ciudadano y PT sólo les han aprobado una a cada uno
De acuerdo con un listado de las propuestas que estaban pendientes hasta este periodo, el grupo parlamentario con los legisladores más activos, al ser los que más han presentado, en relación con el número de representantes populares que tienen, son los del PRD, con un promedio de 9.1 iniciativas, pues esa fracción ha planteado 109 y cuenta con 12 legisladores.
Le sigue el PAN, con 11 diputados, 95 propuestas hechas en este congreso y un promedio de 8.6 iniciativas por representante popular; en tercer lugar se encuentra la bancada de Movimiento Ciudadano, con apenas siete planteamientos, pero como su número de legisladores es de sólo dos, su promedio alcanza un 3.5 iniciativas por legislador.
En cuarto sitio está Nueva Alianza, pues con cinco representantes populares ha presentado 16 propuestas, un promedio del 3.2; en tanto que el Partido Verde y el Partido del Trabajo tiene un promedio de 3, pero mientras el PVEM con cuatro integrantes ha impulsado 12 iniciativas, el PT que apenas tiene dos ha propuesto seis.
Increíblemente el grupo parlamentario con el promedio más bajo de iniciativas por diputado de apenas 2.4 es el del PRI, pues tiene 39 legisladores y ha planteado 92 propuestas.
Según el cuadro elaborado en la legislatura mexiquense, la bancada a la que más iniciativas le han aprobado, después del Ejecutivo, es la del PRD, con 43 de las 109 que ha planteado; seguida del PAN, con 41 de 95 y el PRI, con 19 de 92 que ha presentado.
A Nueva Alianza el pleno de la Legislatura local le ha avalado siete de las 16 que ha propuesto; en tanto que a las bancadas del PVEM, Movimiento Ciudadano y PT sólo les han aprobado una a cada uno
Tultitlán sede del Torneo estatal de Ajedrez
*Jóvenes de 22 municipios del Estado de México participaron en este magno evento que forma parte de la Semana Interactiva Social.
El actual gobierno municipal de Tultitlán, recibió a más de 150 jóvenes que llegaron de 22 municipios del Estado de México a participar en el Torneo Estatal de Ajedrez de las Preceptorias Juveniles.
Por poco más de seis horas jóvenes del municipio de Coacalco, Tultepec, Huehuetoca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Atizapán, Ixtlahuaca, Chalco, Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Tejupilco, Valle de Bravo, Naucalpan, Ecatepec, Toluca, Amecameca, Teoloyucan, Tepotzotlán y Tultitlán compitieron para obtener uno de los primeros lugares de las categorias de principiante y avanzado.
Dicho evento se realizó en la plaza Miguel Hidalgo, localizada en la zona centro de este municipio, donde autoridades municipales y estatales, dieron la bienvenida a los y las jóvenes que formaron parte de este torneo que es una más de las actividades de la Semana Interactiva Social que organiza el gobierno del Estado de México.
El presidente de la Preceptoria Juvenil Regional de Reintegración Social de Tultitlán, dijo que estas acciones buscan alejar a los y las jóvenes del Estado de México de actos delictivos e invitó a la ciudadanía a formar parte de las preceptorias localizadas en sus municipios.
“Es prioridad para el gobierno del Estado y de los municipios estas acciones, porque buscamos rescatar a jóvenes de conductas antisociales y canalizarles en actividades recreativas, este es el primer evento que gracias al apoyo de las autoridades es posible su desarrollo, en el participan municipios que tienen preceptoria juvenil” puntualizó.
Entre las escuelas secundarias del municipio que participaron en este evento estuvieron: Juan Ignacio Ramírez, de la colonia Benito Juarez; General Mariano Escobedo, de Barrio Los Reyes; Escudo Nacional, que se encuentra en Barrio Belém y la secundaria Benito Juárez García, que se localiza en la colonia Izcalli del Valle.
Cabe destacar que la preceptoria del municipio de Tultitlán se localiza en calle Belisario Domínguez 14, Barrio Santiaguito y su servicio es gratuito de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Por poco más de seis horas jóvenes del municipio de Coacalco, Tultepec, Huehuetoca, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Texcoco, Atizapán, Ixtlahuaca, Chalco, Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Tejupilco, Valle de Bravo, Naucalpan, Ecatepec, Toluca, Amecameca, Teoloyucan, Tepotzotlán y Tultitlán compitieron para obtener uno de los primeros lugares de las categorias de principiante y avanzado.
Dicho evento se realizó en la plaza Miguel Hidalgo, localizada en la zona centro de este municipio, donde autoridades municipales y estatales, dieron la bienvenida a los y las jóvenes que formaron parte de este torneo que es una más de las actividades de la Semana Interactiva Social que organiza el gobierno del Estado de México.
