Reservan por dos años investigación militar de caso Tlatlaya

De 12 a 2 años pasó el periodo de reserva de la averiguación previa sobre la actuación de militares en Tlatlaya, Estado de México, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) redujo de 12 a dos años el periodo de reserva de la averiguación previa iniciada por la justicia militar en el caso Tlatlaya por delitos de orden castrense.

Después de casi tres horas de debate, cuatro de los siete comisionados votaron a favor del proyecto del comisionado Javier Acuña Llamas, cuya votación había sido pospuesta hace tres semanas por falta de elementos.

Un particular solicitó la versión pública de la averiguación que la Procuraduría General de Justicia Militar inició por los presuntos delitos militares cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, misma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por 12 años.
La Sedena argumentó que la investigación todavía no concluye y resaltó que la causa penal es exclusivamente por delitos del orden militar como “desobediencia” e “infracción de deberes” de conformidad con los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar.

Al llevar el caso ante el Inai, el particular argumentó que la información no podía reservarse puesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) clasificó los hechos como violaciones graves y el Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia indica que la información de esa naturaleza no pude reservarse.

En su proyecto Acuña Llamas consideró que el tiempo era excesivo, pero dio la razón a Sedena en cuanto a que la averiguación previa -radicada actualmente en el Juzgado Sexto Militar- es por delitos únicamente del orden castrense y el proceso sigue en curso.

El comisionado estimó que la difusión de esa información puede vulnerar la objetividad e imparcialidad de la autoridad encargada de resolver el juicio.

El proyecto fue avalado en lo general por Acuña Llamas, la presidenta del instituto, Ximena Puente de la Mora, Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Mientras que Areli Cano Guadiana, Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez votaron contra por considerar que al menos el Inai debía conocer de primera mano el expediente para saber si se podía reservar o no.

Por un periodismo serio y de investigación

“El que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla”, reza el dicho. Y seguramente esa es la explicación de porqué no tiene credibilidad el gobierno cuando da a conocer lo sucedido el 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán.
Tan sólo en este gobierno ya nos quemamos con Tlatlaya. Se le creyó al gobierno que el enfrentamiento ocurrido hace casi un año —el 30 de junio del 2014—, en esa localidad del Estado de México, entre el Ejército y delincuentes, y que dejó un saldo de 22 muertos, todos ellos malhechores, fue producto de un uso legítimo de la fuerza.
Después, una investigación de la revista norteamericana Esquire, en su edición latinoamericana, y otra de la Associated Press, revelaron que lo ocurrido realmente en Tlatlaya fue una ejecución, cuando los delincuentes se habían rendido frente al Ejército.
Los comunicados del Ejército y del gobierno federal quedaron expuestos por la gran mentira que contenían.
Así, ahora que el comisionado Nacional de Seguridad y el comisionado de la Policía Federal, Monte Alejandro Rubido y Enrique Galindo, respectivamente, aseguran que lo ocurrido en el rancho El Sol, en donde murieron 42 delincuentes y un policía federal, fue producto de un enfrentamiento, revive el grito de matanza y ejecución.
Los argumentos para señalar que, de nuevo, nos miente el gobierno no tienen desperdicio.
Como murieron 43 y sólo uno era policía, tuvo que ser matanza. Si hubieran muerto 11 delincuentes ¿ya no sería matanza? O, ¿a partir de cuántos muertos se califica que ocurre una masacre?
El debate es un reflejo de por qué estamos como estamos. Yo no sé si hubo o no una matanza, pero, para calificarla como tal, el ejercicio periodístico exige una investigación. Ir al lugar y hacer las entrevistas y el recuento necesario para responder qué pasó en Tanhuato. Tal y como lo hizo el periodista español Pablo Ferrí Tortola con lo ocurrido en Tlatlaya.
Es una pena que esa mentira quedara al descubierto, producto de investigaciones periodísticas hechas por extranjeros. Y sería una pena adicional que el recuento y la investigación de Tanhuato los tuviera que hacer, de nuevo, una publicación extranjera.
En México nos hace mucha falta este tipo de periodismo serio, dedicado y que aporte algo al país, más allá de un debate sobre si creerle o no creerle al gobierno por razones que son, más bien, sospechas, intuiciones o corazonadas.
Será hasta que logremos desarrollarlo, cuando a las autoridades les salga demasiado caro contar mentiras. Cuando eso suceda, ojalá que los debates en, y entre, los medios cobren también mayor altura.
Twitter: @anapordorica

