Por Pascal Beltrán del Río
El sacerdote Ramón Ortiz y Miera nació en 1814 en Santa Fe, provincia de Nuevo México, cuando ese territorio formaba parte de la Nueva España.
Tras la Independencia de México se marchó a Durango para estudiar teología bajo la tutela del obispo José Antonio Laureano de Zubiría.
En 1836 se hizo cargo de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en El Paso del Norte. Cuando estalló la guerra de 1846 entre México y Estados Unidos, el padre Ortiz organizó la resistencia contra los invasores. Fue capturado por las fuerzas del coronel estadunidense Alexander Doniphan y trasladado a la Ciudad de México como prisionero.
Ya en la capital y al terminar la guerra, Ortiz fue elegido diputado federal por Chihuahua y se opuso a la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, en 1848, que selló la pérdida de la mitad del territorio.
Ortiz emprendió entonces una de las labores más importantes de su vida: encargarse del traslado de centenares de familias que habían quedado en los territorios arrebatados por EU, de los cuales Nuevo México era el más poblado.
Originario de esa provincia, el sacerdote fue comisionado para facilitar la reubicación de las personas que habitaban Nuevo México desde antes del conflicto y que quisieran seguir siendo mexicanos. Dejó la Ciudad de México en septiembre de 1848 y viajó a la nueva frontera con una bolsa de 20 mil pesos para facilitar la repatriación.
El territorio de Chihuahua, en la margen derecha del río Bravo, fue identificado como el sitio más apropiado para ubicar a los trasladados.
Muchas de las 60 mil personas que habitaban Nuevo México y se habían rebelado contra la ocupación estadunidense deseaban reubicarse en México. Apenas había llegado a El Paso, el comisionado recibió de inmediato la solicitud de cuatro mil familias para ser trasladadas.
Así fue como nació Guadalupe, un poblado en la margen del río Bravo. Los terrenos para los recién llegados fueron cedidos por el estado luego de que el gobernador chihuahuense Ángel Trías enviara una iniciativa en ese sentido a la legislatura local.
Entre 1849 y 1850 las nuevas autoridades de Nuevo México intentaron disuadir a las personas que buscaban reubicarse en Chihuahua, advirtiéndoles que allá serían tratados como “bastardos”. Aun así, unas 600 familias llegaron a Guadalupe en abril de 1850.
Siglo y medio después, qué distinto pinta el futuro en ese municipio, cuya cabecera está a 60 kilómetros, río abajo, de Ciudad Juárez. El tesón que mostraron miles por instalarse en Guadalupe y seguir siendo mexicanos se ha convertido en un ansia por salir, por escapar de la violencia que hoy azota a esa población.
En 2010, los criminales que se disputan el control de Guadalupe asesinaron al alcalde Jesús Manuel Lara Rodríguez. Luego, en 2011, hicieron huir del poblado al sucesor de aquél, Tomás Archuleta Rodríguez. En 2012, fueron a la casa del director de seguridad pública del municipio, supuestamente, para vengarse de él por haber fotografiado unos cadáveres abandonados, y como no lo encontraron se llevaron a su esposa, a quien torturaron y asesinaron.
Antes, se había hecho cargo de la policía una mujer, Irma Érika Gándara Archuleta, quien llamó la atención a nivel nacional por su valentía. Ella fue secuestrada en diciembre de 2010. Casi un año más tarde sus restos fueron entregados a su familia.
En diciembre pasado aparecieron tres cadáveres en la carretera Juárez-Porvenir. Los asesinados eran tres jóvenes universitarios residentes de Guadalupe. Uno de ellos se llamaba Gabriel Gándara Archuleta, hermano deÉrika. Las familias de los muchachos tuvieron que huir del municipio.
Sería largo hacer la lista de horrores ocurridos en Guadalupe. El más reciente ocurrió anteayer, cuando mataron al único policía que quedaba en el poblado.Joaquín Hernández tenía menos de dos semanas en el puesto y fue el único que se mantuvo luego de la renuncia del resto de los miembros de la corporación.
Duele saber que la maldición hecha en Nuevo México a los ancestros de los guadalupenses se está cumpliendo.