“Es prioridad para el gobierno del Estado y de los municipios estas acciones, porque buscamos rescatar a jóvenes de conductas antisociales y canalizarles en actividades recreativas, este es el primer evento que gracias al apoyo de las autoridades es posible su desarrollo, en el participan municipios que tienen preceptoria juvenil” puntualizó.
Entre las escuelas secundarias del municipio que participaron en este evento estuvieron: Juan Ignacio Ramírez, de la colonia Benito Juarez; General Mariano Escobedo, de Barrio Los Reyes; Escudo Nacional, que se encuentra en Barrio Belém y la secundaria Benito Juárez García, que se localiza en la colonia Izcalli del Valle.
Roberto Ramírez, nuevo titular de Conagua
Roberto Ramírez de la Parra es el nuevo Director General de la Comisión Nacional del Agua en sustitución de David Korenfeld
México.- El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, tomó protesto al nuevo titular de Conagua.
Roberto Ramírez de la Parra es el nuevo Director General de la Comisión Nacional del Agua en sustitución de David Korenfeld, quien renunciara al cargo por haber utilizado un helicóptero de la dependencia para fines personales.
Roberto Ramírez de la Parra era subdirector general jurídico y estaba de manera provisional como encargado de despacho de la dirección general
El pasado 9 de abril, en un mensaje de cuatro minutos y medio, David Korenfeld Federman anunció su renuncia a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego de ser fotografiado por un vecino el pasado 29 de marzo utilizando un helicóptero oficial para fines personales en Huixquilucan, Estado de México.
Quien fuera titular de la Conagua reiteró sus disculpas públicas y dijo que como seres humanos siempre somos susceptibles a equivocarnos, pero que se debe tener la valentía de aceptarlo y asumir las consecuencias.
Roberto Ramírez de la Parra era subdirector general jurídico y estaba de manera provisional como encargado de despacho de la dirección general.
El nuevo titular de Conagua, Ramírez de la Parra es abogado por la escuela Libre de Derecho, con un master en Administración por la Universidad de Phoenix, colaboró en la coordinación jurídica de la Secretaría del Agua en el Estado de México, durante la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
Roberto Ramírez de la Parra es el nuevo Director General de la Comisión Nacional del Agua en sustitución de David Korenfeld, quien renunciara al cargo por haber utilizado un helicóptero de la dependencia para fines personales.
Roberto Ramírez de la Parra era subdirector general jurídico y estaba de manera provisional como encargado de despacho de la dirección general
El pasado 9 de abril, en un mensaje de cuatro minutos y medio, David Korenfeld Federman anunció su renuncia a la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), luego de ser fotografiado por un vecino el pasado 29 de marzo utilizando un helicóptero oficial para fines personales en Huixquilucan, Estado de México.
Quien fuera titular de la Conagua reiteró sus disculpas públicas y dijo que como seres humanos siempre somos susceptibles a equivocarnos, pero que se debe tener la valentía de aceptarlo y asumir las consecuencias.
Roberto Ramírez de la Parra era subdirector general jurídico y estaba de manera provisional como encargado de despacho de la dirección general.
El nuevo titular de Conagua, Ramírez de la Parra es abogado por la escuela Libre de Derecho, con un master en Administración por la Universidad de Phoenix, colaboró en la coordinación jurídica de la Secretaría del Agua en el Estado de México, durante la administración del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
Se duplican quejas por tortura; reporte oficial de 2013 a 2014
En los diez primeros meses del año pasado se documentó casi 60% de las querellas de los últimos nueve años
México.- Las denuncias por tortura se incrementaron a más del doble en 2014 respecto del año anterior en el país, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR) otorgada
En los últimos nueve años —2006 a 2014— se levantaron cuatro mil 55 quejas por el delito de tortura. De ellas, dos mil 403 se levantaron sólo en 2014, fecha que contempla el informe–. Es decir, casi 60 por ciento de las quejas por tortura de los últimos nueve años se interpusieron en 2014.
Además, el informe sólo contempla los diez primeros meses (enero a octubre) de dicho año.
En 2013 se levantaron mil 165 denuncias, de acuerdo con el documento en poder de Excélsior. En 2012 se registraron 287 denuncias; 109 en el año 2011. En 2010 sólo se presentaron 22; 20 en 2009 y 15 en 2008. El año en que menos se presentaron fue 2007, con 11, y 29 denuncias en 2006, primer año que se considera en la lista.
