No culpes a la lluvia

Haber permitido, durante las últimas tres o cuatro décadas, la creación de colonias populares en lugares no aptos para vivir, ha causado problemas graves

Por Pascal Beltrán del Río

México.- Las inundaciones sacan a flote muchas cosas. Entre ellas, la corrupción y la falta de respeto a las leyes, que llegan a beneficiar principalmente a malos servidores públicos.

La cifra de muertos y las pérdidas materiales atribuidas a las lluvias recientes son una tragedia. De hecho, hace 16 años que no ocurría algo semejante en el país. Pero no culpemos a Ingrid y Manuel. Las causas están en otra parte.

Es bien sabido que las zonas costeras de México están en el frente de los peligros asociados con el cambio climático. La posibilidad de que en los próximos años el país conozca fenómenos climatológicos con vientos más fuertes y mayor caída de agua que en el pasado es muy alta.

Aunque es verdad que México ha sido un jugador importante en el plano multilateral para combatir las políticas industriales que han acelerado el calentamiento global, prácticamente no hemos hecho nada a nivel local para mitigar el peligro que enfrentan millones de personas que habitan en lugares susceptibles de inundarse.

Sin duda no es un problema fácil de resolver. El cambio demográfico que ha experimentado el país desde hace medio siglo ha puesto una enorme presión sobre muchas ciudades para fraccionar y urbanizar terrenos que se dedicaban a la agricultura e incluso que están en áreas naturales protegidas.

En la década de los años 60, la población urbana empató en porcentaje a la rural. En 1970 la proporción de población rural fue de 41.3%; de 25.4% en el año 2000, y de 23.2% en 2010.

Aunque sería incorrecto afirmar que esto ha ocurrido en completo desorden, sí se puede decir que la aplicación de la ley en materia de asentamientos humanos siempre ha ido detrás de las prácticas y consideraciones políticas y de la corrupción.

De otro modo no puede explicarse que centros urbanos como Acapulco, Cancún, Veracruz y Matamoros —por citar sólo algunos— tengan tal cantidad de colonias irregulares donde, en conjunto, viven millones de personas sin seguridad jurídica alguna sobre sus viviendas e incluso en riesgo de perder sus patrimonios y hasta sus vidas.

Se agradece que el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, cuente con un mapa de la ciudad que marca las colonias en riesgo alto y moderado de sufrir inundaciones (se puede consultar en http://cancun.gob.mx/wp-content/uploads/2011/08/ZonasInundables2013.pdf), pero el reconocimiento de haber permitido asentamientos en zonas de manglar y otras es terrible. Y no hay otra explicación que no sea la ineficacia, la corrupción o la conveniencia electoral.

Se calcula que en Cancún hay unos 100 fraccionamientos, donde viven unas 300 mil personas, sin certeza jurídica alguna sobre las viviendas. Probablemente no todos estén en peligro inminente ante un fenómeno climatológico como el de la semana pasada (o quizá sí), pero este tipo de asentamientos impiden cualquier planeación. Por ejemplo, ¿cómo dotar de escuelas y clínicas de salud a colonias que legalmente no existen?

En el puerto de Veracruz hay entre 40 y 53 asentamientos irregulares. Muchos carecen (o carecían hasta hace poco) de luz, agua y drenaje, como la colonia Bahía Libre, en el norte de la ciudad. Conocido como “Casas Fantasma”, este asentamiento está en la lista de las colonias en riesgo por fenómenos meteorológicos, de acuerdo con la Dirección de Protección Civil del municipio.

Pero hay otras colonias en esa situación, como las asentadas en la laguna de Tarimoya, en el poniente del puerto jarocho, lo cual no ha obstado para que el ayuntamiento las regularice.

Muchas colonias irregulares en todo el país se forman del mismo modo: se invaden los terrenos, una organización social adopta la causa de los invasores y presiona a las autoridades para que reconozca la existencia de la colonia y se le dote de servicios. Una de tantas cosas que se consiguen por presión.