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viernes, 10 de julio de 2015
La maldición de Guadalupe
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julio 10, 2015
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martes, 21 de abril de 2015
El voto de los pobres
Por Pascal Beltrán del Río
A menudo se afirma que los pobres en México son víctimas de la manipulación en épocas electorales.
Es decir, que su voto no se emite con libertad porque son presa de partidos políticos —se suele señalar en esos casos a aquellos que están en el poder— que con dinero o bienes materiales los obligan a apoyar a sus candidatos.
Pero, ¿es eso cierto?
Sin descartar que los partidos han buscado tradicionalmente manipular el voto de los pobres mediante la entrega de satisfactores, la revisión de las cifras electorales en las zonas más marginadas del país no permite establecer una relación causa-efecto entre los partidos que gobiernan un estado o un municipio y los resultados electorales.
Es más, las zonas de mayor pobreza han sido más propensas a la alternancia política que otras con niveles de desarrollo superiores.
También, como publicó ayer Excélsior, las regiones más pobres han incrementado su participación en los comicios a una tasa más alta.
De entrada, de los seis estados más pobres del país —Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz—, solamente este último no ha tenido una alternancia en la gubernatura en los últimos 15 años. Michoacán y Chiapas han tenido dos.
Otra cosa es que los gobiernos que han elegido los ciudadanos de esos estados no hayan conseguido sacarlos de la miseria, pero basta revisar los datos electorales para concluir que la pobreza —incluso la extrema pobreza— no está peleada con la alternancia.
Mixtla de Altamirano, Veracruz, es un municipio de la sierra de Zongolica. Desde hace años ha aparecido en la lista de los lugares más pobres de la República. En la última medición del Coneval aparece en el cuarto lugar nacional.
En Mixtla de Altamirano, 97% de los diez mil 387 habitantes que tenía en 2010 vivía en pobreza. De ellos, siete mil 453 vivían en pobreza extrema.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era de 2.7 años en 2010, frente al grado promedio de escolaridad de 7.7 en el estado de Veracruz.
Más de la mitad de los hogares tenía piso de tierra, 67.8% carecía de agua entubada y 86.6% no disponía de drenaje. Y uno de cada cuatro habitantes no tenía acceso a una alimentación suficiente.
Pese a esas malas condiciones de desarrollo, Mixtla de Altamirano ha sido, desde 2009, un lugar de toma y daca electoral y de alta participación.
En la elección de diputados federales de ese año, votaron cinco mil 687 ciudadanos, es decir, 70.3% de los registrados en la lista nominal.
Esa vez, el PAN se llevó la mayoría de los votos en el municipio. Ganó diez de las 11 casillas que se instalaron. Obtuvo dos mil 135 votos contra mil 507 del PRI y 61 del PRD.
En las elecciones municipales de 2010, el PRI, aliado con el Partido Verde ganó la alcaldía, con dos mil 508 votos contra mil 810 de Acción Nacional.
En las federales de 2012, el PRI volvió a ganar, gracias a su alianza con el Verde. Entre ambos, obtuvieron dos mil 15 votos, contra mil 909 del PAN. La alianza ganó ocho casillas y Acción Nacional cuatro. La participación fue de 76.35%.
Sin embargo, en las elecciones locales de 2013, el PAN ganó la presidencia municipal con tres mil 44 votos, por dos mil 104 del PRD y mil 965 del PRI.
Entre los municipios urbanos con mayor porcentaje de personas en la pobreza, Ecatepec, Estado de México, destaca a nivel nacional.
De acuerdo con el Coneval, 723 mil 559 personas eran pobres en 2010 (40.8% de la población del municipio) y 107 mil 23 vivían en extrema pobreza.
Aun así, Ecatepec ha sido un lugar fuertemente disputado por las tres principales fuerzas políticas del país, las cuales han ganado la alcaldía, y se han sucedido en el primero, segundo y tercer lugar de la votación en distintos comicios.
Ya sea en el área rural o en las ciudades, la pobreza no ha sido condicionante para votar por un partido o por otro, y no parece haber impactado en los resultados cuál de ellos esté en el poder a nivel municipal, estatal o nacional.