El reporte otorgado el 18 de marzo pasado también da cuenta de los “casos de tortura que se encuentran en investigación”, de los que se desprende que en el país hay mil 884 casos, de acuerdo con la estadística oficial de PGR.
Pesquisas
De esos mil 884 casos que se indagan en estos nueve años, mil 622 casos, es decir 86 por ciento de los sucesos que se contabilizan en el país, se reportan en los primeros diez meses de 2014 en las estadísticas oficiales. En 2013 se presentan 199, de 2012 son 40 expedientes, de 2011 suman 19; uno en 2010 y un par de casos en 2009; en 2008 no se reportan indagatorias, en 2007 hay sólo uno y en 2006 tampoco se presentan casos en que las autoridades investiguen algún situaciones de tortura.
La PGR también ofrece información acerca de cuántas sentencias en la materia se han suscitado de 2008 a 2012. No se ofrecen datos de los años 2006 y 2007. En el periodo contemplado, la PGR tiene registro de 263 sentencias condenatorias por este delito, en tanto que hay 51 sentencias absolutorias.
En el caso de las sentencias para los años 2013 y 2014, la PGR indica que la información aún está “no disponible” para ser publicada. La respuesta fue proporcionada por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.
En marzo, Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para casos de tortura dijo que en México la tortura era generalizada y la mayor parte de los casos estaban impunes a lo que el gobierno de México se mostró en desacuerdo y criticó que el informe del funcionario sólo pudo documentar 14 casos de abusos.
En los últimos nueve años —2006 a 2014— se levantaron cuatro mil 55 quejas por el delito de tortura. De ellas, dos mil 403 se levantaron sólo en 2014, fecha que contempla el informe–. Es decir, casi 60 por ciento de las quejas por tortura de los últimos nueve años se interpusieron en 2014.
Además, el informe sólo contempla los diez primeros meses (enero a octubre) de dicho año.
En 2013 se levantaron mil 165 denuncias, de acuerdo con el documento en poder de Excélsior. En 2012 se registraron 287 denuncias; 109 en el año 2011. En 2010 sólo se presentaron 22; 20 en 2009 y 15 en 2008. El año en que menos se presentaron fue 2007, con 11, y 29 denuncias en 2006, primer año que se considera en la lista.
El reporte otorgado el 18 de marzo pasado también da cuenta de los “casos de tortura que se encuentran en investigación”, de los que se desprende que en el país hay mil 884 casos, de acuerdo con la estadística oficial de PGR.
Pesquisas
De esos mil 884 casos que se indagan en estos nueve años, mil 622 casos, es decir 86 por ciento de los sucesos que se contabilizan en el país, se reportan en los primeros diez meses de 2014 en las estadísticas oficiales. En 2013 se presentan 199, de 2012 son 40 expedientes, de 2011 suman 19; uno en 2010 y un par de casos en 2009; en 2008 no se reportan indagatorias, en 2007 hay sólo uno y en 2006 tampoco se presentan casos en que las autoridades investiguen algún situaciones de tortura.
La PGR también ofrece información acerca de cuántas sentencias en la materia se han suscitado de 2008 a 2012. No se ofrecen datos de los años 2006 y 2007. En el periodo contemplado, la PGR tiene registro de 263 sentencias condenatorias por este delito, en tanto que hay 51 sentencias absolutorias.
En el caso de las sentencias para los años 2013 y 2014, la PGR indica que la información aún está “no disponible” para ser publicada. La respuesta fue proporcionada por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.
En marzo, Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para casos de tortura dijo que en México la tortura era generalizada y la mayor parte de los casos estaban impunes a lo que el gobierno de México se mostró en desacuerdo y criticó que el informe del funcionario sólo pudo documentar 14 casos de abusos.
Diputados avalan Sistema Integral de Justicia para adolescentes
Será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad
México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular, por 398 votos, la minuta del Senado que reforma la Constitución, a fin de que la federación y los estados establezcan un sistema integral de justicia para adolescentes.
En el dictamen se garantizan los derechos humanos que reconoce la Constitución Política para toda persona, así como aquellos derechos específicos que, por su condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidos a los adolescentes.
También establece que el sistema integral de justicia para los adolescentes será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.
El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
En su Artículo 73 refiere que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
En las consideraciones de la minuta se refiere que con estas reformas a la Constitución se da cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, relativos a menores, y, a la vez, se fija el marco jurídico interno.
En el dictamen se garantizan los derechos humanos que reconoce la Constitución Política para toda persona, así como aquellos derechos específicos que, por su condición de personas en desarrollo, les han sido reconocidos a los adolescentes.
También establece que el sistema integral de justicia para los adolescentes será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.