Sigue investigación de fraude OHL: Manzur

Las investigaciones que deban hacerse respecto a las obras públicas en la entidad a cargo de las empresas OHL e Infraiber, seguramente se realizarán, afirmó José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, luego de la difusión de nuevos audios entre funcionarios de OHL, que advierten de otro posible fraude, esta vez con el Viaducto Elevado Bicentenario.
Del mismo modo, reconoció la existencia de espectaculares del gobierno del Estado de México con campañas institucionales, como la donación de sangre, los cuales fueron denunciados por partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), como publicidad engañosa para favorecer al PRI y PVEM.
Entrevistado en sus oficinas del Palacio de Gobierno sobre el tema de la empresa OHL, Manzur Quiroga dijo estar dispuesto a recibir a las empresas y escuchar sus puntos de vista, pero primero que presenten las denuncias y pruebas de malos manejos ante las autoridades competentes, advirtió.
"Hasta donde yo veo, es un problema entre dos empresas, una que se llama Infraiber y otra que se llama OHL. Tampoco podemos meternos en cosas que tengan que ver exclusivamente con dos empresas, creo que quien haya hecho las grabaciones las está haciendo de manera ilegal, entonces, quien sea, pues está faltando a la ley", aseveró.
Si no está involucrado un servidor público, como la vez pasada que se mencionó al entonces secretario de Comunicaciones, el gobierno del estado debe dejar que esas dos empresas resuelvan sus asuntos en tribunales, "yo escuché que la empresa Infraiber tiene demandada a OHL por algún incumplimiento, eso lo tienen ellos que dirimir en tribunales", consideró.
Sin embargo, reconoció que la investigación que ya sea realiza con el Circuito Exterior Mexiquense podría ampliarse a otras obras que realizan ambas empresas, aunque aclaró que ese es un tema que compete a la Secretaría de la Contraloría, pues la instrucción del gobernador fue clara y se centró en la obra mencionada en el primer audio.
"Sin embargo, seguramente si hay algún otro audio involucrando otra obra, desde mi punto de vista se debe investigar, para que la población del Estado de México esté tranquila que se actuó en el momento en que se dio a conocer", resaltó el funcionario y agregó todo lo que se deba investigar lo vamos a hacer, pero no en base a unas grabaciones de audio e invitó a ambas empresas a presentar las denuncias correspondientes.
Respecto a los espectaculares, manifestó no haber recibido aún notificación del IEEM y consideró la posibilidad que pudiera darse durante las próximas horas y precisó que será la Consejera Jurídica la que lo atenderá.
"Se trata de una campaña para donar sangre (...) Yo creo que no se está violando nada, también hubo algunos espectaculares que tenían la 'G' del logotipo del gobierno que decían que aquí son más caras las cosas que en Distrito Federal y creo que nosotros ni levantamos queja", acotó.
Agregó que si hay algún partido, algún instituto político o algún político que se sienta dañado o agredido por una campaña, desde mi punto de vista, institucional, pues que lo denuncie. Si la autoridad nos dice que lo quitemos, pues lo quitamos, nosotros vamos a cumplir lo que la ley nos diga", concluyó

PGJEM capacitó en Técnicas de Investigación a policías municipales de Ecatepec

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) clausuró el Curso Técnicas de Investigación dirigido a policías municipales de Ecatepec, con la finalidad de que mejoren sus conocimientos y técnicas para fortalecer su actuación en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El Procurador de Justicia estatal hizo entrega de constancias a los 60 elementos de Seguridad Ciudadana y Vial que participaron en el curso, en el marco de la colaboración que existe con el Municipio de Ecatepec, destacando que este taller les proporcionó las bases para que tomen la mejor decisión en el desempeño de sus funciones.

“A final de cuentas son ustedes los que en ese momento tienen que tomar la decisión de cómo hacer las cosas. Nosotros lo que hemos tratado de hacer, insisto, con este pequeño curso es tratar de darles las bases mínimas, lo básico, para que ustedes tomen la mejor decisión en ese momento”, recalcó el titular de la PGJEM.

Con la asistencia del presidente municipal ecatepequense, el Procurador se refirió además a la relevancia de trabajar de manera coordinada y en colaboración.

“Ustedes son los primeros que llegan a la escena del delito y tienen muchas cosas que hacer, no es nada más llegar y acordonar el lugar de los hechos, es preservar los indicios del delito, ya les habrán explicado aquí mis compañeros a ese respecto, digamos las diligencias básicas que se tienen que llevar a cabo”, aseveró.
Por su parte, el alcalde tomó la palabra para señalar que Ecatepec tiene la corporación más numerosa de la entidad, de ahí que su capacitación sea fundamental.

“Decirle al Señor Procurador, al Subprocurador, que nos sigan prestando esa coordinación que tenemos estrechamente. Sabemos que es una instrucción del Señor Gobernador pero lo hacen ustedes con todo el aprecio que tiene la Procuraduría al municipio de Ecatepec. A nombre de todos los servidores públicos y de los vecinos de Ecatepec le agradecemos, sé que este curso será benéfico para todos los habitantes del municipio”, aseveró el edil.

A su vez, el director general de Litigación de la PGJEM destacó la importancia del Curso Técnicas de Investigación pues con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio la intervención de la policía es fundamental para un debido proceso penal, además de que está por entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este curso tuvo una duración de cuatro horas y abordó cuatro módulos; el primero sobre Primer Respondiente, Detención y Flagrancia, el segundo versó sobre la Preservación del Lugar de los Hechos, el tercero se refirió a la Cadena de Custodia y el cuarto tocó el tema de los Derechos Humanos y Tortura.