La explicación de por qué gana las elecciones un partido u otro resulta más compleja que la simple descalificación de los pobres como sujetos de la democracia.
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx
A menudo se afirma que los pobres en México son víctimas de la manipulación en épocas electorales.
Es decir, que su voto no se emite con libertad porque son presa de partidos políticos —se suele señalar en esos casos a aquellos que están en el poder— que con dinero o bienes materiales los obligan a apoyar a sus candidatos.
Pero, ¿es eso cierto?
Sin descartar que los partidos han buscado tradicionalmente manipular el voto de los pobres mediante la entrega de satisfactores, la revisión de las cifras electorales en las zonas más marginadas del país no permite establecer una relación causa-efecto entre los partidos que gobiernan un estado o un municipio y los resultados electorales.
Es más, las zonas de mayor pobreza han sido más propensas a la alternancia política que otras con niveles de desarrollo superiores.
También, como publicó ayer Excélsior, las regiones más pobres han incrementado su participación en los comicios a una tasa más alta.
De entrada, de los seis estados más pobres del país —Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz—, solamente este último no ha tenido una alternancia en la gubernatura en los últimos 15 años. Michoacán y Chiapas han tenido dos.
Otra cosa es que los gobiernos que han elegido los ciudadanos de esos estados no hayan conseguido sacarlos de la miseria, pero basta revisar los datos electorales para concluir que la pobreza —incluso la extrema pobreza— no está peleada con la alternancia.
Mixtla de Altamirano, Veracruz, es un municipio de la sierra de Zongolica. Desde hace años ha aparecido en la lista de los lugares más pobres de la República. En la última medición del Coneval aparece en el cuarto lugar nacional.
En Mixtla de Altamirano, 97% de los diez mil 387 habitantes que tenía en 2010 vivía en pobreza. De ellos, siete mil 453 vivían en pobreza extrema.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era de 2.7 años en 2010, frente al grado promedio de escolaridad de 7.7 en el estado de Veracruz.
Más de la mitad de los hogares tenía piso de tierra, 67.8% carecía de agua entubada y 86.6% no disponía de drenaje. Y uno de cada cuatro habitantes no tenía acceso a una alimentación suficiente.
Pese a esas malas condiciones de desarrollo, Mixtla de Altamirano ha sido, desde 2009, un lugar de toma y daca electoral y de alta participación.
En la elección de diputados federales de ese año, votaron cinco mil 687 ciudadanos, es decir, 70.3% de los registrados en la lista nominal.
Esa vez, el PAN se llevó la mayoría de los votos en el municipio. Ganó diez de las 11 casillas que se instalaron. Obtuvo dos mil 135 votos contra mil 507 del PRI y 61 del PRD.
En las elecciones municipales de 2010, el PRI, aliado con el Partido Verde ganó la alcaldía, con dos mil 508 votos contra mil 810 de Acción Nacional.
En las federales de 2012, el PRI volvió a ganar, gracias a su alianza con el Verde. Entre ambos, obtuvieron dos mil 15 votos, contra mil 909 del PAN. La alianza ganó ocho casillas y Acción Nacional cuatro. La participación fue de 76.35%.
Sin embargo, en las elecciones locales de 2013, el PAN ganó la presidencia municipal con tres mil 44 votos, por dos mil 104 del PRD y mil 965 del PRI.
Entre los municipios urbanos con mayor porcentaje de personas en la pobreza, Ecatepec, Estado de México, destaca a nivel nacional.
De acuerdo con el Coneval, 723 mil 559 personas eran pobres en 2010 (40.8% de la población del municipio) y 107 mil 23 vivían en extrema pobreza.
Aun así, Ecatepec ha sido un lugar fuertemente disputado por las tres principales fuerzas políticas del país, las cuales han ganado la alcaldía, y se han sucedido en el primero, segundo y tercer lugar de la votación en distintos comicios.
Ya sea en el área rural o en las ciudades, la pobreza no ha sido condicionante para votar por un partido o por otro, y no parece haber impactado en los resultados cuál de ellos esté en el poder a nivel municipal, estatal o nacional.