El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
En su Artículo 73 refiere que el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
En las consideraciones de la minuta se refiere que con estas reformas a la Constitución se da cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, relativos a menores, y, a la vez, se fija el marco jurídico interno.
Así entienden Peña y el INE a la democracia-liberal
Aquí la pregunta de fondo es si el gobierno, efectivamente, invitó y pagó los gastos de 200 invitados en su gira por el Reino Unido.
Por Leo Zuckermann
El PAN sacó un anuncio en radio y televisión que le disgustó a Peña. En el promocional se le pregunta a dos personas que van por la calle qué opinan que el Presidente haya llevado 200 invitados a su gira en Londres. La mujer entrevistada responde “¿200?” y su compañero añade “si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chin...”. A continuación se menciona la frase “Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero”. Aparece el logotipo del partido y una papeleta azul con la leyenda “que no malgasten tu dinero, claro que se puede, ¿a poco no?”.
Aquí la pregunta de fondo es si el gobierno, efectivamente, invitó y pagó los gastos de 200 invitados en su gira por el Reino Unido. Pero, en lugar de informárnoslo, el Presidente solicitó la censura del spot de radio y televisión. En un documento memorable, que sintetiza el pensamiento democrático-liberal de Peña, nos enteramos de las razones de solicitar la censura. Es el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE del 14 de abril de este año. Ahí se sintetizan los “motivos de inconformidad” de la Presidencia con respecto alspot:
1. Se pretende atribuir al Presidente un acto de corrupción.
2. Contienen expresiones que no se apegan a los principios del Estado democrático y no tienen veracidad.
3. Las frases, imágenes y propuestas violan la libertad de expresión. No se trata de críticas al ejercicio del cargo del Presidente “sino que su finalidad es, a partir de una propuesta electoral (Sistema Nacional Anticorrupción), descalificar y desacreditar al Ejecutivo federal, sin ofrecer prueba alguna”.
4. Lo dicho no tiene fundamento ni prueba alguna para imputarse al Presidente; por el contrario, se afirma que en un acto de corrupción, utilizó dinero de los impuestos para pagar el viaje de más de 200 personas a Londres.
5. Se utilizan “expresiones y hacen alusiones escritas, habladas y representadas gráficamente que resultan impertinentes, innecesarias y desproporcionadas para enfatizar el mensaje, la oferta política y la propuesta electoral de un sistema nacional anticorrupción, pues pretenden hacer llegar a la ciudadanía la idea de que el Presidente cometió actos de corrupción”.
6. Se imputan supuestas conductas que no han sido probadas mediante sentencia firme al Presidente.
7. El contenido constituye la afirmación de un hecho y no la emisión de una opinión efectuada por el PAN.
Lo que está a discusión, entonces, es si 200 o más personas fueron invitadas al viaje con cuenta al contribuyente y, de ser verdad, si esto constituye un acto de corrupción. Lo primero —el hecho— no lo sabemos porque nadie nos ha informado si llevaron esa cantidad de invitados a Londres con los gastos pagados. Lo segundo —que se trataría de un acto de corrupción— es una opinión. ¿Se justifica llevar esa cantidad de gente a un viaje con el Presidente? ¿Deben nuestros impuestos financiar un séquito de ese tamaño? ¿Existe normatividad al respecto? ¿Se violó alguna ley?
¿Está la situación económica del país y de las finanzas públicas para erogar esa cantidad de dinero?
Todas esas preguntas me parecen muy relevantes en una democracia-liberal. Pero, en lugar de debatirlas, el Presidente optó por la censura demostrando un talante autoritario. Y sus amigos consejeros del INE le cumplieron su deseo al censurar el spot. ¿Por qué?
Vale la pena leer el acuerdo de la Comisión de Quejas antes citado. Es largo, complicado y farragoso. Al final se ordena la censura porque, según los tres consejeros del INE, el PAN sí calumnia al Presidente con hechos o delitos falsos lo que ocasiona un perjuicio a su imagen, honra y reputación. Lo interesante es que la Comisión menciona que la conducta que los panistas atribuyen a Peñapuede “dar lugar a delitos tales como: el uso indebido de atribuciones y facultades y peculado”. Es cierto que ninguna autoridad ha investigado ni condenado al Presidente por eso. Pero explícitamente se reconoce que, sí hubo un exceso de invitados pagados con nuestros impuestos, podría haber delitos, lo cual nos regresa a la pregunta toral de este tema: ¿cuántos invitados fueron a Londres?