Por lo pronto no se va secretario por caso OHL: Eruviel Ávila

Las investigaciones en torno a supuestos actos de corrupción de la empresa OHL continúan a través de auditorías internas y externas

El mandatario estatal refirió que los resultados los irá dando a conocer conforme avancen los estudios.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas negó que por lo pronto el secretario de Comunicaciones del estado, Apolinar Mena Vargas, no será separado de su cargo.
Las investigaciones en torno a supuestos actos de corrupción de la empresa OHL continúan a través de auditorías internas y externas.
El mandatario estatal refirió que los resultados los irá dando a conocer conforme avancen los estudios.

OHL México está siendo investigada por la CNBV

La CNBV abrió una investigación a OHL México después de que se dieran a conocer grabaciones en las que personal de la empresa discute sobre un posible fraude al elevar las tarifas de peaje en el Viaducto Bicentenario.

OHL México está siendo investigada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) después de darse a conocer grabaciones que muestran a ejecutivos de la compañía hablando sobre presuntas malas prácticas para elevar las tarifas de peaje en el Viaducto Bicentenario, según dijeron dos personas con conocimiento directo en el asunto.

Todas las concesionarias de OHL México serán examinadas como parte de la investigación realizada por la CNBV, dentro de la cual se planea hacer una visita especial a las oficinas de la compañía , dijo una de las fuentes consultadas, misma que solicitó no ser identificada, ya que estos detalles no son públicos.

La evaluación habrían comenzado la semana pasada, de acuerdo con otra fuente.

La conversación grabada fue posteada en Youtube en las recientes semanas. Las grabaciones, registradas con los nombres de las personas que hablan, con la fecha y hora de las llamadas, aparentemente muestran a los ejecutivos discutiendo sobre un posible fraude al aprobar alzas en las cuotas de peaje fundamentadas en costos de construcción que pudieran tomar años en materializarse.

La compañía, una unidad de la constructora española Obrascon Huarte Lain SA, dijo que las llamadas telefónicas de OHL México fueron ilegalmente grabadas y que los audios fueron editados maliciosamente. Aunque la firma ha negado cualquier mala conducta en su gestión, ha iniciado una investigación interna sobre el asunto.

“OHL aceptará cualquier investigación de la CNBV. Queremos colaborar plenamente ya que esto se está llevando en línea con los acuerdos tomados por el comité de auditoría de la empresa el pasado lunes”, explicó la empresa en un correo electrónico.

La oficina de prensa de la CNBV no ha respondido a un correo electrónico en el que se le solicitó un comentario al respecto. La CNBV se encarga de regular a las empresas que cotizan en bolsa para garantizar que cumplen las normas de intercambio.
SCT apoyaría auditoría a OHL México

Investigación Videgaray-Miranda desde legislatura mexiquense‏

Estado de México.- El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Legislatura mexiquense promoverá la creación de una Comisión Especial de Investigación de las propiedades de Luis Videgaray Caso y Luis Enrique Miranda Nava, en el afán de detectar y, en su defecto, sancionar, presuntas anomalías.

Octavio Martínez, subcoordinador de la bancada del sol azteca en el Congreso local, refirió que, por mandato del Consejo Estatal de su instituto político, se instruyó a los diputados locales para que promuevan la integración de esta Comisión Investigadora.

Lo anterior, en virtud del posible tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable en el que pudieron incurrir ambos funcionarios, mientras fungieron como secretario de Finanzas y secretario general de Gobierno respectivamente, durante la administración del ex gobernador Enrique Peña Nieto.

Tan sólo en los dos primeros años de la actual administración pública federal, destacó el legislador por Ecatepec, a Grupo HIGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, el empresario consentido de Peña Nieto y Videgaray Caso, se le han otorgado contratos por un monto de 22 mil millones de pesos en obras públicas.
Sin embargo, este fenómeno no sólo ocurre durante la administración federal de Enrique Peña, sino también ocurrió durante su gestión como gobernador del estado de México.

“Los inmuebles que se comercializan en el Club de Golf de Malinalco son del orden de 1.5 millones de dólares, no de 7.5 millones de pesos”, destacó Martínez Vargas.

Por eso, indicó, es necesario que se investigue a Luis Videgaray por el inmueble que tiene en esa zona, independientemente de que él asegure que no existe ninguna anomalía, y los demás inmuebles que pudieran ser de su propiedad, en virtud de que aparentemente no podría explicarse la compra con su salario como secretario de Estado.

Además, expuso, es necesario que la investigación se amplíe a Luis Miranda, a quien cuando fue secretario general de Gobierno del Estado de México “se le documentaron más de cien inmuebles, y se presumía que fungía como prestanombres del entonces gobernador Enrique Peña Nieto”.

La propuesta para mandatar la integración de esta Comisión Especial, fue esgrimida al seno del Consejo Estatal del PRD, y avalada por unanimidad de votos, por lo que se traduce en un mandato para el grupo parlamentario a nivel local.