Hoy mismo está ocurriendo eso en Veracruz, de acuerdo con la prensa local, en la zona de Médano del Perro, donde 130 familias demandan que se declare la existencia de la colonia “Angélica Rivera de Peña”.

Pero no sólo es la posibilidad de ser barridas por una tormenta lo que amenaza a muchos asentamientos en el puerto de Veracruz: algunos de ellos ya han invadido el derecho de vía de Pemex, por donde pasan ductos de hidrocarburos.

Luego nos sorprendemos cuando la ordeña o el mal estado de éstos provocan explosiones como la que dejó decenas de muertos en San Martín Texmelucan, Puebla, en diciembre de 2010.

En Matamoros, Tamaulipas —otro lugar del país que está en el atlas mundial de riesgo por el cambio climático—, se estima que 40% de las colonias de la ciudad son irregulares y que 30 mil familias no tienen seguridad jurídica sobre sus patrimonios.

El Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y la Urbanización reconoce 64 asentamientos irregulares. Entre ellos están las colonias Las Bermudas, Estrella, Nueva Jerusalén, 18 de Octubre, Esperanza y Reforma. Estas dos últimas han invadido el derecho de vía del ferrocarril, un peligro adicional.

El caso de Acapulco, que ya era sobradamente conocido, ha vuelto a salir a flote por la inundación que dejó el ciclón tropical Manuel en su paso por la costa de Guerrero.

Sin embargo, pasan los años y nadie se propone resolver los problemas de asentamientos irregulares en zonas de peligro.

Al contrario: las autoridades perpetúan la situación. Por ejemplo, en 2007 la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero, durante el gobierno anterior, exigía que la Federación utilizara recursos del Fondo Nacional de Desastres para reconstruir las colonias irregulares Alborada y Llano Largo, afectadas por la tormenta tropical Henriette.

En una nota periodística descubrí que sí se habían otorgado fondos del Fonden para la reconstrucción de muchas colonias irregulares en 2007-2008. No los 220 millones de pesos que exigía entonces el ayuntamiento local, pero sí 16 millones de pesos.

¿Y qué pasó? Pues que muchas de las colonias irregulares que se inundaron por Henriette en agosto de 2007 —con un saldo de seis personas muertas y 800 lesionadas— se volvieron a inundar en esta ocasión. ¿La solución es reconstruir zonas peligrosas para vivir, sólo con fines electorales, aunque se sepa que volverán a ser destruidas la próxima vez que pase un ciclón?

Evidentemente los asentamientos irregulares en Acapulco, Matamoros, Cancún y Veracruz son resultado de una política de vivienda insuficiente. Se requieren 650 mil viviendas nuevas al año y no ha habido la capacidad de ofrecerlas, y, peor aún, se han construido algunas que no sirven para las necesidades de sus moradores y terminan abandonadas.

Pero la mejor manera de no contar con una buena política de vivienda es seguir permitiendo que gente necesitada de una casa se asiente en un lugar donde es caro y complicado llevar servicios o donde, más grave aún, se pone en riesgo la integridad de sus habitantes. Le sale caro al erario y, al final, le sale caro a la gente.

Por mencionar un caso más, eso es exactamente lo que pasó en San Pedro Xalostoc, Estado de México, en mayo pasado, donde la explosión de una pipa de combustible provocó las muertes de 27 personas.

Y es que más allá de revisar las políticas de transporte de materiales peligrosos y el tema de los vehículos de doble remolque, hay una enorme irresponsabilidad de la autoridad en permitir que la gente se asiente a un lado de una autopista como la México-Pachuca, aunque una organización social marche mil veces para exigir que se autorice la colonia y se le dote de servicios.

Entonces, no culpemos a la lluvia de las más de cien muertes de estos días trágicos. Mejor reconozcamos que no podemos construir un país justo y funcional en ausencia del Estado de derecho, y que haber permitido, durante las últimas tres o cuatro décadas, la creación de colonias populares en lugares no aptos para vivir, ha causado problemas graves y seguramente los seguirá provocando mientras no revirtamos decisiones que obedecieron a la corrupción, a la ineficiencia o al cálculo político.