¿Lo sabremos algún día? No lo sé. Lo que sé es que el spot fue retirado del aire porque el Presidente y el INE prefieren la censura que el debate. Así entienden estos dos actores políticos a la democracia-liberal.
Por Leo Zuckermann
El PAN sacó un anuncio en radio y televisión que le disgustó a Peña. En el promocional se le pregunta a dos personas que van por la calle qué opinan que el Presidente haya llevado 200 invitados a su gira en Londres. La mujer entrevistada responde “¿200?” y su compañero añade “si es así como gastan nuestros impuestos, yo diría que es una chin...”. A continuación se menciona la frase “Acabemos con la corrupción. Con el Sistema Nacional Anticorrupción que impulsó el PAN, los políticos no volverán a darse la gran vida con tu dinero”. Aparece el logotipo del partido y una papeleta azul con la leyenda “que no malgasten tu dinero, claro que se puede, ¿a poco no?”.
Aquí la pregunta de fondo es si el gobierno, efectivamente, invitó y pagó los gastos de 200 invitados en su gira por el Reino Unido. Pero, en lugar de informárnoslo, el Presidente solicitó la censura del spot de radio y televisión. En un documento memorable, que sintetiza el pensamiento democrático-liberal de Peña, nos enteramos de las razones de solicitar la censura. Es el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE del 14 de abril de este año. Ahí se sintetizan los “motivos de inconformidad” de la Presidencia con respecto alspot:
1. Se pretende atribuir al Presidente un acto de corrupción.
2. Contienen expresiones que no se apegan a los principios del Estado democrático y no tienen veracidad.
3. Las frases, imágenes y propuestas violan la libertad de expresión. No se trata de críticas al ejercicio del cargo del Presidente “sino que su finalidad es, a partir de una propuesta electoral (Sistema Nacional Anticorrupción), descalificar y desacreditar al Ejecutivo federal, sin ofrecer prueba alguna”.
4. Lo dicho no tiene fundamento ni prueba alguna para imputarse al Presidente; por el contrario, se afirma que en un acto de corrupción, utilizó dinero de los impuestos para pagar el viaje de más de 200 personas a Londres.
5. Se utilizan “expresiones y hacen alusiones escritas, habladas y representadas gráficamente que resultan impertinentes, innecesarias y desproporcionadas para enfatizar el mensaje, la oferta política y la propuesta electoral de un sistema nacional anticorrupción, pues pretenden hacer llegar a la ciudadanía la idea de que el Presidente cometió actos de corrupción”.
6. Se imputan supuestas conductas que no han sido probadas mediante sentencia firme al Presidente.
7. El contenido constituye la afirmación de un hecho y no la emisión de una opinión efectuada por el PAN.
Lo que está a discusión, entonces, es si 200 o más personas fueron invitadas al viaje con cuenta al contribuyente y, de ser verdad, si esto constituye un acto de corrupción. Lo primero —el hecho— no lo sabemos porque nadie nos ha informado si llevaron esa cantidad de invitados a Londres con los gastos pagados. Lo segundo —que se trataría de un acto de corrupción— es una opinión. ¿Se justifica llevar esa cantidad de gente a un viaje con el Presidente? ¿Deben nuestros impuestos financiar un séquito de ese tamaño? ¿Existe normatividad al respecto? ¿Se violó alguna ley?
¿Está la situación económica del país y de las finanzas públicas para erogar esa cantidad de dinero?
Todas esas preguntas me parecen muy relevantes en una democracia-liberal. Pero, en lugar de debatirlas, el Presidente optó por la censura demostrando un talante autoritario. Y sus amigos consejeros del INE le cumplieron su deseo al censurar el spot. ¿Por qué?
Vale la pena leer el acuerdo de la Comisión de Quejas antes citado. Es largo, complicado y farragoso. Al final se ordena la censura porque, según los tres consejeros del INE, el PAN sí calumnia al Presidente con hechos o delitos falsos lo que ocasiona un perjuicio a su imagen, honra y reputación. Lo interesante es que la Comisión menciona que la conducta que los panistas atribuyen a Peñapuede “dar lugar a delitos tales como: el uso indebido de atribuciones y facultades y peculado”. Es cierto que ninguna autoridad ha investigado ni condenado al Presidente por eso. Pero explícitamente se reconoce que, sí hubo un exceso de invitados pagados con nuestros impuestos, podría haber delitos, lo cual nos regresa a la pregunta toral de este tema: ¿cuántos invitados fueron a Londres?
¿Lo sabremos algún día? No lo sé. Lo que sé es que el spot fue retirado del aire porque el Presidente y el INE prefieren la censura que el debate. Así entienden estos dos actores políticos a la democracia-liberal.
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