Después de casi tres horas de debate, cuatro de los siete comisionados votaron a favor del proyecto del comisionado Javier Acuña Llamas, cuya votación había sido pospuesta hace tres semanas por falta de elementos.
Un particular solicitó la versión pública de la averiguación que la Procuraduría General de Justicia Militar inició por los presuntos delitos militares cometidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, misma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó por 12 años.
La Sedena argumentó que la investigación todavía no concluye y resaltó que la causa penal es exclusivamente por delitos del orden militar como “desobediencia” e “infracción de deberes” de conformidad con los artículos 301 y 382 del Código de Justicia Militar.
Al llevar el caso ante el Inai, el particular argumentó que la información no podía reservarse puesto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) clasificó los hechos como violaciones graves y el Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia indica que la información de esa naturaleza no pude reservarse.
En su proyecto Acuña Llamas consideró que el tiempo era excesivo, pero dio la razón a Sedena en cuanto a que la averiguación previa -radicada actualmente en el Juzgado Sexto Militar- es por delitos únicamente del orden castrense y el proceso sigue en curso.
El comisionado estimó que la difusión de esa información puede vulnerar la objetividad e imparcialidad de la autoridad encargada de resolver el juicio.
El proyecto fue avalado en lo general por Acuña Llamas, la presidenta del instituto, Ximena Puente de la Mora, Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Mientras que Areli Cano Guadiana, Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez votaron contra por considerar que al menos el Inai debía conocer de primera mano el expediente para saber si se podía reservar o no.
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