La explicación de por qué gana las elecciones un partido u otro resulta más compleja que la simple descalificación de los pobres como sujetos de la democracia.
pascal.beltrandelrio@gimm.com.mx
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lunes, 23 de septiembre de 2013
No culpes a la lluvia
Haber permitido, durante las últimas tres o cuatro décadas, la creación de colonias populares en lugares no aptos para vivir, ha causado problemas gravesPor Pascal Beltrán del Río
México.- Las inundaciones sacan a flote muchas cosas. Entre ellas, la corrupción y la falta de respeto a las leyes, que llegan a beneficiar principalmente a malos servidores públicos.
La cifra de muertos y las pérdidas materiales atribuidas a las lluvias recientes son una tragedia. De hecho, hace 16 años que no ocurría algo semejante en el país. Pero no culpemos a Ingrid y Manuel. Las causas están en otra parte.
Es bien sabido que las zonas costeras de México están en el frente de los peligros asociados con el cambio climático. La posibilidad de que en los próximos años el país conozca fenómenos climatológicos con vientos más fuertes y mayor caída de agua que en el pasado es muy alta.Aunque es verdad que México ha sido un jugador importante en el plano multilateral para combatir las políticas industriales que han acelerado el calentamiento global, prácticamente no hemos hecho nada a nivel local para mitigar el peligro que enfrentan millones de personas que habitan en lugares susceptibles de inundarse.
Sin duda no es un problema fácil de resolver. El cambio demográfico que ha experimentado el país desde hace medio siglo ha puesto una enorme presión sobre muchas ciudades para fraccionar y urbanizar terrenos que se dedicaban a la agricultura e incluso que están en áreas naturales protegidas.
En la década de los años 60, la población urbana empató en porcentaje a la rural. En 1970 la proporción de población rural fue de 41.3%; de 25.4% en el año 2000, y de 23.2% en 2010.
Aunque sería incorrecto afirmar que esto ha ocurrido en completo desorden, sí se puede decir que la aplicación de la ley en materia de asentamientos humanos siempre ha ido detrás de las prácticas y consideraciones políticas y de la corrupción.
De otro modo no puede explicarse que centros urbanos como Acapulco, Cancún, Veracruz y Matamoros —por citar sólo algunos— tengan tal cantidad de colonias irregulares donde, en conjunto, viven millones de personas sin seguridad jurídica alguna sobre sus viviendas e incluso en riesgo de perder sus patrimonios y hasta sus vidas.
Se agradece que el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, cuente con un mapa de la ciudad que marca las colonias en riesgo alto y moderado de sufrir inundaciones (se puede consultar en http://cancun.gob.mx/wp-content/uploads/2011/08/ZonasInundables2013.pdf), pero el reconocimiento de haber permitido asentamientos en zonas de manglar y otras es terrible. Y no hay otra explicación que no sea la ineficacia, la corrupción o la conveniencia electoral.
Se calcula que en Cancún hay unos 100 fraccionamientos, donde viven unas 300 mil personas, sin certeza jurídica alguna sobre las viviendas. Probablemente no todos estén en peligro inminente ante un fenómeno climatológico como el de la semana pasada (o quizá sí), pero este tipo de asentamientos impiden cualquier planeación. Por ejemplo, ¿cómo dotar de escuelas y clínicas de salud a colonias que legalmente no existen?
En el puerto de Veracruz hay entre 40 y 53 asentamientos irregulares. Muchos carecen (o carecían hasta hace poco) de luz, agua y drenaje, como la colonia Bahía Libre, en el norte de la ciudad. Conocido como “Casas Fantasma”, este asentamiento está en la lista de las colonias en riesgo por fenómenos meteorológicos, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil del municipio.
Pero hay otras colonias en esa situación, como las asentadas en la laguna de Tarimoya, en el poniente del puerto jarocho, lo cual no ha obstado para que el ayuntamiento las regularice.
Muchas colonias irregulares en todo el país se forman del mismo modo: se invaden los terrenos, una organización social adopta la causa de los invasores y presiona a las autoridades para que reconozca la existencia de la colonia y se le dote de servicios. Una de tantas cosas que se consiguen por presión.
Hoy mismo está ocurriendo eso en Veracruz, de acuerdo con la prensa local, en la zona de Médano del Perro, donde 130 familias demandan que se declare la existencia de la colonia “Angélica Rivera de Peña”.
Pero no sólo es la posibilidad de ser barridas por una tormenta lo que amenaza a muchos asentamientos en el puerto de Veracruz: algunos de ellos ya han invadido el derecho de vía de Pemex, por donde pasan ductos de hidrocarburos.
Luego nos sorprendemos cuando la ordeña o el mal estado de éstos provocan explosiones como la que dejó decenas de muertos en San Martín Texmelucan, Puebla, en diciembre de 2010.
En Matamoros, Tamaulipas —otro lugar del país que está en el atlas mundial de riesgo por el cambio climático—, se estima que 40% de las colonias de la ciudad son irregulares y que 30 mil familias no tienen seguridad jurídica sobre sus patrimonios.
El Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y la Urbanización reconoce 64 asentamientos irregulares. Entre ellos están las colonias Las Bermudas, Estrella, Nueva Jerusalén, 18 de Octubre, Esperanza y Reforma. Estas dos últimas han invadido el derecho de vía del ferrocarril, un peligro adicional.
El caso de Acapulco, que ya era sobradamente conocido, ha vuelto a salir a flote por la inundación que dejó el ciclón tropical Manuel en su paso por la costa de Guerrero.
Sin embargo, pasan los años y nadie se propone resolver los problemas de asentamientos irregulares en zonas de peligro.
Al contrario: las autoridades perpetúan la situación. Por ejemplo, en 2007 la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero, durante el gobierno anterior, exigía que la Federación utilizara recursos del Fondo Nacional de Desastres para reconstruir las colonias irregulares Alborada y Llano Largo, afectadas por la tormenta tropical Henriette.
En una nota periodística descubrí que sí se habían otorgado fondos del Fonden para la reconstrucción de muchas colonias irregulares en 2007-2008. No los 220 millones de pesos que exigía entonces el ayuntamiento local, pero sí 16 millones de pesos.
¿Y qué pasó? Pues que muchas de las colonias irregulares que se inundaron por Henriette en agosto de 2007 —con un saldo de seis personas muertas y 800 lesionadas— se volvieron a inundar en esta ocasión. ¿La solución es reconstruir zonas peligrosas para vivir, sólo con fines electorales, aunque se sepa que volverán a ser destruidas la próxima vez que pase un ciclón?
Evidentemente los asentamientos irregulares en Acapulco, Matamoros, Cancún y Veracruz son resultado de una política de vivienda insuficiente. Se requieren 650 mil viviendas nuevas al año y no ha habido la capacidad de ofrecerlas, y, peor aún, se han construido algunas que no sirven para las necesidades de sus moradores y terminan abandonadas.
Pero la mejor manera de no contar con una buena política de vivienda es seguir permitiendo que gente necesitada de una casa se asiente en un lugar donde es caro y complicado llevar servicios o donde, más grave aún, se pone en riesgo la integridad de sus habitantes. Le sale caro al erario y, al final, le sale caro a la gente.
Por mencionar un caso más, eso es exactamente lo que pasó en San Pedro Xalostoc, Estado de México, en mayo pasado, donde la explosión de una pipa de combustible provocó las muertes de 27 personas.
Y es que más allá de revisar las políticas de transporte de materiales peligrosos y el tema de los vehículos de doble remolque, hay una enorme irresponsabilidad de la autoridad en permitir que la gente se asiente a un lado de una autopista como la México-Pachuca, aunque una organización social marche mil veces para exigir que se autorice la colonia y se le dote de servicios.
Entonces, no culpemos a la lluvia de las más de cien muertes de estos días trágicos. Mejor reconozcamos que no podemos construir un país justo y funcional en ausencia del Estado de derecho, y que haber permitido, durante las últimas tres o cuatro décadas, la creación de colonias populares en lugares no aptos para vivir, ha causado problemas graves y seguramente los seguirá provocando mientras no revirtamos decisiones que obedecieron a la corrupción, a la ineficiencia o al cálculo político.
Por
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septiembre 23, 2013
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